Más de 130 trabajadores de la construcción fueron despedidos por la subsidiaria de Isolux que tiene causas por evasión fiscal y pago de coimas.
Jueves 27 de junio de 2019 11:10
Los trabajadores fueron despedidos por la empresa Tecna que reclama una compensación monetaria de U$S 250 millones para paliar la devaluación del peso. Según fuentes empresariales, los contratos fueron adjudicados en 2016 con un dólar a $16 lo que hace imposible continuar la obra con el valor del dólar encima de los $45 actuales.
Como contamos en La Izquierda Diario, la empresa había suspendido a los trabajadores para exigir sus demandas a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) encargada del proyecto CAREM 25, un reactor modular de baja potencia de diseño integral argentino.
Por su parte, el presidente de CNEA Osvaldo Calzetta Larrieu reconoció 11 meses de retraso en la obra y se desligó de la responsabilidad que correspondería “mayoritariamente a las contratistas”.
Desde @CNEA_Arg informamos la situación actual de la contratista @Tecna_AR en el marco del Proyecto #CAREM en el predio Lima, Provincia de Buenos Aires pic.twitter.com/NMSnCe2m7s
— CNEA ARGENTINA (@CNEA_Arg) 26 de junio de 2019
El gremio UOCRA venía advirtiendo desde que se oficializaron las suspensiones que el paso siguiente era el despido. En todo este tiempo no realizó medidas de fuerza hasta el día de hoy, en que realizó un piquete en el ingreso a las centrales nucleares. Esta medida se levantó luego de que el Ministerio de Trabajo haya dictado la conciliación obligatoria.
Julio González, dirigente de la UOCRA local, exigió que el gobierno nacional acceda al pago que exigen las empresas. Los despidos son una extorsión de las empresas y el gremio las avala al no realizar medidas de fuerza en todo este tiempo desde las suspensiones, pero sí realizó el lanzamiento de su candidatura a concejal por el Frente de Todos.
El modus operandi empresarial
La empresa Tecna es filial de la española Isolux Corsán, ganó la licitación para la construcción del Balance de Planta del CAREM -las instalaciones y equipos necesarios para la generación de energía eléctrica- en 2016.
Esta firma está procesada en la causa que involucra al ex ministro Julio De Vido por la central térmica de Río Turbio en Santa Cruz. En 2007 le habían adjudicado la obra de la usina a base de carbón de la mina de la misma localidad a un conjunto de empresas entre las que se encontraba Tecna S.A. e Isolux S.A. Abandonaron las obras en 2017 con el 85% avance y habiendo recibido 1.500 millones de dólares contra los 400 presupuestados al inicio. Finalmente, el año pasado le rescindieron el contrato por incumplimiento del mismo sin exigir que finalicen la usina ni resarcimiento económico por las obras que faltan para terminar.
En la centrales térmicas de Ensenada de Barragán y Brigadier López realizaron la misma operatoria, esta vez en sociedad de la firma IECSA del primo del presidente Ángelo Calcaterra. Allí ganaron la licitación y dejaron ambas inconclusas exigiendo reactualizaciones presupuestarias. Finalmente, el macrismo las vendió este año a ambas a consorcios integrados por Marcelo Mindlin la primera y a Nicky Caputo, hermano del alma de Macri, la segunda.
Por último, la española Isolux Corsan también está implicada en la causa judicial por la venta de parques eólicos a la empresa de la familia presidencial SIDECO.
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Proyecto público, ganancia privada
El proyecto CAREM es un diseño nacional de Reactores Modulares Pequeños (SMR por sus siglas en inglés) que para poder exportarlo necesita ser construido para probar las características del mismo. Sin embargo, tanto la gestión anterior como la presente destinaron los fondos públicos a empresas contratistas privadas para que realicen negocios con fondos públicos: el diseño, la mano de obra, los materiales son nacionales, pero una empresa extranjera pide compensaciones en moneda extranjera.
Lo mismo han hecho con la promesa de Atucha III, en lugar de construir centrales nucleares de diseño adquirido y probado hace décadas por el Estado, buscan la dependencia tanto financiera como tecnológica y de los insumos, esta vez de China.
El apagón del pasado 16 de junio y actualmente en la ciudad de La Plata mostró que las empresas privadas se han llevado toneladas de dinero, antes en subsidios hoy en forma de tarifas. No han invertido en redes o tecnología, brindando un servicio cada vez peor para los usuarios. Los servicios esenciales no son negocio y deben ser reestatizados bajo control de los trabajadores y usuarios. El dinero que hoy se destina a la deuda debería ser destinado a un plan de obras públicas diseñado por profesionales y las universidades, que modernicen el sistema energético nacional y lo re diseñen en función del cuidado del medio ambiente.
