Mendoza. Brutal intento de detención policial de un menor

Desde La Izquierda Diario, pudimos registrar la detención de un menor que, en este caso, culmina con su liberación por la intervención de una multitud de personas molestas con el hecho. No todos los jóvenes corren la misma suerte, aunque no descartamos la posibilidad de que este haya sido detenido luego.

"A mí me agarran cada dos por tres por averiguación de antecedentes. Una semana me llevaron todos los días"

Los policías se negaron a identificarse y dijeron que se lo llevaban para "guarda", una figura legal inexistente. Este accionar de la policía de Mendoza es habitual. El mismo día en Tupungato, un centenar de jóvenes realizaban una marcha por el centro de esa localidad del Valle de Uco diciéndole basta al abuso policial. Todas las víctimas narraron lo mismo, temor de acercarse al centro de la ciudad, miedo de andar solos, la vergüenza que les hacen pasar y denuncian golpizas. Decía un joven al diario Los Andes "A mí me agarran cada dos por tres por averiguación de antecedentes. Una semana me llevaron todos los días".

Al respecto consultamos a un especialista, el juez de menores Ramón Pérez Pesce y nos decía que "la casi totalidad de las detenciones se producen en el radio céntrico de la ciudad, a la vez que la casi totalidad de los aprehendidos son personas provenientes de barrios periféricos urbano o semiurbano marginal, lo que evidencia una clara política discriminatoria, al tratar de mantener a estas personas alejadas del centro de la ciudad, creando una suerte de guetos urbanos. Esta política resulta también evidenciada claramente al completar el motivo de la detención, consignando “no justifica su presencia en el lugar”.

"esto demuestra con absoluta claridad la plena vigencia de la teoría del etiquetamiento, la selectividad del sistema penal y de las agencias policiales y el alto nivel de discriminación llevado adelante por los poderes de Estado"

Como dijimos, este accionar policial es similar en todo el territorio provincial, en San Rafael por ejemplo, el mismo juez señala que "luego de analizar las actas de aprehensión remitidas por Comisaría 32º, solamente en esa repartición -hay 54 comisarías en toda la provincia y otras tantas subcomisarias-, durante los meses de Agosto y Setiembre de 2012, se determinó que se aprehendieron, respectivamente, 340 y 348 personas, de las cuales 148 son empleados, 51 son desocupados, 74 son changarines, 119 son estudiantes, 132 resultaron albañiles y 21 vendedores ambulantes, 25 son pintores, siendo el restos panaderos, plomeros, artesanos, electricistas, poceros, soldadores, cortadores de leña, mozos, cadetes de mandados, agricultores, jornaleros, empleadas domésticas, mecánicos, músicos, locutor, a excepción de dos personas en la que se consignó ‘empresario’ y ‘profesora’". Agregando luego que "esto demuestra con absoluta claridad la plena vigencia de la teoría del etiquetamiento, la selectividad del sistema penal y de las agencias policiales y el alto nivel de discriminación llevado adelante por los poderes de Estado. No hay entre los detenidos ningún profesional, ni un solo abogado, dentista, kinesiólogo, arquitecto, ingeniero, ni que decir algún juez, diputada o senador."

Por su parte, la APDH denuncia que existen " actos de prepotencia y arbitrariedad de miembros de las fuerzas policiales de Mendoza que se constatan en aprensiones de habitantes caracterizadas por su forma de vestir, por su color de piel, por sus tatuajes, por la bicicleta en que se desplazaban, etc. Se verifica así una selectividad del sistema penal y de las agencias policiales como así también el alto nivel de discriminación llevado adelante por la policía provincial"

Algunos meses después Pérez Pesce solicitó a la misma Comisaría 32° el informe de las detenciones realizadas durante el mes de febrero de 2013. Al analizar los datos recibidos comprobó que en esos 28 días se detuvieron 724 personas. Lo que se llama un verano movidito para los policías de la 32° , que no solo no cesaron en los apremios ilegales sino que redoblaron la apuesta. En cuanto la composición social de las detenciones, pudo ver que el patrón se mantenía, todos eran trabajadores provenientes de los barrios periféricos de San Rafael.

