El congreso argentino lleva 2 días tratando una ley cuyo dictamen definitivo no conoce nadie. Se trata del dictamen de la llamada “Ley ómnibus”, el último de los paquetes de medidas antidemocráticas y antipueblo del gobierno de Javier Milei. Todos ellos son graves ataques a la clase trabajadora y los sectores populares en beneficio del poder económico.
Viernes 2 de febrero de 2024 00:00
Una cronología de medidas antidemocráticas y antipueblo de Javier Milei:
El primer paquete de medidas neoliberales, anunciado a 48 horas de asumir el nuevo gobierno, conocido como el “Plan Licuadora” o “Caputazo”, fue anunciado por Luis Caputo, el ministro de economía. Este plan incluyó una brutal devaluación del peso argentino, que perdió la mitad de su valor contra el dólar en 1 solo día; la liberación de precios de combustibles y alimentos; y enormes recortes del gasto público, que incluyen la reducción del aparato estatal, la suspensión de la movilidad jubilatoria, el fin de la obra pública y de las subvenciones al transporte y la energía.
Estas medidas neoliberales, como todas las que las sucedieron, se propusieron como las únicas posibles en un contexto en el que se asegura que “no hay plata” y se propone como objetivo llegar a déficit 0. Asistimos así así, de nuevo, al uso de la ya conocida doctrina de justificar el desmantelamiento del Estado de bienestar: la doctrina “No hay alternativa” o “TINA” (por sus siglas en inglés). Atribuida originalmente a Margaret Thatcher, esta estrategia ha sido aplicada en otros contextos, siempre con resultados desastrosos para las clases populares. Por supuesto, así como, en aquel entonces en el Reino Unido, el partido laborista ofrecía alternativas a las políticas de Thatcher, hoy en Argentina existen alternativas a las políticas de Milei. En lugar de sacarle a los sectores medios y bajos para favorecer a los ricos, podría quitarle a los que más tienen. Y más también, en lugar de establecer nuevos compromisos con el Fondo Monetario Internacional y darle injerencia en el destino del país, podría desconocer la deuda ilegal, ilegítima y odiosa. Pero no lo van a hacer, porque las medidas neoliberales favorecen a los sectores que representan. Mientras tanto, la apuesta retórica de gobierno y de los medios de comunicación hegemónicos consiste en persuadir a la gente de que ajustar a los sectores medios y bajos es lo único que se puede hacer.
En paralelo, el gobierno estableció un mecanismo de estatización de la deuda comercial de las empresas privadas. Esto incluye deudas de grandes empresas con sus casas matrices. Con lo cual, nuevamente, la decisión fue sacarle a los sectores medios y bajos para favorecer a los ricos.
Adicionalmente, el gobierno implementó un protocolo represivo, que fue considerado ilegal por Naciones Unidas. Se trata del protocolo presentado por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Bullrich fue candidata presidencial y quedó en tercer lugar, después de obtener el 23,85% de los votos. Durante los debates previos a las elecciones, el actual presidente Milei se refirió a ella como “montonera asesina”. A pesar de ello, al asumir como presidente la puso al frente de la cartera que nuclea las cinco fuerzas federales. Y ella, a días de asumir el nuevo gobierno, tan solo 48 hs. después del Plan Licuadora del Ministro Caputo, anunció un protocolo que busca impedir con represión la protesta social.
El “Protocolo Bullrich” establece pautas de actuación policial y estatal que atentan contra los derechos de protesta, de libertad de expresión y de libertad de reunión y asociación, reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, que en Argentina tienen jerarquía constitucional. Para empezar, establece que toda manifestación que corte o disminuya la circulación del tránsito es un delito y, en consecuencia, habilita la actuación de las fuerzas represivas para dispersar la protesta e identificar a sus participantes a fin de perseguirlos penalmente, especialmente a líderes sociales, políticos y sindicales. También restringe la participación de niñas, niños y adolescentes, mediante la sanción de los adultos a cargo.
Recientemente, tres relatores especiales de Naciones Unidas, Clément Nyaletsossi Voule (Libertad de reunión pacífica y de asociación), Irene Khan (Promoción y Protección del derecho a la libertad de opinión y expresión) y Mary Lawlor (Situación de los defensores de derechos humanos), reclamaron al gobierno argentino que revise el protocolo represivo de Patricia Bullrich porque no es compatible con los estándares internacionales de derechos humanos. Como señalan, “[e]l derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mínimo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo”. Los relatores examinaron cada artículo del protocolo a la luz de la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU (el órgano que vigila la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos) e instaron al gobierno argentino a que “no imponga restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica”.
El segundo paquete de medidas fue el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Con este decreto, a espaldas del Congreso, el gobierno modifica o deroga más de 360 leyes.
