Egipto. COP27: Conferencia Climática en un país que persigue activistas y no lucha contra el calentamiento

La conferencia climática internacional de la ONU, COP27, se inauguró este fin de semana en la ciudad costera de Sharm el-Sheikh en Egipto. Jefes de Estado, científicos, ONG de todo el mundo se reúnen durante dos semanas para debatir sobre el calentamiento global y la transición a las energías renovables. La reunión internacional, que ya ha demostrado su ineficacia para frenar el cambio climático, se lleva a cabo este año en un país notoriamente conocido por su inacción climática y una cruda represión y persecución a los opositores políticos y activistas ambientales.

Abdel Fattah al-Sissi, que llegó al poder en 2013 tras derrocar al gobierno de Mohamed Morsi, está al frente de un régimen cuasi dictatorial. Desde su acceso al poder, el gobierno de Al-Sissi ha ejercido una política represiva sin precedentes, incluso peor que bajo el Gobierno de Hosni Mubarak, el presidente derrocado al inicio de la Primavera Árabe en 2011. La libertad de prensa es casi inexistente, la libertad de manifestación es intensamente intimidada, y el país tiene más de 60.000 presos políticos, cifra que sitúa a Egipto entre los peores del mundo.

Uno de los ejemplos más elocuentes y conocidos de represión política es el de Alaa Abd el-Fattah. Este activista egipcio, figura del levantamiento y la rebelión de 2011, pagó muy cara su lucha por intentar acabar con la corrupción y el autoritarismo de Mubarak y su Gobierno. Condenado en 2014 por haber participado en "manifestaciones no autorizadas", Alaa permanece desde entonces en prisión, en condiciones inhumanas. Comenzó una huelga de hambre hace unos meses y desde que comenzó COP dejó de beber agua. Estará libre o muerto cuando termine la COP. Como él, decenas de miles de presos políticos están encerrados, a menudo sin ningún tipo de juicio, expuestos a la tortura. Una situación que no va a cambiar, siendo el Egipto de al-Sissi un aliado predilecto de muchas potencias imperialistas, y en primer lugar de la Unión Europea y Francia.

El gobierno egipcio montó una intensa campaña de comunicación para dar la impresión de que los derechos humanos básicos estarían garantizados durante la conferencia, pero no hay nada más lejos de la realidad. La ciudad de Sharm el-Sheikh, un refugio histórico para la burguesía egipcia y los turistas adinerados de todo el mundo, ya está muy avanzada en la segregación de las poblaciones locales, principalmente beduinos, de las clases sociales más ricas del país. Se construyó un verdadero muro alrededor de la ciudad para separar a las poblaciones (oficialmente para prevenir "actos criminales o terroristas"). El acceso a las playas es prácticamente imposible para los habitantes de los alrededores, habiéndose privatizado todas las playas de la ciudad y estando ahora en manos de hoteles de lujo, los cuales son totalmente inasequibles.

La represión también se ha extendido al terreno virtual: la aplicación oficial de la COP permite que la inteligencia rastree los movimientos de todos los visitantes y solicita un número de pasaporte al momento de la instalación. En la misma línea, los primeros visitantes de la conferencia denunciaron la imposibilidad de conectarse a sitios que son opositores al gobierno, incluido el de la ONG Human Rights Watch.

Aún así, aquellas personas y organizaciones autorizadas para presenciar la cumbre han sido cuidadosamente seleccionadas: la llegada de ONG egipcias y activistas está sujeta a la aceptación previa de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Solidaridad. La mayoría de las organizaciones con voces incluso ligeramente disidentes no han sido invitadas, y cualquier acción de protesta ha sido relegada a un área segura a lo largo de la carretera que conduce al balneario donde se desarrollan las actividades de la COP. Ante esta acción represiva, la ONU y la CMNUCC, que supervisa la conferencia, hacen oídos sordos. Para Ahmad Abdallah, de la Comisión Egipcia por los Derechos y las Libertades, cuya entrada a la COP ha sido bloqueada, “la ONU es cómplice del gobierno egipcio para blanquear este régimen".