"este tipo de detenciones se orientan claramente hacia los más vulnerables y no a los denominados ‘delincuentes’, no contribuyen a responder a las demandas de mayor seguridad sino que incrementan la inseguridad de las mayorías populares"

Alfredo Guevara, integrante de la Mesa Nacional de la Campaña contra la Violencia Institucional, en una carta publicada por Ediciones UNCuyo ante el intento de destitución de Pérez Pesce impulsado por Alejandro Cazabán, ex secretario general de la Gobernación, sostiene que "este tipo de detenciones se orientan claramente hacia los más vulnerables y no a los denominados ‘delincuentes’, no contribuyen a responder a las demandas de mayor seguridad sino que incrementan la inseguridad de las mayorías populares".

Y continúa Guevara con respecto a las detenciones, "constituyen una práctica de violencia institucional dirigida en contra de jóvenes de sectores vulnerables, que son detenidos por la policía en forma reiterada e injustificada, bajo la figura de la ‘averiguación de identidad’. Esta práctica, que se manifiesta en forma generalizada, resulta estigmatizante e impide la inclusión laboral y educativa, y en general reproduce el circuito de la marginación y la exclusión social".

Es evidente que existe una política direccionada desde los máximos poderes del Estado para reprimir. "Es necesario reflexionar, porque si bien la cara visible del Estado que procede a la detención es la policía provincial, y sus agentes a quienes eventualmente le recaerán las compulsas penales, lo ha sido en virtud de una ley que fue discutida y sancionada legislativamente por ambas cámaras provinciales, promulgada por el poder ejecutivo y aplicada por los ministerios respectivos de los sucesivos gobiernos provinciales y en la cual los jueces al menos miramos para otro lado, ya que sería ingenuo pensar que la sanción, promulgación y aplicación de esa ley fue pensada para todos los ciudadanos, cuando la realidad indica que solo a una parte de la sociedad, que silenciosamente se selecciona y a la cual con la tolerancia de todos los poderes se les aplica" señala Perez Pesce

"la experiencia indica que los demorados resultan ser más vulnerables al abuso policial que los propios detenidos por orden judicial, quedando a merced del abuso policial durante ese término fatal que actualmente puede extenderse hasta 12hs"

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en Argentina luego de señalar su preocupación por la subsistencia de normas que otorgan facultades a la policía para detener personas, incluidos menores, sin orden judicial; exhorta al Estado a tomar medidas con miras a suprimir las facultades de la policía para efectuar detenciones no vinculadas a la comisión de un delito. Cuestión esta última que, evidentemente, el Estado provincial prefiere ignorar creando un sistema de seguridad cada vez más represivo. Mas adelante el mismo Comité "observa con preocupación la abundante información recibida relativa al uso frecuente de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en las comisarías de policía y en los establecimientos penitenciarios, especialmente en provincias tales como Buenos Aires y Mendoza" y según Perez Pesce "la experiencia indica que los demorados resultan ser más vulnerables al abuso policial que los propios detenidos por orden judicial, quedando a merced del abuso policial durante ese término fatal que actualmente puede extenderse hasta 12hs".

No hay dudas de que la policía no está autorizada a realizar detenciones indiscriminadas y que el Estado mendocino tiene una política direccionada a reprimir a aquellas personas que excluye sistemáticamente del acceso a derechos elementales. Nuevamente todos los políticos patronales mendocinos se peinan para las fotos de los afiches de la campaña electoral que ya arrancó; nuevamente "la inseguridad" es un tema de debate fogoneado por los medios de comunicación que también juegan sus fichas en cada elección; nuevamente los legisladores de los partidos patronales le otorgan miles de pesos al Ejecutivo para que pertreche a las fuerzas represivas mientras violan la Constitución en sus narices; y nuevamente se demuestra que la inseguridad que sufren los de abajo viene de los de arriba.