Reforma Laboral. CCOO y UGT convocan movilizaciones... para no llamar una huelga general

El gobierno había alcanzado recientemente un principio de acuerdo con las cúpulas sindicales de CC.OO. y UGT sobre el contenido de algunas reformas parciales, lo que suponía aceptar explícitamente por parte de éstas la no derogación de la reforma laboral en su totalidad. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado aparcados esos acuerdos. Sobre todo tras producirse el portazo de la CEOE y la petición del Banco de España de no revertir la reforma laboral en absoluto. Esto ha irritado mucho a los sindicatos que amenazan con iniciar movilizaciones a partir de febrero.

El culebrón que se ha prolongado hasta el inicio del año 2019, con el anuncio reciente de las movilizaciones sindicales, se inició a mediados de diciembre. En ese entonces CC.OO. anunció que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos tenían prácticamente ultimado un preacuerdo para derogar algunos aspectos de la reforma laboral que consideraban esenciales y que al final parece ser que se fue al garete. Esto ocurría tras meses de reuniones celebradas en el más absoluto de los secretos y con total desconocimiento de qué es lo que se estaba negociando por parte de las bases sindicales.

Pero nada más realizarse el anuncio público por parte de la secretaría de Acción Sindical de CC.OO., la CEOE mostró el desacuerdo empresarial, pese a que había estado en todo el proceso secreto de negociación, señalando que ese anuncio suponía de facto “la ruptura del diálogo social”.

La fuerte oposición del Banco de España también ha sido un factor importante en el retroceso de las intenciones de Pedro Sánchez. El Banco de España ha incidido especialmente en que no se dé marcha atrás en la reforma laboral especialmente en un contexto que vaticina de enormes dificultades económicas -consecuencia de la inestabilidad financiera, las guerras comerciales, las enormes bolsas de deuda que perviven y el final de las políticas monetarias heterodoxas de los bancos centrales-. Se trata de garantizar a toda costa los beneficios empresariales con costes laborales bajo mínimos.

El Gobierno respondió reculando en todo lo acordado con los sindicatos negando incluso que se hubiera llegado a un acuerdo con estos. De hecho, un mes más tarde, todavía no se ha firmado nada. Mucho menos se ha trasladado todo lo debatido estos meses en algún documento hecho público. El Gobierno tampoco lo ha trasladado al Congreso de los Diputados como proposición de ley para negociarlo con otros grupos políticos ni ha anunciado un decreto Ley.

Ante esta situación, ahora los sindicatos anuncian el inicio de un ciclo de movilizaciones que incluirán un gran encuentro en Madrid el 10 de febrero de miles de delegados sindicales de CC.OO. y UGT de todo el Estado, con el objetivo de presionar al Gobierno de Sánchez. Según han anunciado, las movilizaciones seguirán con diferentes acciones hasta su culminación el día 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, las burocracias sindicales de CC.OO. y UGT continúan con su “miniconvocatoria” de huelga de 2 horas como al año pasado, cuando todo el movimiento de mujeres viene impulsando una huelga de 24 horas que pueda suponer, otra vez, un auténtico golpe contra la precariedad, la discriminación laboral y en defensa de los derechos laborales y sociales de las mujeres, incluida la lucha contra la violencia machista. Lo máximo que han llegado a plantear las cúpulas sindicales de CC.OO. y UGT es la posibilidad de extender la huelga a 24 horas en sectores muy feminizados, sin concretar por el momento, o en aquellos en los que pudiera existir una fuerte conflictividad previa. Desde diferentes organizaciones del movimiento de mujeres se ha denunciado esta convocatoria como una “vergüenza”.

Los anuncios de CCOO y UGT parecen ser un mero amago para llevar de nuevo al Gobierno de Pedro Sánchez a la negociación, más que un intento serio de revertir las consecuencias funestas de la reforma laboral. En ningún caso un intento de modificar la relación de fuerzas a favor de los trabajadores con la movilización sindical para tratar de imponer la derogación total de dicha reforma e incluso la posibilidad de revertir la también dañina reforma laboral de Zapatero de 2010. Y desde luego nada parecido con lo que debía ser la defensa firme y decidida de los derechos laborales y sociales de las mujeres.

De hecho, las modificaciones pactadas en el preacuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las cúpulas sindicales de CCOO y UGT tan solo afectaban a aspectos muy parciales de la reforma laboral de Rajoy que para nada suponen una recuperación de los derechos laborales perdidos ni con el Gobierno del PP de Rajoy ni con el Gobierno del PSOE de Zapatero.

