La política de (in)seguridad del Gobierno implica más poder a las fuerzas represivas, que llevará a un aumento de los casos de gatillo fácil. Además la ministra Bullrich plantea que pueden portar armas "la gente de bien".
Miércoles 7 de noviembre de 2018
La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, falló a favor de que el policía Luis Chocobar llegue a juicio oral bajo el cargo de “homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso del cumplimiento del deber”. Si hasta el oficialista presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, tuvo que pronunciarse contrario al pedido de Patricia Bullrich y Mauricio Macri -que pedían que no fuera condenado-, se debe a que las evidencias contra el policía que mató a un joven por la espalda, eran suficientes como para no apoyar tanta impunidad.
Luego que se conociera este fallo la ministra Bullrich fue consultada por distintos medios ante los cuales aseguró, con mucha seguridad, que en el juicio oral se va a imponer "la razón y la lógica", y agregó: "Fue una formalidad (la ratificación de la Corte). Va a juicio oral y ahí la razón y la lógica de que el policía Chocobar actuó en defensa de la gente va a ser bien importante", justificó la ministra. Días después de estas declaraciones se conoció el resultado de la pericia realizada por la Policía Federal, conducida por Bullrich, que la bala que terminó con la vida de Pablo Kukoc, antes rebotó en el pisolo que “demostraría” que el policía no tuvo intención de matar. Esto explica, en parte, porque la ministra respondió, con tanta seguridad, que en el juicio oral se va a imponer "la razón y la lógica".
Sin embargo Luis Chocobar, policía local de Avellaneda, disparó siete veces contra el joven de 18 años cuando este huía, poniendo en riesgo la vida de todas las personas que estaban allí. Una de esas balas lo hirió y lo tiro al piso, la segunda que impactó sobre el joven, lo mató.
Hay varios elementos para analizar, por un lado que las fuerzas que conduce el Gobierno, que quiere imponer la “doctrina Chocobar”, sea responsable de los peritajes. Imparcialidad cero. Pero además hay que recordar que uno de los artilugios que suelen utilizar la defensa de los uniformados autores del gatillo fácil, es que las balas “rebotan” antes de impactar en el cuerpo de la víctima.
Así ocurrió en mi caso, así intentaron hacerlo pasar en el caso de Mariano Ferreyra, luego que la patota ferroviaria de Pedraza, terminara con su vida. Hace 17 años un policía de la maldita Bonaerense me disparó por la espalda en una calle de Quilmes, dejándome en una silla de ruedas. Desde el CeProDH peleamos durante años para que Salmo, quien me baleó, fuera juzgado y condenado. Uno de los argumentos de la defensa de este policía fue que la bala rebotó. Mentira.
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La ministra Bullrich, no solo defiende a los uniformados criminales, como ocurrió con los gendarmes responsables de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, o los prefectos que terminaron con la vida de Rafael Nahuel, sino que promueve la ejecución sumaria.
Las leyes vigentes, que pone algún tipo de limite al accionar de las fuerzas represivas, son un estorbo a las políticas de mano dura de Cambiemos, por eso en el proyecto del nuevo Código Penal incorporan un artículo donde establece expresamente que no serán punibles los miembros de las fuerzas de seguridad “(…) que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”.
Mientras tanto, hasta que la ejecución sumaria no sea ley, la ministra de Seguridad continúa defendiendo a las fuerzas que conduce tras cada caso de gatillo fácil. Este lunes, en la sede del Ministerio de Seguridad, la funcionaria recibió para felicitarlos y brindarles su apoyo a Arsenio Narvay y a Carla Céspedes. El primero es un gendarme que asesinó a balazos a un ladrón de 18 años. La segunda, una integrante de la Policía de la Ciudad, que mató a otro disparando cinco tiros por la espalda. Ambos estuvieron detenidos, pero fueron absueltos.
En el caso de Céspedes un video muestra como ella dispara en reiteradas ocasiones por la espalda a un joven que huía luego de intentar robar un supermercado. También en este caso, como ocurrió con el joven que mató Chocobar, el primer disparo lo tira al piso, pero la policía Céspedes reiteró los disparos hasta terminar con la vida del joven. Pero para la ministra estos disparadores seriales actuan de acuerdo al protocolo. Si así fuera el protocolo es criminal.
El Ministerio de Seguridad esta recibiendo partidas presupuestarias suculentas, que están a disposición de equipar a las fuerzas y adiestrarlas con nuevos cursos. No obstante esto no parece ser suficiente para Bullrich que ahora promueve que "la gente de bien" se arme. Pretende que cada persona ejerza de sheriff.
Es que la ministra es la vocera del Gobierno de Cambiemos en todo lo que se refiera a políticas de mano dura. No solo esta a favor de un brutal control social a través de los mensajes a favor de las ejecuciones sumarias, también quiere impedir la unidad de la clase trabajadora y el pueblo explotado para derrotar los planes de saqueo y los ataques reaccionarios del Gobierno. Por eso en cada marcha de relevancia nacional, como la última contra el Presupuesto, envían las fuerzas represivas para cazar a los manifestantes, como los trabajadores del Astillero Río Santiago y los integrantes de La Garganta Poderosa entre otros.
En esa marcha quedó en evidencia como los uniformados, además de dispara gas pimienta, moler a palos a los manifestantes, tirar balas de gomas, también tiran piedras contra el frente de los negocios –como se ve en un video-, con el solo objetivo de inculpar a los manifestantes y desligitimar ante la opinión pública la legitima movilizaciones para derrotar el saqueo del Gobierno y el FMI.
Desde el CeProDH, junto a mi compañera, la diputada Myriam Bregman, hemos presentado este video que registra a la policía que integra el GAM (Grupo de Acción Motorizada) ante la justicia.
Además desde el CeProDH llamamos a impulsar una gran campaña para derrotar las políticas de mano dura, así como impedir que se apruebe el nuevo Código Penal.
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Carla Lacorte
Carla Lacorte nació el 4 de enero de 1971 en la Ciudad de Buenos Aires. Su padre Miguel Angel murió fusilado en el Estadio Nacional de Chile en septiembre de 1973 tras ser detenido mientras resistía el golpe de Pinochet en el Cordón Industrial de Vicuña Mackenna. Junto a su madre, que escapaba de la represión del Proceso, se radicó en Quilmes. A la salida de la dictadura tuvo una activa participación en el centro de estudiantes del Colegio Nacional de esa ciudad. Integra el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y milita en el PTS desde el año 2000. Estudiaba Ciencias (…)