¿Por qué a espaldas del congreso? Porque Argentina tiene un sistema de gobierno republicano y las leyes son dictadas por el Congreso de la Nación. El presidente no tiene esta potestad a menos que existan “circunstancias excepcionales [que] hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.” Los decretos de necesidad y urgencia son herramientas legislativas que otorgan al Poder Ejecutivo la capacidad de legislar en situaciones extraordinarias y sobre áreas específicas, pero tales condiciones no estaban dadas. Como señalaron distintos constitucionalistas argentinos, incluyendo al presidente de la Corte Suprema, no había en Argentina condiciones de necesidad y urgencia que ameritaran un decreto de estas características. Además, el DNU avanzó sobre competencias que tiene expresamente vedadas.
Aunque Milei hizo campaña prometiendo ajustar a la casta, el DNU es—en palabras de Myriam Bregman, diputada por el Frente de Izquierda— “un plan de guerra contra el pueblo trabajador”. Las grandes beneficiarias de sus medidas son las grandes compañías que operan en el país. De hecho, el texto del decreto parece escrito por sus estudios de abogados.
El contenido de sus medidas, además, es inconstitucional porque viola derechos constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.
Entre las medidas del DNU, se destacan las siguientes
- Trabajo: Aumenta de 3 a 8 meses el período de prueba de los trabajadores, disminuye la indemnización (y abre la posibilidad de que sea reemplazada por seguros de desempleo), elimina penalidades por contratar trabajadores sin registrar y legaliza jornadas laborales de hasta 12 horas, entre otras cosas. Esta profundización del deterioro de las condiciones de la clase trabajadora genera enormes ventajas para los empresarios a expensas de los trabajadores.
- Comercio: Deroga la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas. La Ley de Abastecimiento es la que faculta al Estado nacional para regular los precios estableciendo, por ejemplo, precios máximos o sanciones a las empresas que establezcan aumentos de manera injustificada. La Ley de Góndolas, por su parte, controla que los comercios minoristas ofrezcan una variedad de marcas de los distintos productos que exhiben.
- Empresas públicas: Deroga las leyes que impiden la privatización de empresas del Estado. Busca que sean transformadas en sociedades anónimas para que luego sean privatizadas.
El tercer paquete de medidas se conoce como “Ley Ómnibus”, porque regula muchos temas que deberían ser parte de leyes distintas. El presidente Milei lo envió al Congreso el 27 de diciembre, después de anunciar el despido de más de 7000 trabajadores del Estado que tenían contrataciones precarias. Es el proyecto que se está debatiendo ahora. En su versión original, afectaba todos estos temas
- Protesta social: Obliga pedir autorización si se reúnen más de tres personas en el espacio público. Establece penas de 1 a 3 años y medio por manifestarse y de hasta 5 por organizar una protesta.
- Medio ambiente: Modifica la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares. La Ley de Bosques prohíbe autorizar desmontes en el 80% de los bosques del país y exige hacer estudios de impacto ambiental y audiencias públicas allí donde sí es posible el desmonte. La modificación hace que los gobiernos provinciales puedan autorizar el desmonte adonde hoy está prohibido y, además, desfinancia la ley, afectando los controles al desmonte ilegal y los incendios forestales. La Ley de Glaciares busca preservar los glaciares como reservas estratégicas de agua. La modificación elimina la protección que prohíbe la actividad minera y petrolera en las zonas periglaciares.
- Impuestos: El proyecto de Ley enviado al Congreso aumenta los niveles de facturación de las categorías del Monotributo y de las cuotas mensuales a pagar. La actualización implica una suba en las cuotas de 110,9% y afecta a los sectores más precarizados. Los monotributistas son trabajadores que hacen su tarea de forma independiente o mediante contratos con el sector público o privado. Hay un mito de que son emprendedores, pero en general son víctimas del fraude laboral. La patronal los fuerza a integrarse al régimen de monotributo para encubrir la relación laboral de dependencia (y no reconocerles los derechos de licencia, indemnización, etcétera). Al mismo tiempo, el proyecto reduce el impuesto patrimonial a los bienes personales. De este modo, se reduce un impuesto progresivo, el único que recae sobre la riqueza.
- Jubilaciones: Suspende la fórmula de movilidad jubilatoria y faculta al ejecutivo para establecer una nueva que permita hacer reajustes periódicos y automáticos. No se especifica qué fórmula será, pero se anticipa que se bajará la participación de las jubilaciones en el gasto público.
- Protesta social: Se incorporan nuevos límites a la protesta. Esto se hace introduciendo modificaciones en el Código Penal de la Nación para castigar a quienes protesten con una pena de 1 a 3 años y 6 meses. Las penas son más altas para “quienes dirijan, organicen o coordinen” la protesta.
