Un intento de demonizar las manifestaciones por la aparición con vida del joven. Múltiples hechos de “violencia” con fuerte tufillo a accionar de los servicios.

Eduardo Castilla X: @castillaeduardo
Sábado 26 de agosto de 2017
En diciembre de 2001 Patricia Bullrich salió eyectada de su cargo como ministra casi al mismo tiempo que un helicóptero se elevaba desde el techo de Casa Rosada. En ese vehículo iba su jefe político, Fernando de la Rúa. Frente al edificio que encarna el poder político en Argentina, miles de personas aún resistían la brutal represión gubernamental. El saldo de esas jornadas superaría los 40 muertos en todo el país.
Por estas horas, la funcionaria que hace década y media fungía como anunciante de ajustes contra jubilados y pensionados, denuncia un “clima de violencia política”. El cinismo de Bullrich no puede ser mayor.
El jueves por la noche, se agregó un nuevo episodio a la operación de encubrimiento que viene llevando adelante su cartera. Ese día, de manera confusa y con alguna que otra contradicción, Bullrich ligó la explosión de dos vehículos en la ciudad de La Plata con las marchas por el reclamo para que aparezca con vida Santiago Maldonado.
El viernes, llegando el mediodía, fue el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires el que repitió libreto. Con una argumentación casi absurda, Cristian Ritondo sostuvo que la explosión podía deberse a que "alguien se desprendió" de esa movilización para realizar el ataque. Lo insólito es que el “desprendimiento” implicaba caminar casi 10 cuadras y sentarse a esperar que pase algún tiempo antes de actuar.
El ministro, fiel al macartismo de la gestión Cambiemos, atacó políticamente al PTS, con la falsa acusación de haber dañado el edificio del Senado. La diputada nacional Nathalia González Seligra le salió al cruce y exigió una retractación inmediata. Por la tarde, una carta documento marchaba camino a la casa de Gobierno de La Plata.
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Lo que resulta evidente es la continuidad de una enorme operación política y mediática para encubrir la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Es en ese contexto que los funcionarios de Seguridad de Nación y provincia vuelven a recurrir a la estigmatización contra quienes reclaman por desaparición forzada.
Desde un punto de vista no hay nada novedoso. O en todo caso, hay poco. Fue la misma Patricia Bullrich la que desató una brutal campaña contra la comunidad mapuche, ubicándola en el lugar de “violentos”, “irracionales” y “terroristas”. En la cabeza de la funcionaria de oligárquico apellido resuenan todavía los fuegos de los Remington con los que sus antepasados masacraban a los pueblos originarios. Masacre cometida en aquello que fue cínicamente llamado “la conquista del desierto”.
Como si no conociera siquiera el término “vergüenza”, al tiempo que atacaba furiosamente a los mapuches, la ministra pedía “no estigmatizar” a la Gendarmería.
Carátulas
La noche del jueves y el mediodía del viernes expresaron las tensiones que recorren a un oficialismo que, desde el momento de la desaparición de Santiago, hizo lo posible por cubrir a la fuerza acusada del hecho.
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Desde la negativa a aceptar que el joven haya estado ese 1° de agosto en la comunidad Pu Lof; pasando por negar los hechos represivos, hasta la burda acusación contra la familia y el pueblo mapuche de “no colaborar”.
Esa operación cuenta, como no podía ser de otra manera, con el aval explícito del gran empresariado de los medios. Esta semana volvió a evidenciarse con la noticia falsa –difundida a escala- de la aparición de un cuerpo en el Río Chubut.
Esta cooperación de los grandes medios parece desnudar la enorme importancia que la causa tiene para el conjunto de la clase dominante.
Por un lado, asumir el hecho de la desaparición forzada implicaría poner en cuestión a una fuerza esencial para la represión a la protesta social. Con Policías como la Federal o la Bonaerense cuestionadas políticamente y carcomidas por los negociados ilegales y las internas que de ahí se desprenden, preservar a Gendarmería tiene una importancia no menor.