De hecho, la COP27 es una oportunidad sin igual para que el gobierno de al-Sissi organice una gigantesca operación "Green Washing" [lavado de cara ecológico] en un país que no hace casi nada para reducir su huella de carbono, limpiar ciudades o preservar los arrecifes de coral que bordean el Mar Rojo. La abismal huella de carbono de Egipto se puede atribuir en gran medida a la política de liberalización emprendida por Hosni Mubarak durante sus décadas en el poder, bajo la mirada benévola de Occidente.

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Pero la situación se ha deteriorado dramáticamente desde que al-Sissi tomó el poder. El país sigue dependiendo en un 95% de los combustibles fósiles, la producción de petróleo se ha duplicado desde 2006 y El Cairo es una de las capitales más contaminadas del mundo (10 veces el índice prescrito por la OMS). Las actividades extractivas, gestionadas en su mayor parte por el ejército, tienen un impacto extremadamente dañino sobre la fauna y la flora del país, y más particularmente en el Sinaí, donde se encuentra Sharm el-Sheikh. La vieja presa de Asuán produjo efectos irreversibles en la ecología del Nilo, cuyo lecho se está erosionando a una velocidad vertiginosa. Los daños en el delta del Nilo, combinados con la subida de las aguas del Mediterráneo, provocarán el hundimiento de Alejandría, una de las ciudades más grandes y capital del país durante mil años, en las próximas décadas.

El lugar elegido por la COP27 es así un pequeño resumen de todo lo que no se debe hacer en la lucha contra el calentamiento global. La organización de una conferencia para la salvaguardia del planeta en uno de los países más autoritarios del mundo y que menos hace contra el calentamiento global ya es un reto en sí mismo. A esto se suma el hecho de que la conferencia se lleva a cabo en una de las regiones más afectadas por los efectos del cambio climático. Si los arrecifes de coral del Mar Rojo aún se conservan, siendo más resistentes que los de la Gran Barrera de Coral, la Península del Sinaí está llevando la peor parte de los efectos de la acción humana sobre el planeta.

La elección de Sharm el-Sheikh para una conferencia sobre el clima es un desaire a quienes luchan por su preservación: esta ciudad de cemento y asfalto, un horror ambiental, es un símbolo de la impunidad de las clases burguesas en la destrucción de los ecosistemas, cuando las poblaciones más pobres son las primeras en sufrir los efectos del calentamiento global. Como señala Hussein Baoumi de Amnistía Internacional para The Guardian: Sharm el-Sheikh es un lugar de ensueño donde el gobierno puede excluir a la mayoría de los egipcios e invertir enormes cantidades de recursos para garantizar que todo esté bajo vigilancia y control. Esto es indicativo de cómo la presidencia y los líderes egipcios ven su sociedad ideal: una sociedad cerrada sin el pueblo pobre.

Es en este contexto que Egipto acoge hoy la COP27, en un silencio casi absoluto por parte de los Jefes de Estado y las ONG invitadas a la conferencia. Es cierto que se escuchan algunas tímidas protestas: el primer ministro británico, Rishi Sunak, ha anunciado que quiere "discutir" el caso de Alaa con al-Sissi, pero más allá de estos gestos protocolares nada cambiará para los egipcios o para los 60.000 presos políticos del país, teniendo en cuenta que Egipto es el socio predilecto de la mayoría de los jefes de estado imperialistas invitados a la conferencia. Las asociaciones de hidrocarburos egipcias se han multiplicado este año en el contexto de la guerra en Ucrania y la actual crisis del petróleo y el gas. La Unión Europea, por su parte, ha iniciado el proceso de negociación de un contrato lucrativo para la entrega de GNL israelí (gas natural licuado) a través de Egipto.

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