Aunque Enrique Peña Nieto ha declarado que esta ley no entrará en vigor sino hasta que la SCJN decida sobre su constitucionalidad, altos mandos de las Fuerzas Armadas ya celebran su aprobación.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Jueves 28 de diciembre de 2017
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) insistió en que interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por el Ejecutivo la semana pasada.
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La maestra Sulem Estrada, que hoy busca conseguir una candidatura independiente para el Congreso de la Ciudad de México, denunció que esta ley fue aprobada a pesar de las advertencias emitidas por organismos como la CNDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las múltiples protestas realizadas a lo largo del país que denunciaban las violaciones a los derechos humanos que han pasado a ser legales con la aprobación de esta Ley.
"Aunque Enrique Peña Nieto ha declarado que esta ley no entrará en vigor sino hasta que la SCJN decida sobre su constitucionalidad, altos mandos de las Fuerzas Armadas ya celebran su aprobación", agregó .
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En un comunicado, la CDNH "lamentó" la poca voluntad de diálogo y reiteró que se trata de una ley que por sus ambigüedades, abre la puerta a un sinnúmero de irregularidades, no sólo por lo que atañe a la suspensión de garantías individuales, sino por el poder que le otorga a las Fuerzas Armadas tanto en lo operativo como en lo administrativo, pues no ofrece ninguna certeza de transparencia.
Esta ley es la clara expresión del proyecto de militarización del que se han valido los gobiernos de los últimos tres sexenios para imponer sobre los millones de trabajadores sus reformas y los mandatos de Estados Unidos. Sulem Estrada
De cara a la aprobación de esta Ley reaccionaria, la plataforma Anticapitalistas al Congreso ha llamado a todos los sectores en lucha a organizarse para echar abajo esta medida y exigir el cese a la militarización y a la criminalización de la protesta.
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