EDUCACIÓN A DISTANCIA. CEPAL: dispositivos e Internet para los más pobres costaría 0.05% del PIB

Las escuelas y universidades, desde el nivel básico hasta el posgrado, rápidamente tuvieron que adaptarse a las nuevas formas de enseñar y aprender. Profesores y estudiantes dejaron las libretas para adaptarse a un entorno distinto donde el uso de computadoras, tabletas, celulares e Internet es ahora imprescindible.

Por si fuera poco, la educación virtual no escapa a la realidad de las familias mexicanas. Con el confinamiento, miles de personas pasan la mayor parte del día en espacios hacinados, sufriendo la oleada de despidos y el encarecimiento de la canasta básica. Para millones de mujeres trabajadoras, entre ellas miles de maestras, también agudiza la doble jornada que realizan en casa.

Por otro lado, la implementación de clases virtuales coloca sobre la mesa el problema de la desigualdad imperante y se acompaña de la exclusión de millones de estudiantes que, por carecer de las herramientas tecnológicas necesarias, no pueden continuar o iniciar sus estudios. Como siempre los más pobres serán los más afectados.

El programa de la ONU para el desarrollo anunció recientemente que en México solo el 44.3% de los hogares tiene una computadora en casa. Al mismo tiempo la combinación de computadora e Internet solo existe en el 5% de los hogares más pobres. En el mismo sentido la secretaría de energía reconoce que casi dos millones de habitantes en México no cuentan con servicio de electricidad.

Bajo estas condiciones de enorme desigualdad pensar las clases en línea es inaceptable, sin embargo, con la puesta en marcha del programa Aprende en casa II parece que el gobierno olvidó aquello de que “por el bien de todos primero van los pobres”. En aras de imponer una idea de “normalidad” los aspectos pedagógicos del proceso de enseñanza-aprendizaje están más que devaluados sin importar la realidad que enfrentan los maestros, los estudiantes y sus familias

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Como una medida para afrontar la crisis, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) aseguró en voz de su secretaria general, Alicia Bárcenas, que el gobierno de México debe otorgar a las familias pobres dispositivos electrónicos y acceso a Internet, lo que tendría un costo menor al 0.5% del PIB. Además recomendó promover servicios de salud y educación con tarifa cero y cesar temporalmente los impuestos sobre los productos tecnológicos.

Una vez más, la disyuntiva en la educación pasa por definir las prioridades del gobierno. En contraste con una política educativa orientada a garantizar el derecho a la educación, la secretaría de educación decidió otorgar contratos millonarios a las televisoras para que éstas transmitan los contenidos educativos del programa.

Hasta el momento, el gobierno no se ha pronunciado por las “recomendaciones” de la CEPAL pero, en caso de que lo haga y en el marco de la crisis económica, es difícil imaginar una respuesta que vaya en sentido contrario a lo hecho hasta ahora por el gobierno. En el mejor de los casos su respuesta se ha limitado a tímidos programas asistenciales con presupuestos muy por debajo de lo necesario. En vez de impulsar impuestos progresivos a las grandes fortunas para financiar las necesidades sociales en salud y educación, el gobierno de morena decidió “administrar” la crisis, lo que significa, administrar la pobreza y la desigualdad.

Para los socialistas no se trata de denunciar en lo abstracto la corrupción del pasado o el lastre del periodo neoliberal, que dicho sea de paso es responsable en gran medida del desmantelamiento del sistema educativo y de salud, además de la profundización de la violencia y la militarización del país que opera a través de la guardia nacional utilizada en múltiples ocasiones para reprimir a los migrantes en su paso hacia Estados Unidos.

Nosotros creemos que para enfrentar los retos que la pandemia nos impone necesitamos una bandera que cuestione la miseria que el capitalismo ofrece a millones y que al mismo tiempo ofrezca una salida distinta en donde los trabajadores y los sectores populares realmente vayan primero.

Es por eso que proponemos que, a través del no pago de la ilegítima deuda externa, de impuestos progresivos a las grandes fortunas, de la reducción a cero del presupuesto de la Guardia Nacional y de la confiscación de bienes a todos los políticos del régimen acusados de corrupción, iniciando por los expresidentes, financiemos las necesidades sociales en educación y salud.

Para nosotros no se trata de iniciar los ciclos escolares a como dé lugar sin pensar en la realidad económica de maestros y estudiantes. Tampoco olvidemos que muchos de ellos posiblemente perdieron familiares o seres queridos producto de la pandemia. Estamos por reiniciar las clases cuando existan condiciones para ello y éstas sean determinadas por trabajadores de la educación y padres de familia.

Durante este periodo de confinamiento se pueden idear mecanismos de recuperación académica sin que sean obligatorias ni sujetas a calificación. Debemos explotar las herramientas digitales para fomentar el intercambio y la interacción entre todos los actores del proceso educativo. Estas reflexiones no solo deben ser académicas, también debemos pensar sobre la realidad nacional y sobre cómo construir una salida distinta, de y para los sectores populares.

Lo anterior pasa por primero garantizar al cien por ciento el acceso a dispositivos electrónicos e Internet pero también porque la elaboración de este plan esté en manos de sus protagonistas y no bajo el control la burocracia cercana a los partidos del régimen, incluido Morena, que en el transcurso de la pandemia demostró dónde están sus prioridades. Solo la organización independiente puede construir una salida distinta que no regale millones a los empresarios, que prohíba los despidos y garantice la salud y la educación como un derecho.