Este martes, el kirchnerismo acompañó el pedido de tratamiento del proyecto de legalización del aborto en la Comisión de Legislación Penal. La izquierda denuncia el intento de aminorar el costo de la votación contraria a este derecho, que tendrá lugar con la sanción del nuevo Código Civil.
Sol Bajar @Sol_Bajar
Miércoles 1ro de octubre de 2014
A pocas horas del tratamiento de la reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja recibió este martes a integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Fue a pedido de las diputadas Diana Conti (FpV) y Victoria Donda (Libres del Sur), a cargo respectivamente de la vicepresidencia primera y segunda de la Comisión que tiene primera competencia para el tratamiento del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, elaborado por la organización.
A diferencia de lo ocurrido en los últimos 10 años, esta vez el kirchnerismo convocó a dar quorum en la Comisión que preside la macrista Patricia Bulrich. La iniciativa de último momento estuvo motivada por el duro cuestionamiento que recibió el apoyo disciplinado del bloque a la reforma pactada por el gobierno nacional y la cúpula de la Iglesia, que incluye la votación de un polémico artículo (el 19) que reduce lo planteado por el Código de Velez Sarfield a un párrafo que afirma que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”, poniendo un límite aún mayor a la posibilidad de legalización del aborto en Argentina.
“Ya van cinco presentaciones del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, la última con más de 60 firmas de legisladoras y legisladores de un amplio arco político”, señaló Estela Díaz durante su exposición. “Más de mil doscientas mujeres abortan cada día en Argentina, por eso sostenemos que la legalización del aborto es un tema de salud pública y de justicia social. Pedimos a la Comisión de Legislación Penal que incluya el debate fijando fecha para su tratamiento”, añadió la integrante de la Campaña Nacional.
“No voy a aceptar que quieran imponerme un dictamen por debajo de la mesa”, objetó la diputada del PRO Patricia Bulrich. Ante la negativa de la titular de Legislación Penal, fue la kirchnerista Diana Conti quien planteó “la táctica” de la bancada oficial: “No queremos sacar un dictamen express. Más allá de que mañana el Congreso va a votar un nuevo Código, que el oficialismo acompañará como está, queremos dejar constancia que ésto no va a obstaculizar el debate”.
La posición de la izquierda
Consultado por La Izquierda Diario, el diputado del PTS en el Frente de Izquierda Nicolás del Caño, integrante de la Comisión, denunció que “detrás de las declaraciones del oficialismo se esconde el intento de aminorar el costo político que tendrá la votación de un Código que es cuestionado hasta por sectores ligados al propio kirchnerismo”.
El legislador mendocino señaló también que el PTS en el Frente de Izquierda exige “el pronto tratamiento del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, porque no queremos que haya una sola muerta más” y agregó que “también por eso denunciamos que la reforma al Código Civil es un nuevo avance sobre los derechos de las mujeres, la verdadera variable de ajuste de esta reaccionaria reforma clerical pactada entre el oficialismo y el Vaticano”.
Aunque la presión ejercida por la mayoría de los integrantes de la Comisión obligó a Patricia Bulrich a poner fecha para el tratamiento del proyecto, que sería la primera semana de noviembre de este año, habrá que ver si para entonces -ya con nuevo Código Civil en mano- el kirchnerismo se dispone efectivamente a dar el debate que posterga por expreso mandato de la Presidenta de la Nación.
Recordemos además que para llegar al recinto, el proyecto debará tener tratamiento y ser aprobado también en las restantes dos comisiones a las que fue girado: la comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que preside el masista Felipe Solá, y la comisión de Acción Social y Salud Pública, cuya jefa es la oficialista Andrea García.
