Organizado por Súper Ediciones Prisma, este domingo 1 de marzo se llevará a cabo un evento en donde la poesía y el performance se pondrán al servicio del repudio a las Fuerzas Armadas, que acumulan un sinnúmero de denuncias por graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país.
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Jueves 27 de febrero de 2020
Con marco en la clausura de la exposición "La Gran Fuerza de México", impulsada por el gobierno federal como parte de su campaña para construir cierta legitimidad en torno al repudiado Ejército Mexicano, este domingo 1 de marzo se llevará a cabo el Festival de Poesía Antimilitar organizado por Súper Ediciones Prisma, en Plaza Buenavista, en la Ciudad de México.
En la descripción del evento se presentan algunos datos del Informe Mundial 2020 sobre México de la organización Human Rights Watch. En éstos, se expresa la impunidad de las Fuerzas Armadas en casos graves de violaciones a derechos humanos como tortura, desapariciones forzadas y su labor junto a la Guardia Nacional como patrulla fronteriza antiinmigrante al servicio de los dictados de la Casa Blanca.
Asimismo, destacan que la creación de la Guardia Nacional por el gobierno de López Obrador representa la continuidad de la militarización del país.
El Ejército en labores de seguridad pública acumuló, según cifras de HRW, más de 4 mil 600 denuncias por violaciones a los derechos humanos durante sexenio de Enrique Peña Nieto. En lo que va de la autoproclamada "Cuarta Transformación", ya tiene más de 240 denuncias en su haber.
Reproducimos textualmente la invitación a este evento:
Ven a leer poesía, hacer performance, cantar canciones, bailar bailables, pegar carteles, o lo que quieras en contra de la institución militar mexicana!
Este domingo 1ro de Marzo es el último día de su exposición "La Gran Fuerza de México" afuera de plaza Buenavista. La cita es a las 1 de la tarde en el Kiosco Morisco para organizarnos.
Informe Mundial 2020: Mexico | Human Rights Watch
Sistema de justicia penal
En un informe de 2018, el Relator Especial sobre los defensores de derechos humanos declaró que cerca del 98 % de los delitos cometidos en México quedan sin resolver. Esto se debe a diversos motivos que incluyen corrupción, falta de capacitación y de recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos
Abusos militares e impunidad
México ha utilizado activamente las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada vinculadas al narcotráfico, y esto ha llevado a que militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos. Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 4.600 quejas sobre presuntos abusos militares. Entre enero y julio de 2019, recibió 241 quejas de este tipo.
En noviembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia derogó la Ley de Seguridad Interior, debido a que “[normalizaba] la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública”, lo cual la Corte determinó como inconstitucional y violatorio de las obligaciones internacionales de México.
Sin embargo, ese mismo mes el presidente López Obrador anunció la creación de la Guardia Nacional para reemplazar a la Policía Federal en operativos de seguridad pública y para colaborar “temporalmente” en tareas de seguridad pública en estados y municipios. Inaugurada en junio, está integrada mayormente por militares y es dirigida por un general del Ejército que se retiró del servicio activo en agosto. La ley que regula a la Guardia Nacional permite que sus miembros participen en investigaciones penales y asuman actividades de inteligencia con fines “preventivos”.
Tortura
Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) inició más de 9.000 investigaciones sobre tortura. Según la Fiscalía, su Dirección General de Especialidades Médico Forenses intervino en 1.903 presuntos casos de tortura en 2019 y la CNDH recibió 84 quejas de tortura entre enero y septiembre de 2019. En su análisis de México de 2019, el Comité contra la Tortura de la ONU destacó que de 3.214 denuncias de tortura en México realizadas tan sólo en 2016, apenas ocho dieron lugar a una detención y un juicio.
La Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura, adoptada en 2017, procuraba combatir esta práctica y excluir de los procedimientos judiciales los testimonios que se obtuvieran mediante tortura. Sin embargo, su implementación ha sido lenta.
El Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura (MNPT), vinculado con la CNDH, informó en 2018 que menos de la mitad de los estados mexicanos habían adoptado leyes similares, conforme lo exige el derecho nacional.
Hasta noviembre de 2019, la FGR todavía no había cumplido el requisito establecido en la ley de contar para diciembre de 2017, con infraestructura para un registro nacional de tortura.
Desapariciones forzadas
Desde 2006, las desapariciones forzadas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han sido una problemática generalizada. Las organizaciones delictivas también han sido responsables de numerosas desapariciones.
Es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no tomen medidas básicas de investigación para identificar a los responsables de desapariciones forzadas, y a menudo indican a los familiares de personas desaparecidas que investiguen por su cuenta. Para enero de 2019, la FGR había iniciado 975 investigaciones sobre señalamientos de desapariciones forzadas y había presentado cargos en apenas 12 casos.
En septiembre de 2019, la unidad especializada en investigación de secuestros de la FGR informó tener apenas una investigación abierta sobre desapariciones cometidas por agentes no estatales.
Migrantes y solicitantes de asilo
En junio, el gobierno de Estados Unidos amenazó con aplicar aranceles a productos mexicanos a menos que México aceptara un aumento sustancial en la cantidad de solicitantes de asilo que son enviados de regreso a México a la espera de que sus casos tramiten en la justicia en Estados Unidos, e interceptara a los migrantes que están en tránsito hacia la frontera con Estados Unidos. En respuesta, el gobierno de López Obrador anunció que movilizaría a 6.000 miembros de la nueva Guardia Nacional para controlar la migración irregular, una decisión que en la práctica, militarizó las fronteras de México.
En junio, la CNDH dictó medidas de protección a favor de un albergue en los estados mexicanos norteños de Sonora y Coahuila, luego de que miembros de la Guardia Nacional intentaran ingresar para revisar el estatus migratorio de las personas que estaban allí, en contravención a lo establecido por el derecho mexicano.