Pero también se juega evitar una crisis mayor para el Gobierno de Macri. La CEOcracia gobernante aparece hoy como el vehículo político para que las fracciones más concentradas del capital puedan avanzar en imponer mayores condiciones de explotación al conjunto de la clase trabajadora.
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Ese es el significado profundo del “festejo pos PASO”. Cambiemos aparece hoy más cerca de superar el umbral de las elecciones de 2019. Sin embargo, como ya se ha señalado, no convendría alegrarse en demasía. En ese marco, una crisis que ubique al Gobierno como responsable de una desaparición forzada va en un sentido completamente contrario. El “Macri, basura, vos sos la dictadura” se hace un poco menos etéreo.
Precisamente por esto, el cambio de carátula pedido por la Fiscalía de Esquel para que se investigue la desaparición forzada de Santiago es un golpe al Gobierno. El nerviosismo y el crecimiento del macartismo en las últimas horas de la semana hábil podrían explicarse mejor bajo ese prisma.
¿Violencia inexplicable?
¿Existe la violencia política en Argentina, como afirma el oficialismo tan livianamente? Por supuesto. Es la que ejerce el Estado argentino, por ejemplo, contra Milagro Sala en Jujuy. Una detención arbitraria que, a pesar de las cautelares emitidas por la CIDH, mantiene en prisión a la dirigente social.
Sin embargo, en las últimas semanas florecieron “súbitos” hechos de violencia que tienen todos los rasgos de una verdadera puesta en escena de los servicios de inteligencia.
La explosión de dos coches el jueves por la noche, frente al Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, insólitamente no fue registrada por ninguna cámara.
Este viernes, la “novedad” fue la aparición de un auto robado, con la patente cambiada, frente a un juzgado de Lomas de Zamora. Las versiones más disímiles se escucharon durante la tarde. Desde una explosión hasta una detonación controlada por las fuerzas policiales. Parte de lo “extraño” es que, quienes estacionaron el auto y “avisaron” que explotaría, no pudieron ser alcanzados por los gendarmes que los persiguieron.
Ayer mismo, de manera sorpresiva, se conoció que un funcionario de Ritondo se encuentra desaparecido desde hace varios días. Algo que resulta por lo menos extraño en el marco de los fuertes cuestionamientos al oficialismo por la desaparición de Santiago Maldonado. Por la tarde circuló en redes un video que mostraba a Oscar Alvarenga haciendo sendas críticas a Ritondo.
Fue precisamente el ministro de Seguridad Bonaerense el que sostuvo que estos hechos podían ser un resultado del "combate" que realiza Cambiemos contra las mafias policiales.
En el enorme entramado de estas fuerzas, de decenas de miles de efectivos, ligadas a todos tipo de negociados -legales e ilegales- no puede descartarse que movimientos o cambios implementados por el Gobierno, desaten algún tipo de "respuesta" expresada en hechos como los que estamos presenciando.
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Por un lado, un Gobierno empeñado en defender a Gendarmería y negar la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Funcionarios que acuden al macartismo más abierto para justificar ese accionar.
Por el otro, un sentimiento de bronca que se extiende por el país y que alcanza repercusión internacional. Un descontento que ya se pudo ver en las calles, cuando una masiva concurrencia abrazó Plaza de Mayo hace solo dos semanas.
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Redoblar la movilización por la aparición con vida de Santiago. No solo redoblarla. Multiplicarla y hacerla una bandera en cada lugar de estudio y/o de trabajo, en cada barrio y/o en cada ciudad. Es una tarea imperiosa y urgente.

Eduardo Castilla
Nació en Alta Gracia, Córdoba, en 1976. Veinte años después se sumó a las filas del Partido de Trabajadores Socialistas, donde sigue acumulando millas desde ese entonces. Es periodista y desde 2015 reside en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace las veces de editor general de La Izquierda Diario.