Un “protocolo antipiquetes” que no se pudo aplicar nunca contra miles de manifestantes. El control social en las barriadas populares por parte de uniformados que te detienen y revisan sólo por “portación de rostro y gorra”. La Doctrina Chocobar que promueve la ejecución sumaria por la espalda de personas acusadas de robar. La muerte (con desaparición previa, en algunos casos) de jóvenes en la Patagonia a pedido de terratenientes y corporaciones. La represión a la protesta social con heridos de gravedad y cientos de detenidos y procesados. La connivencia con el narcotráfico y otras expresiones del gran delito que nunca dejaron de enriquecer a capitalistas, policías y funcionarios.
Todo eso representa Patricia Bullrich, quien desde el 10 de diciembre volverá a comandar a las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria) como nueva titular del Ministerio de Seguridad, cargo para el que acaba de ser confirmada por Javier Milei.
“Agradezco al presidente electo @JMilei la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria como ministra de Seguridad”, dijo a las 10:38 de este viernes Bullrich a través de la red social X. “Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca”, agregó sin detallar quiénes serían ese “ustedes”. Y remató: “El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios. Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga”.
En un mismo mensaje, Bullrich conjugó los eslóganes de la campaña electoral que levantaron tanto ella como Milei cuando se oponían e insultaban mutuamente como candidatos presidenciales. “Orden” y “el que las hace, las paga” ahora son los clichés publicitarios con los que la presidenta del PRO inaugurará su nuevo paso por el ministerio que ocupó entre 2015 y 2019 al servicio de Mauricio Macri.
Dos horas antes de ese tuit había publicado otro, acompañado de una foto: “Recibí a los papás de Joaquín Sperani, adolescente de 14 años que fue brutalmente asesinado por otro de su misma edad en Laboulaye, Córdoba”. Lo que no dijo Bullrich es que la muerte del joven Joaquín se produjo el 29 de junio a manos de uno de sus amigos y compañero de escuela. Pese a la brutalidad del hecho y la desgracia para la familia de la víctima, lejos está de poder encuadrarse en un caso de “inseguridad”.
Sin embargo, la futura ministra aprovechó esa “selfie” para reiterar su propuesta de modificación del Régimen Penal Juvenil, bajando la edad de imputabilidad. Como el joven que mató a Sperani tiene 14 años y fue liberado a poco de cometer el crimen de su amigo, Bullrich se monta sobre la tragedia y propone más cárcel para poner “un freno definitivo a los delincuentes en el inicio de su carrera delictiva”. Suena mediocre en su argumentación, pero así de básica es la cosa.
Esas y otras iniciativas de Bullrich carecen de toda novedad. De hecho en la campaña presidencial tanto el candidato de La Libertad Avanza como Sergio Massa de Unión por la Patria reivindicaron públicamente como su referente en temas securitarios y punitivos a Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York. Si bien “Pato” no hizo campaña apelando al mentor de la “tolerancia cero” que dejó un tendal de víctimas a manos de las fuerzas del Estado neoyorquino, su doctrina es en esencia la misma.
Es muy probable que una gran porción de trabajadoras y trabajadores que votaron a Milei, en un repudio honesto a la “casta” que gobierna desde hace décadas (sea del peronismo o del macrismo), recuerden qué significó el paso de Bullrich por el Ministerio de Seguridad de Macri. A riesgo de ser reiterativos, por las dudas acá va un rápido (e incompleto) repaso de sus “logros”.
