La gigantesca compañía nuevamente se encuentra en el ojo del huracán; esta vez no sólo por el conocido caso de colusión con el papel tissue, también por el desastre tras los incendios forestales, donde sus plantaciones de pinos y eucaliptos están totalmente relacionadas con el brutal avance del fuego.
Domingo 29 de enero de 2017
La compañía CMPC S.A, controlada por la familia Matte con un 55,64% del capital societario, fue constituida el 5 de febrero de 1920. Con presencia en Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, México y Uruguay, es “una de las empresas líderes de Latinoamérica en la producción y comercialización de productos forestales, celulosa, papeles y productos tissue”, afirma la Memoria Anual del 2015 de la empresa.
En el año 1940, CMPC adquirió el fundo Pinares, donde comenzaron a desarrollarse las primeras plantaciones de pino radiata en la VIII región. Ya son 77 años del inicio de una profunda pugna entre quienes no dudaron en destruir miles de hectáreas de bosques nativos, con el propósito de construir una de las empresas del rubro forestal más poderosa y con ganancias de miles de millones de dólares; y quienes durante décadas han luchado por defender los recursos naturales del país, el medio ambiente, y el derecho a conservar el hogar al que se pertenece, como es el caso de la ardua batalla que históricamente ha dado el pueblo Mapuche en pos de recuperar sus territorios robados, tanto por el Estado chileno como por empresas y familias burguesas del país, enriquecidas y protegidas aún más tras la Dictadura.
Como señalamos en una nota anterior de La Izquierda Diario respecto a las luchas y organización sindical en la empresa, durante los años de la dictadura militar de Pinochet: "Cabe también recordar que una investigación judicial llevada a cabo durante el año 2011, indica que la empresa CMPC participó activamente en el asesinato de 14 de sus trabajadores en el año 1973". En diversas investigaciones como en Ciper Chile se ha desarrollado el rol cómplice de esta empresa con los crímenes de la dictadura sobre los trabajadores.
Fue en el año 1990, hace ya 27 años, cuando se da inicio al programa de plantaciones de eucaliptos, y en 2003 se logra la adquisición de Forestal y Agrícola Monteáguila, fortaleciendo aún más la producción de una especie que no es nativa de la zona y que además posee características objetivas que contribuyen al surgimiento y expansión descontrolada de incendios forestales.
En su Memoria Anual del 2015, CMPC dice adherir “al desarrollo sustentable, promoviendo el cuidado del medioambiente y de los recursos naturales para no afectar a las próximas generaciones. Estamos comprometidos con el medioambiente”. Sin embargo, y de acuerdo a diversos estudios, como el realizado por Anton Huber y Ramiro Trecaman, del Instituto de Geociencias de la UACh, determinan que la cantidad de agua necesaria para producir un metro cúbico de volumen fustal en las plantaciones de pinos en la zona centro sur de Chile, osciló entre los 241 y 717 metros cúbicos, o sea, entre 240 mil a 717 mil litros de agua, provocando graves sequías en los bosques, de acuerdo a lo también difundido por Radio Biobío.
Miles de millones en ganancias, a costa de destrucción y explotación
¿De cuánto es el patrimonio de la compañía controlada por la familia Matte? Es cercano a los 8 mil millones de dólares; siendo específicos, US$ 7.928. Solo durante el año 2015, las ventas consolidadas de CMPC totalizaron US$4.841 millones, con una pérdida de US$ 3 millones, y US$ 76 millones en pérdida no operacionales, de los cuales US$40 millones “corresponden a siniestros forestales”, según la empresa. Además, CMPC tiene una presencia regional en ocho países, activos totales por US$ 15 mil millones, y “17.600 colaboradores directos, de los cuales el 46% de ellos están en el extranjero. Chile representa sólo un 23% del total de las ventas”.
CMPC posee plantas forestales, celulosas, tissue (papel higiénico) y papel. En el caso de las primeras, hoy en cuestión por los incendios forestales, estas tienen 490 mil hectáreas que ya están plantadas, tres aserraderos con capacidad de producción de 960 mil m3, dos plantas de remanufactura con capacidad de producción de 190 mil m3, y una planta Plywood que alcanza los 500 mil m3 de producción. En el caso de las celulosas, el grupo económico maneja tres plantas que producen 2 millones 360 mil toneladas.
Respecto a los productos tissue, como el papel higiénico que hoy es blanco de críticas por parte de la población, debido a la colusión de los empresarios y la familia Matte, CMPC tiene dos plantas que generan 159 mil toneladas. Por último, tienen dos plantas de cartulina con capacidad de producción de 430 mil toneladas, una planta de papeles para corrugar que genera 316 mil toneladas, cuatro plantas de cartón corrugado que producen 226 mil toneladas, una distribuidora de papeles con capacidad de 105 mil toneladas, una planta de sacos de papel que produce 210 millones de unidades, una planta de productos moldeados que desarrolla 380 millones de unidades, una planta recuperadora de papeles con capacidad de recuperación de 335 mil toneladas.
