Viernes 11 de noviembre de 2016
Una señal de alerta se encendió entre los miembros del Partido de la Social Democracia Brasilera (PSDB) e integrantes del gobierno en los últimos días. Crece el temor a que el juez del Supremo Tribunal de Justicia, Herman Benjamin, recomiende la impugnación de la fórmula Dilma-Temer, sin distinción entre presidente y vicepresidente. Benjamin es el miembro informante de los procesos en el Tribunal Superior Electoral (TSE) y se espera que su voto no tarde en ser divulgado.
Según los asesores de Michel Temer, una recomendación de esa naturaleza generaría incertidumbres en el mercado financiero.
Por su parte, los fiscales de la República que integran en Curitiba la operación judicial Lava Jato, que investiga los entramados de corrupción en Petrobras, afirmaron este jueves (9) una nueva ofensiva en el Congreso para “enterrar investigaciones” y amnistiar ejecutivos de empresas acusadas de corrupción. Según ellos, una propuesta que cambia la regla para acuerdos de indulgencia abre la brecha para liberar a empresarios del castigo penal.
Según el procurador regional de la República, Carlos Fernando dos Santos Lima, de la fuerza especial en Curitiba, “Significa que, si una constructora que tuvo ejecutivos condenados hace un acuerdo con el Ejecutivo, en los términos de ese proyecto, incluso presos y ya condenados, tendrán extinta su punibilidad, serán inmediatamente liberados por no tener más responsabilidad por cualquier crimen”.
Esta propuesta está en un proyecto sustitutivo en elaboración por el líder del gobierno en la Cámara, Andre Moura. La medida modifica la Ley Anticorrupción, vigente desde 2013, para incluir varias reglas de interés para las empresas investigadas en la Lava Jato. Algunas se asemejan a la medida provisoria 703, editada por la expresidenta Dilma Rousseff a fines de 2015 y que fue blanco de críticas por la fuerza especial de Curitiba.
Otra vez ¿rumbo al Mani Pulite a la brasilera?
Aun que el presidente golpista Michel Temer haya demostrado tener apuro para implementar fuertes ataques contra los trabajadores y demás sectores populares, el imperialismo muestra que las acciones del actual gobierno brasilero todavía son insuficientes.
Esta denuncia de los fiscales generales que son parte de la Operación Lava Jato contra el Congreso Nacional, muestra que el imperialismo también está dispuesto a avanzar contra los diputados y senadores. De un lado, los acuerdos que los miembros del congreso tienen con las empresas nacionales es una barrera para que el imperialismo gane terreno en el mercado brasilero y por otro, estos diputados y senadores también están vacilando para implementar las medidas impopulares.
Como ocurrió en Italia con el Mani Pulite, cada vez más la operación Lava Jato tiene la pretensión de cambiar los actuales políticos del orden por otros que puedan implementar las medidas impopulares que el imperialismo desea. Recordando que la operación Mani Pulite no combatió la corrupción en Italia, hasta porque puso al mafioso y ultra liberal Berlusconi en el gobierno.
Si por un lado tenemos que criticar la operación Lava Jato y el verdadero papel que cumple, por el otro hay que decir que estos senadores y duputados están al servicio de los grandes empresarios y corruptos. Son estos señores que están votando un innumerables ataques para que sean los trabajadores y otros sectores populares de la sociedad los que paguen por la crisis económica que se viven en Brasil.
Contra este escenario que está planteado, más que nunca es necesario que las centrales sindicales como la CUT y la CTB rompan con el pacto que tiene con Temer y pongan en pie un verdadero plan de lucha efectivo para construir desde las bases una huelga general en el país. Solo así se podrán parar los ataques de los gobiernos y combatir la impunidad de los políticos de los ricos.