Gatillo fácil y represión
Durante su gestión, Bullrich cosechó un récord muy poco honorable. El año 2017 fue el primero, desde 1983, en el que las llamadas “fuerzas de seguridad” del Estado asesinaron a más de una persona por día. Así lo documentó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) en su Informe 2019, a modo de balance del gobierno de Macri. Cuando las políticas de “seguridad” de Bullrich ya llevaban cuatro años, el aparato represivo estatal asesinaba a una persona cada 19 horas. Eso sólo contando los casos que Correpi registró, ya que nunca hay cifras oficiales. Las fuerzas comandadas por Bullrich no escatimaron en verduguear, detener y reprimir a cuanta manifestación pública no fuera de su agrado. En enero de 2016, apenas asumida, convalidó el ataque de gendarmes a la murga Los auténticos reyes del ritmo del Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires. Esa política se haría costumbre con el correr del tiempo. Para ello contaba, además, con la colaboración de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, jefes políticos de las policías porteña y bonaerense. Así se reprimió desde manifestaciones culturales a grandes movilizaciones, como las de diciembre de 2017 contra la reforma previsional, donde la Policía llegó a disparar coordinadamente a la cara de cientos de manifestantes, dejando a varios con heridas irreversibles en sus ojos. Una de las más “audaces” propuesta de Bullrich para enfrentar a la protesta social fue el llamado Protocolo Antipiquetes, basado en impedir a como dé lugar que las organizaciones sociales, sindicales, ambientalistas, originarias, políticas y estudiantiles ocuparan el espacio público alterando el tránsito vehicular. “Les vamos a dar cinco minutos, se van o los sacamos”, amenazó hasta el cansancio. Y hasta recibió apoyo de gobernadores y de algunos de adversarios históricos como Hugo Moyano. Pero el protocolo nunca se pudo aplicar. A iniciativa del Frente de Izquierda, en la Cámara de Diputados se rechazó la iniciativa bullrichista. Pero sobre todo fue en las calles donde miles, en diversas manifestaciones y protestas, le dijeron “¡no!” a esa violenta amenaza. Eso no implicó, lógicamente, que el macrismo se privara de reprimir en varias oportunidades. Santiago y Rafita
Dos casos emblemáticos de la represión planificada por Bullrich y sus secuaces se dieron entre mediados y fines de 2017 en la Patagonia. Fue a pedido de megaterratenientes como Benetton y corporaciones ligadas al turismo y la explotación de los bienes naturales comunes. El saldo fue de dos muertos, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y decenas de heridos. El primer fallecimiento fue en Chubut, Maldonado estuvo desaparecido 78 días y su cuerpo fue hallado en el río en un cuarto rastrillaje (los tres primeros dieron negativo) en aguas nada profundas. La represión del 1° de agosto la ejecutó Gendarmería. El cuerpo lo “encontró” Prefectura. El caso sigue impune. El segundo fue en Río Negro. Nahuel murió en el territorio de su comunidad Lafken Winkul Mapu, por un tiro que le entró por la espalda mientras escapaba montaña arriba de un ataque de Prefectura. Seis años después de los hechos, cinco prefectos acaban de ser condenados por el homicidio de Rafita. Eso sí, pese a considerarlos asesinos, el Tribuna Oral Criminal de Fiske Menuco (General Roca) dijo que los esbirros de Bullrich actuaron “en legítima defensa”. ¿Pruebas? Esa te la debo… Durante varios meses, las movilizaciones por verdad y justicia para Maldonado y Nahuel fueron multitudinarias en todo el país. Y también reprimidas. Bullrich estuvo a punto de renunciar, pero zafó gracias al sostén de Macri y de gran parte del régimen político. Se fue junto a su jefe al terminar el mandato. Y cuatro años después se candidateó a presidenta. En ese marco, no hay que olvidar que el gobierno del Frente de Todos que asumió en 2019 se abstuvo de investigar a fondo ambos crímenes. Con Sabina Frederic primero y con Aníbal Fernández después, las decenas de gendarmes y prefectos que actuaron en esas represiones y asesinatos (exceptuando los cinco recientemente condenados) nunca dejaron de “prestar servicios” al Estado. Doctrina Chocobar
Entre los sellos que dejó Bullrich en su paso anterior como ministra, está la bautizada Doctrina Chocobar , un aval institucional a la ejecución sumaria de personas por parte de miembros de las fuerzas represivas del Estado. Un salto en calidad del gatillo fácil, esa práctica de las policías contra la población pobre y joven que se multiplicó durante el menemismo en los 90 y nunca dejó de crecer. En diciembre de 2017 Luis Chocobar, un policía bonaerense que transitaba por el barrio porteño de la Boca, persiguió a tiros al joven Juan Pablo Kukoc (que escapaba tras robarle a un turista). Desarmado y en el suelo, Kukoc fue rematado por Chocobar. Reivindicando su accionar, Bullrich y Macri recibieron al criminal en la Casa Rosada y le proveyeron defensa jurídica. Pese a los intentos de convertirlo en “héroe”, Chocobar fue condenado en 2021 por el crimen. Aunque, al igual que con los prefectos asesinos de Nahuel, los jueces le dieron una pena muy baja apelando a la “legítima defensa”. Sin pruebas, claro. En el mismo año 2017 el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo en un informe sobre Argentina que se verificaban “patrones de violencia y arbitrariedad por parte de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en el marco de detenciones policiales sin orden judicial, particularmente de jóvenes y menores en situación de marginalidad social”. La destinataria más clara de esa imputación de la ONU era, lógicamente, Patricia Bullrich. Pero ni se hizo cargo. ¿Contra o con los narcos?