El negocio forestal en el sur de Chile y la ofensiva política anti-mapuche
De acuerdo a la propia empresa, “CMPC Forestal administra y desarrolla el negocio forestal de la compañía, consistente en plantaciones de pino y eucaliptus ubicadas en Chile, Brasil y Argentina, las que constituyen la principal fuente de abastecimiento maderero para la actividad industrial de CMPC”.
Durante el año 2015, 37.600 hectáreas fueron plantadas en Chile, Argentina y Brasil. En el caso de nuestro país, “durante el año 2015 la producción de rollizos alcanzó a 10,5 millones de m3, de los cuales 6,2 millones de m3 son de pino y 4,3 de eucaliptus. En este período se plantaron 25.000 hectáreas, de las cuales 14.500 hectáreas corresponden a pino radiata, 6.500 hectáreas a eucaliptus nitens, 4.000 hectáreas de eucaliptus globulus”, determina CMPC. Además, se produjeron 35,8 millones de plantas, “donde el 59% del total producido corresponde a pino. Se vendieron al mercado 3,4 millones de plantas”.
En el documento citado, la compañía no solo da cuenta de su estado financiero y logros en la producción, sino que también aprovecha de arremeter contra el pueblo Mapuche, responsabilizándolo de los incendios que ocurren años tras años:
“No podemos dejar de mencionar la delicada situación de terrorismo que viven algunas zonas rurales con vecindad a comunidades Mapuche (…) Estos hechos produjeron serios daños materiales y demuestran junto a decenas de otros ataques e incendios que se han producido en la zona, que la autoridad no ha logrado dar una solución a un problema que ya se arrastra por muchos años”, afirman desde CMPC. Esta política contra el pueblo Mapuche no es nueva dentro del mundo empresarial.
Durante la segunda semana de enero, fue publicado un inserto en distintos medios de comunicación, que realizó la SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril): “Hacemos un llamado urgente al Gobierno a cumplir con su deber fundamental de respetar y hacer respetar la Constitución”, “urge tomar medidas inmediatas y excepcionales, haciendo uso de todas las facultades que contempla nuestro ordenamiento institucional, a fin de identificar, detener, juzgar y sancionar a los responsables de estos actos…”, fueron algunas de las exigencias del grupo empresarial, tal como informamos en La Izquierda Diario.
Por otra parte, los trabajadores son otro sector blanco de los ataques empresariales; de CMPC, también. Dicen “respetar a los trabajadores” y “agradecer su lealtad”, sin embargo, hacen todo lo posible para que no avance ningún derecho para la clase trabajadora; por muy insuficiente que este sea, buscan mantener intacto el Código Laboral y las normas institucionales que hoy rigen a los trabajadores:
“A principios del 2015 se presentó a tramitación legislativa el proyecto de Reforma Laboral. Los aspectos centrales y controversiales de esta iniciativa son la titularidad sindical en la negociación, limitaciones a la extensión de beneficios e imposibilidad de reemplazo en caso de huelga. Es preocupante apreciar que con toda seguridad estas serán iniciativas perjudiciales para el desarrollo de las empresas”, plantean sin resquemores desde la compañía. Cuando se trata de organización y derechos laborales, los empresarios no dudan en salir a la ofensiva con tal de impedir cualquier cambio en beneficio del pueblo trabajador.
Abolir el Decreto 701, expropiar y estatizar CMPC y Arauco bajo control de trabajadores, comunidades locales y pueblo Mapuche
Como ya afirmamos en La Izquierda Diario, el Decreto Ley 701, creado en plena Dictadura, año 1974, conocido también como “ley al fomento forestal”, se basa en el subsidio estatal de un 75% de los recursos de las plantaciones de pinos y eucaliptos. Es decir, el Estado ha destinado miles de millones a las empresas forestales, durante el régimen militar, como también durante todos los gobiernos de la ex Concertación, y el gobierno derechista de Piñera.
Fue un gran negocio para los empresarios, aplicado por nada más y nada menos que Julio Ponce Lerou, yerno del dictador Pinochet, quien se transformaría en un gran empresario, dueño de SQM, una de las mayores empresas mineras de Chile e involucrada en decenas de casos de corrupción en campañas políticas y cohecho hacia parlamentarios de Chile Vamos y la Nueva Mayoría. Como da cuenta Ciper Chile, hubo una relación estrecha entre los "cómplices" de la dictadura y los beneficiadas por sus políticas, los grandes empresarios.
De esta manera, el Estado fija un valor de costo de plantación de árboles relativamente alto, junto a este “subsidio” a las empresas, promoviendo así la destrucción del bosque nativo, mientras que miles de plantaciones de pino y eucalipto se apoderan de los bosques del sur del país. “Estas bonificaciones se pagarán cada vez que los beneficiarios acrediten la nueva superficie forestada”, cita el Decreto Ley. Todo un negocio.