Lo supuestamente acordado afecta casi exclusivamente a todo lo relacionado con la negociación de los convenios colectivos y su perdurabilidad en el tiempo. En concreto las dos medidas estrellas que se venían negociando son la ultractividad de los convenios, es decir, el hecho de que no decaigan aunque termine la vigencia acordada, manteniéndose su eficacia y todo el articulado del convenio mientras no se acuerde otro por las partes firmantes. Y la preeminencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, lo que por un lado puede suponer mayores garantías para la defensa de los derechos laborales al aglutinar a un mayor número de trabajadores bajo un mismo paraguas, pero que, en muchos de los casos y dada la “alergia sindical” de las cúpulas de CCOO y UGT a integrar y aunar las luchas sindicales, en realidad son el caldo de cultivo para blindar sus prerrogativas negociadoras y posibilitar los acuerdos controlados que vienen provocando desde hace decenios retroceso tras retroceso en las condiciones laborales de los trabajadores. De ahí la enorme precarización y la tremenda devaluación salarial sufrida durante la crisis por la mayoría de los trabajadores, con retrocesos de hasta el 30% en las remuneraciones y una precariedad que afecta al 90% de los contratos que se firman y habiéndose alcanzado un 27% de temporalidad sobre el conjunto de los trabajadores en activo.

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo ha llegado a plantear la limitación de la prevalencia del convenio sectorial en temas muy concretos: salario y jornada exclusivamente. Para no en el resto de las condiciones sustanciales que regulan la actividad laboral. Dejando fuera temas tan esenciales como despidos, categorías laborales, movilidad funcional y geográfica, organización de las jornadas, etc. Además, en ningún caso se suprime la posibilidad de descuelgue del convenio vigente que le otorga la reforma laboral (artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores) a la empresa mediante decisión prácticamente unilateral y por motivos tan diversos y fáciles de justificar como son las razones: económicas, técnicas, organizativas o de producción. Todo ello afectando a las denominadas “condiciones sustanciales de trabajo” que incluyen aspectos tan esenciales en la vida de los trabajadores como: jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento y funciones.

Tampoco se dice nada de que se vaya a derogar el artículo 47.2 del Estatuto en el que se establece la posibilidad de recortar la jornada laboral entre un 10% y un 70%, con la correspondiente reducción salarial. O del artículo 52 que abre la posibilidad de despedir trabajadores que se ausenten por enfermedad común o accidente no laboral, aunque lo justifiquen debidamente, por faltar un número de jornadas hábiles determinado.

Los sindicatos dicen que en la negociación con el Gobierno de Sánchez se había incluido la posibilidad de obligar a que las subcontrataciones cumplan las mismas condiciones establecidas en los convenios sectoriales respectivos, sin que se impongan las de la empresa subcontratada que normalmente tienen condiciones mucho peores. Sin embargo, hay que insistir en que parece ser que seguirían vigentes los mecanismos de descuelgue y de empeoramiento posible de las condiciones laborales que se establecen en la reforma laboral de Rajoy, por lo que más allá de la apariencia y el reforzamiento de la capacidad negociadora de las cúpulas sindicales de CC.OO y UGT, todo quedaría en papel mojado, dado que en ningún caso se tocaría un ápice el poder que le otorga la reforma laboral de Rajoy al empresario para modificar las condiciones esenciales de trabajo o para despedir “low cost” a los trabajadores.

Los trabajadores no pueden esperar que vayan a mejorar realmente sus condiciones laborales y sociales a través de una negociación realizada en secreto y pactada por arriba entre las cúpulas sindicales de CCOO y UGT, la patronal CEOE y el Gobierno de Pedro Sánchez. Ni siquiera, aunque se alcanzara el acuerdo de la reforma parcial pretendido por las burocracias sindicales -algo que ahora está cada vez más lejano-. Ya hemos visto, por otra parte, a dónde han llevado la multitud de acuerdos alcanzados en este período con por parte de las cúpulas sindicales con el Gobierno de Rajoy: despidos cada vez más baratos, enorme precariedad laboral, devaluación salarial, pensionazos, recortes en las prestaciones a los parados, etc.

Es necesaria una política de unificación y extensión de las luchas de los trabajadores, con un calendario de movilizaciones sindicales unitarias sobre la base de asambleas en los centros de trabajo y contando con las organizaciones de parados, pensionistas, mujeres, etc. que desemboque en la convocatoria de una huelga general con un programa de recuperación real de los derechos laborales y sociales perdidos. Solo así se podría empezar a modificar la relación de fuerzas y lograr que la crisis la comiencen a pagar los capitalistas.