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Red Internacional
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Endeudamiento. CFK: un discurso sobre perder la “democracia económica" que elude la responsabilidad propia

La vicepresidenta advierte en su carta sobre la “pérdida de la democracia económica” como si no fuese parte del gobierno que renegoció el acuerdo con los lobos de Wall Street y con el FMI. Garantizaron que el Fondo controle el país y avanzan con el ajuste para cumplir con sus exigencias.

Martes 16 de mayo de 2023 18:30

La vicepresidenta, Cristina Fernández, publicó una carta donde confirmó que no será candidata en las elecciones del 2023 y alertó sobre la “pérdida de la democracia económica”, que la ubica a partir del 2016 con el “inicio a un brutal nuevo ciclo de endeudamiento externo”. Las declaraciones de Cristina en su carta omiten que es parte del Gobierno que ajusta para honrar la deuda, herencia de Macri.

Cristina Fernández señaló que este ciclo terminaría con el regreso del FMI “a través de un préstamo insólito, inédito y político, cuyo objetivo no sólo era ayudar a ganar las elecciones a ese “gobierno amigo”, sino también permitir la retirada en dólares de los fondos de inversión especulativos”.

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La vicepresidenta denunció que se repitió la historia con el Fondo “interviene, toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina”. Un cogobierno que el Frente de Todos permitió.

El Frente de Todos avaló la estafa de la deuda

El relato de Cristina Fernández olvida en su denuncia que es parte del gobierno que renegoció la deuda con los lobos de Wall Street, donde el exministro Guzmán concedió cláusulas de acción colectiva más favorables a los especuladores y con prórroga de jurisdicción en favor de tribunales extranjeros.

El acuerdo que avaló el gobierno del Frente de Todos convalidó el endeudamiento de la era macrista incluso desde el origen de la estafa cuando en los primeros meses de 2016 el Congreso votó pagarle a los fondos buitre lo que decía el juez Griesa (Sergio Massa y varios peronistas del Senado incluidos); el bono a cien años, emitido por el exministro de Finanzas, Luis Caputo, que favoreció a un fondo de inversión que él mismo había fundado y a J.P. Morgan del cual había sido empleado.

Ese endeudamiento, junto con el del FMI, financió una fuga de capitales que alcanzó los U$S 86 mil millones en cuatro años, como mostró un informe del Banco Central.

Sobre el acuerdo con el Fondo el Gobierno denunció sus irregularidades, el presidente Alberto Fernández en 2021 afirmó que iniciaría una "querella" a los responsables del préstamo fraudulento, pero eso quedó en la nada. El Gobierno orientó sus años de gestión a renegociar la deuda ilegal e ilegítima y firmó un nuevo acuerdo con el FMI. Pacto que incluyó ajuste fiscal, suba de tarifas de los servicios públicos, y minidevaluaciones que aceleraron los precios. Un acuerdo inflacionario como tuvo que reconocer la vicepresidenta, un aspecto que solo la izquierda denunció cuando se negoció el acuerdo.

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El kirchnerismo hizo todo lo posible para ofrecer “gobernabilidad” al régimen del FMI, así permitieron que diputados que les respondían fueran sustituidos de la Comisión que votó el dictamen a ser tratado en el Congreso, por otros que sí apoyaban lo acordado con el Fondo. Se llamaron al silencio hasta que se votó el acuerdo.

Los dirigentes del kirchnerismo en las organizaciones de masas como en los sindicatos, los centros de estudiantes, o en los barrios no hicieron nada para discutir un plan de lucha frente a la entrega. Así, el Fondo sigue monitoreando el ajuste de cerca y decide lo que se tiene que hacer. Solo el Frente de Izquierda Unidad denunció y se movilizó contra el acuerdo con el FMI.

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Por su parte, Sergio Massa, está al frente de la “botonera” económica, es respaldado por Cristina Fernández y es quien avanza con el ajuste para cumplir con el Fondo. Durante el primer cuatrimestre del año se registró una caída en términos reales de los gastos de 7,6% en relación al mismo período de 2022, y entre las reducciones están partidas como Asignación Universal por Hijo (AUH), políticas alimentarias, jubilaciones y subsidios, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. También es el ministro que prometió una inflación de 3% en abril, pero alcanzó el 8,4% ese mes. Son las consecuencias de aplicar las políticas inflacionarias del Fondo.

Las políticas del Frente de Todos favorecieron la desigualdad

La vicepresidenta también en su carta señaló las consecuencias de la pandemia en lo sanitario, social, y económico “con la profundización de la concentración del ingreso y el crecimiento de la pobreza”.

Cristina Fernández alertó sobre los trabajadores pobres y el “surgimiento de una sociedad dual, donde una parte accede a todos los bienes y servicios y la otra, mayoritaria, ve notablemente reducidas sus posibilidades de progreso o, directamente, carece de ellas”.

El deterioro de las condiciones de vida de las mayorías populares es responsabilidad de este Gobierno aunque la vicepresidenta busque despegarse.

Es el Gobierno del Frente de Todos el que otorgó concesiones a los grandes empresarios, los bancos, las patronales agrarias que permitieron que estos sectores ganen como con el dólar soja en sus distintas versiones, las altas tasas de interés que beneficia al sector financiero, las exenciones impositivas, otorgar dólares baratos a las empresas para que paguen las deudas que contrajeron durante el macrismo (fuguen dólares), entre otras mientras recortó jubilaciones, planes sociales y salarios de los empleados públicos.

El gobierno del Frente de Todos prometió recomponer los salarios de la pérdida durante el macrismo, pero no cumplió. El poder de compra de los salarios siguen perdiendo más de un 20% en relación a 2015.

La democracia capitalista que defiende la vicepresidenta es un régimen político y social construido en función de los intereses de la clase dominante. Un sistema de gobierno que otorga a las grandes mayorías el derecho al voto cada dos o cuatro años, mientras el poder económico decide todos los días como se ve con las corridas cambiarias.

Una verdadera democratización de la sociedad debería empezar por liberar el conjunto de la producción y la economía del dominio dictatorial del gran capital. Un Gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre que pueda planificar democráticamente el conjunto de la actividad económica, reorganizar la economía en función de las grandes mayorías.