El Decreto 701, además de garantizar y promover el negocio forestal, dejó establecido que los terrenos forestales serán “inexpropiables”, y creó la Corporación Nacional Forestal (Conaf) como la entidad a cargo de los bosques y terrenos forestales del país. Esta institución “podrá declarar, para los efectos de este decreto ley, terreno como de aptitud preferentemente forestal sin que medie petición del o de los propietarios”.
Por su parte, el artículo 20° del Decreto 701, establece que los “terrenos declarados de aptitud preferentemente forestal, los bosques naturales y los bosques artificiales estarán exentos del impuesto territorial que grava los terrenos agrícolas y no se considerarán para los efectos de la determinación de la renta presunta, ni para el cálculo del impuesto Global Complementario”, favoreciendo a los empresarios forestales.
Esta normativa dejó la puerta abierta para talas ilegales, muchas de estas denunciadas desde hace años, e incluso incendios intencionales, todo con el propósito de utilizar terrenos forestales para iniciar las plantaciones de las especies no nativas. Según el artículo 28, “Toda acción de corta, en bosques naturales o artificiales, hayan sido o no declarados ante la Corporación Nacional Forestal, obligará a reforestar o a regenerar una superficie de terrenos igual a la cortada a lo menos en similares condiciones de densidad y calidad, de acuerdo con el plan del ingeniero forestal”. Con esto, ¿acaso no es conveniente la destrucción de los bosques nativos? Si, de igual manera, las forestales tienen todo el derecho a realizar plantaciones posteriores, y la “obligación” a reforestar.
Gracias al Decreto 701, el grupo Matte hoy es dueño de un 13% de las hectáreas explotadas, y junto al grupo Angelini (Arauco), concentran más del 70% de las exportaciones a nivel nacional. Ambas familias poseen el 70% del negocio forestal, y tienen más de 2 millones de hectáreas, mientras que más de 300 mil hectáreas de bosque nativo han sido destruidas.
Incendios forestales. ¿Podrían haberse evitado?
Hoy, el pueblo trabajador, el pueblo mapuche, el medio ambiente, los animales, de las zonas afectadas por los incendios forestales, se encuentran viviendo un desastre de magnitudes históricas, que podría haber sido totalmente evitado y prevenido, por lo menos para impedir catástrofe de tal dimensión.
Es cierto que las temperaturas, las islas de calor, el viento, y otros factores objetivos, pudieron tener un grado de responsabilidad en los incendios forestales. Por su parte, autoridades tratan de instalar la tesis de que fueron “pirómanos” que provocaron incendios, y también apuntan reaccionariamente al pueblo Mapuche, como los supuestos culpables de la tragedia. Sin embargo, claro está que las empresas forestales son las n°1 en destruir los bosques nativos en Chile; no por nada dicho sector ha crecido considerablemente en las últimas décadas y es parte de los tres sectores económicos más estratégicos e importantes en Chile: minería, puertos y forestales. Esto ha sido con completa complicidad por parte del Estado chileno.
Ante la catástrofe que se está viviendo con el desarrollo de los incendios forestales, principalmente en el sur del país, es totalmente atingente y justo que sean los empresarios forestales los que se hagan cargo de costear tamaño desastre. Se tiene que implementar un “plan nacional de emergencia”, donde se garantice infraestructura, implementos y buenas condiciones laborales a los brigadistas y bomberos, como aumento de personal y de sueldo; exigir el pago de tributos a las empresas a causa de su implicancia en los incendios y destrucción del medio ambiente, para así poder responder a las necesidades del momento y darle una solución estructural a las personas afectadas; garantizar un plan de vivienda para todas las familias perjudicadas y que todas estas tengan ingresos asegurados, ninguna persona puede quedar sin hogar ni sustento.
Para poder realizar dichos objetivos, los trabajadores, mujeres y juventud, deben jugar un rol clave en la coordinación y organización de la ayuda y solidaridad de clase. Pero, esto no se trata solo del momento de emergencia actual, al que sin duda se debe responder, sino que se relaciona con proponerse también terminar con una traba dictatorial como es el Decreto 701, que solo avala y permite la destrucción de los bosques nativos, el negocio y enriquecimiento de las empresas forestales y Estado, y la represión al pueblo Mapuche.
La movilización y organización de clase debe ser parte de nuestro horizonte estratégico, que es luchar contra la abolición de todo un sistema capitalista y depredador que permite esta masacre medioambiental. Las forestales no pueden quedar impunes. Deben ser expropiadas y nacionalizadas, bajo control de los trabajadores, las comunidades locales y el pueblo Mapuche, única forma de ponerle freno a la producción irracional de los empresarios; tienen que ser estatizadas las 2 millones de hectáreas que tienen en su poder las familias Matte y Angelini; mientras que las tierras que le pertenecen históricamente al pueblo Mapuche, deben ser devueltas en su totalidad.
Los bosques y recursos naturales tienen que ser recuperados, pero fuera de las garras del empresariado que solo vela por sus intereses. Los trabajadores, la juventud, los campesinos, las mujeres y el pueblo Mapuche, tienen mucho qué decir al respecto y diversas soluciones que entregar.
