Contra la represión, la violencia feminicida y la precarización de las vidas de las mujeres, es urgente impulsar la coordinación a nivel nacional de la lucha que conquiste una respuesta efectiva a la exigencia de verdad y justicia, así como de juicio y castigo a los responsables.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 1ro de diciembre de 2020
Este lunes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación general 43/2020 en contra de los poderes Legislativo y Judicial, así como del gobierno federal. En esta recomendación, el órgano argumenta que el Estado Mexicano ha sido omiso en garantizar acceso a la justicia y reparación integral del daño para víctimas y familiares víctimas de la violencia misógina y feminicida. Asimismo, señala una deficiente implementación de políticas públicas encaminadas a la prevención y erradicación de la "discriminación reiterada y normalizada" en nuestro país.
El llamado de la Comisión, en cuya elaboración participaron sectores de familiares de víctimas, urgió a frenar los feminicidios así como la garantía para las mujeres de poder acceder a mecanismos de protección. Esta recomendación solicita al Estado un reconocimiento público de la situación de violencia que enfrentan las mujeres; así mismo, solicita el diseño de políticas públicas de carácter nacional "con enfoque de género y DDHH". Capacitación permanente en los mismos rubros, así como el financiamiento de estas iniciativas por parte del Estado son algunas otras de las peticiones vertidas en esta recomendación.
De cara al importante incremento de los casos de agresión y violencia física, psicológica y sexual en contra de las mujeres en México (que asciende a 180 mil 646 casos registrados en el primer semestre del 2020), queda claro que es urgente la implementación de medidas de emergencia. Esta recomendación, que se suma a los esfuerzos de colectivos y organizaciones políticas y sociales, así como de familiares y víctimas por hacer oír su voz, carece, sin embargo, de un carácter vinculante. Esto quiere decir que el Estado no tiene ninguna obligación de atender las "recomendaciones" del organismo.
En todo caso, y ante la gravedad de la crisis, la capacitación del personal con "perspectiva de género" o la implementación a nivel nacional de medidas y protocolos como la Alerta de Violencia de Género, botones de pánico y líneas de emergencia, "corredores seguros", resultan insuficientes. Así lo han demostrado las reiteradas denuncias que colectivos, organizaciones y familiares han realizado sobre la ineficacia de protocolos como la AVG o los "senderos seguros" allá en donde se han implementado. Otro ejemplo es el uso de agentes de la policía mujeres, que con gases lacrimógenos pigmentados de morado y escudos de apariencia más ligera demostraban cómo entiende el Estado la "perspectiva de género".
Las represiones de movilizaciones de mujeres en Cancún, Oaxaca y la Ciudad de México avaladas por la administración de la 4T -así como las cifras que indican que son mujeres las que están llevando la peor parte del impacto de la pandemia tanto en la administración de la carestía como en la primera línea entre el personal médico-, son una muestra del carácter estructural de la violencia hacia las mujeres que es urgente disolver junto con los cuerpos policíacos.
Contra la represión, la violencia feminicida y la precarización de las vidas de las mujeres, es urgente impulsar la coordinación a nivel nacional de la lucha que dé una respuesta efectiva a la exigencia de verdad y justicia, así como de juicio y castigo a los responsables. La instalación de comisiones investigadoras independientes debe contar con pleno acceso a los recursos que el Estado pueda garantizar, con plena independencia política.
Para que las exigencias de víctimas y familiares no caigan en saco roto ni sean botín político en tiempos de elecciones, ¡impongámoslas con organización y lucha independiente! Conoce y súmate a un comité de Pan y Rosas México.