- Violencia policial: Modifica el código penal eliminando las penas a quienes usen armas "en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. En la actualidad solo se permite a las fuerzas de seguridad usar armas “cuando su vida o la vida de otras personas estén en riesgo”. De este modo, la ley legitima el “gatillo fácil”, una forma clasista de represión estatal selectiva. Afecta de manera desproporcionada a los jóvenes varones pobres, que son perseguidos y asesinados por la policía.
- Empresas públicas: Se declara “sujetas a privatización” a todas las empresas del sector público. Son 41 compañías estatales, que incluyen la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, la agencia de noticias Télam, la empresa de agua AYSA y Ferrocarriles Argentinos.
- Cultura: Disuelve el Instituto Nacional del Teatro, elimina el Fondo Nacional de las Artes. Desfinancia el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Deroga la Ley de Defensa de la Actividad Librera, desregulando la actividad librera y amenazando la supervivencia del sector.
- Blanqueo de capitales: Establece un régimen de blanqueo de capitales que permite blanquear sin pagar impuestos de hasta US$100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas. Esta es una nueva ventaja para los más ricos, que pueden blanquear capitales que estén dentro o fuera del país.
- Tropas extranjeras: Se faculta al poder ejecutivo para autorizar el ingreso de tropas extranjeras al país “para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado”.
- Facultades extraordinarias: Pide declarar la “emergencia pública” a los fines de obtener facultades legislativas “en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. Este período “podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de DOS (2) años”, con lo cual, si se aprobara, Milei tendría durante todo su gobierno el poder de decidir sobre todos estos temas, algo que hoy solo puede hacer el Congreso.
Desde que el presidente Milei envió el proyecto de Ley ómnibus hasta ahora, el articulado ha cambiado mucho. Las negociaciones tuvieron lugar tanto dentro como fuera del Congreso. En ellas intervinieron empresarios, para introducir modificaciones redituables para sus empresas y también el presidente, que amenazó a los gobernadores provinciales con cortar los flujos presupuestarios si sus legisladores no votan a favor.
El tratamiento de la Ley Ómnibus ha sido y es tan desprolijo e irregular, que la semana pasada la bancada del Frende de Izquierda presentó un pedido de nulidad por la “enorme cantidad de vicios de procedimiento” que “nulifican de manera insalvable, intrínsecamente, el tratamiento bochornoso e ilegítimo que se [le] pretende dar a este proyecto de ley”.
Son muchos los vicios que hacen de este proyecto un “mamarracho legislativo”. Se destaca que el proyecto no se incluyó en el llamado original a Sesiones Extraordinarias realizado por el Presidente y que, habiendo ingresado de todos modos, fue girado solo a comisiones elegidas arbitrariamente cuando, conforme con el Reglamento Interno del Congreso, correspondía girarlo al menos a 31 comisiones. Esto se debe a que el proyecto se refiere a áreas específicas y, por lo tanto, hay comisiones específicas que deberían haberlo recibido.
La irregularidad más notable se refiere al “dictamen fantasma”. El 24 de enero, después de largos debates, el oficialismo anunció haber logrado un dictamen favorable al proyecto de Ley Ómnibus. Sin embargo, trascendió que el dictamen con las firmas era una hoja en blanco, porque, en rigor, las negociaciones nunca terminaron. De hecho, todavía hoy, mientras se debate la ley en el Congreso, se desconoce el dictamen definitivo.
Otro aspecto crítico que señala el pedido de impugnación del Frente de Izquierda se refiere a la denuncia pública de legisladores de distintos bloques sobre la existencia de amenazas y reuniones extraparlamentarias para continuar modificando ese dictamen que supuestamente ya había sido aprobado.
Ajuste, represión y resistencia
Todos los paquetes de medidas de Milei favorecen a los sectores más acomodados de la economía en detrimento del pueblo trabajador. Por eso, desde diciembre de 2023, no han dejado de sucederse distintas reacciones populares en todo el país en repudio al gobierno de Milei.
A pesar de ello, Patricia Bullrich puso en práctica el protocolo. Los dos últimos días, la violencia ha ido en ascenso. Durante el primer día del tratamiento Parlamentario de la Ley Ómnibus, la Prefectura, la Gendarmería y la Policía Federal enfrentaron con violencia a los manifestantes y emplearon un nuevo químico que produce lesiones inmediatas en contacto con el cuerpo. Entre los alcanzados por el químico se cuenta el diputado del PTS-Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, que junto a sus compañeros de bloque bajaron del recinto hacia la calle para poner un freno a la violencia desatada.
El segundo día la violencia se recrudeció. La cacería de las fuerzas represivas no se privó del nuevo químico, golpes —incluso a periodistas, fotógrafos y jubilados—-, balas de goma y detenciones. Nuevamente, la izquierda reaccionó ante la represión y demandó suspender la sesión, pero no se hizo lugar a su pedido. El oficialismo y los diputados colaboracionistas quisieron seguir sesionando como si nada pasara.