Todos los discursos que hablan de “inseguridad”, englobando en ese término hechos tan disímiles como un caso de gatillo fácil, un femicidio o el secuestro de un cargamento de cocaína; están cruzados por algunos sentidos comunes. Uno de ellos es que, en el centro de las políticas de “seguridad” debe estar el “combate al narcotráfico” y otras expresiones del gran delito y el crimen organizado. Bullrich nunca dejó de hablar de esa “guerra” que hay que librar con la mano más dura posible. Pero durante los cuatro años que dirigió a las fuerzas federales y coordinó políticas con las provincias, los resultados positivos en la materia podrían considerarse nulos. A tal punto que Elisa Carrió, entonces aliada suya en Cambiemos , se dio el lujo de “descansarla”. En una entrevista dada a fines de 2018, Lilita habló del fracaso de la ministra en el tema con una definición lapidaria: “Hay sectores de las fuerzas que la están engañando, le ponen droga para que ella la encuentre, pero el negocio sigue”. Ningún jerarca de Gendarmería, Prefectura, PFA o PSA salió a desmentirla. Otro fracaso de Bullrich fue su propuesta de que las Fuerzas Armadas se “reconciliaran” con la población tras la debacle histórica posdictadura y posderrota en Malvinas. Para ello, al igual que también lo propuso en otra campaña Sergio Massa, la entonces ministra quiso mandar a los militares a las barriadas populares. La excusa, obvio, “combatir a los narcos”. El proyecto de entonces fracasó, pero habrá que estar muy atentos a que lo quiera reflotar en su nueva gestión junto a Milei y Victoria Villarruel, negacionista del genocidio y admiradora de Videla. Espionaje ilegal
En lo que sí le fue bien a Bullrich durante el macrismo fue en aceitar y sofisticar los diversos mecanismos de espionaje ilegal ejecutados desde los sótanos de las fuerzas que conducía. Los carpetazos contra opositores políticos estuvieron a la orden del día. Y sobre todo el armado de causas penales en base a información de “inteligencia” con la que jueces y fiscales amigos persiguieron a manifestantes y activistas. Entre esos “logros” de Bullrich están el impresentable “Informe RAM” (para criminalizar con pruebas falsas a las comunidades originarias del sur) y la detención de tuiteros que, infantilmente, lanzaban improperios e insultos contra funcionarios. Por último, otra cucarda con la que Bullrich llega nuevamente el gobierno nacional es su iniciativa de aquellos años para permitir que las fuerzas represivas del Estado se puedan infiltrar en organizaciones de la sociedad civil con la excusa de “perseguir” a personas y grupos arbitrariamente sospechados de estar cometiendo o intentar cometer delitos. Con ayuda de diputados y senadores oficialistas y parte de la oposición peronista, Bullrich logró meter en el Código Penal las figuras de “agente encubierto”, “agente revelador” e “informante”, con las que desde entonces los uniformados pudieron aumentar la infiltración que ya venían realizando desde hacía años. Organizarse y luchar
Es lógico pensar que las mayorías trabajadoras no aceptarán pasivamente la profundización del ajuste y el ataque a sus condiciones de vida que viene anunciando Milei desde el lunes 20 de noviembre. Vistos los múltiples límites políticos e institucionales con los que deberá asumir el liberfacho presidente, habrá que ver cuánto de lo anticipado logrará llevar a la práctica. Pero la designación de Bullrich como ministra de Seguridad es un mensaje claro de que ese ajuste y ese ataque serán complementados con políticas represivas contra quienes se organicen y luchen en las calles, en los barrios, en las fábricas, en las escuelas y en las facultades.
El éxito o el fracaso de Milei, Bullrich y compañía dependerá, en buena medida, de la capacidad que tengamos de organizarnos y reunir la mayor fuerza social posible para frenarlos. Como afirma Fernando Scolnik en un artículo de este jueves, “la clase trabajadora que sufrirá el ajuste, junto con sus familias, el movimiento de mujeres y la juventud combativa somos la mayoría del país, una fuerza social inmensa que, organizada, puede dar vuelta la historia”.
