Coronavirus. COVID-19 y la crisis sanitaria en Perú

Esta medida presidencial implica la suspensión de clases en colegios públicos y privados, universidades e institutos por 15 días (hasta el 30 de marzo). Así mismo, se cancela todo evento masivo que congregue una cantidad mayor a 300 personas, se suspende también las actividades laborales en diversas áreas productivas y de servicios, solamente están facultados para seguir laborando sectores como los bancos y zonas de expendio de alimentos y productos de primera necesidad. El transporte público nacional también sufrió restricciones y las fronteras internacionales fueron cerradas para evitar los probables contagios provenientes de otros países. Desde el lunes 16 de marzo las fuerzas armadas y la policía nacional están en las calles obligando a la población a cumplir con las disposiciones del ejecutivo.

El rápido incremento de los contagiados, pone en evidencia la grave crisis y la profunda vulnerabilidad que adolece el sistema de salud pública en el Perú. Esto es posible debido al predominio de políticas económicas que en los últimos 30 años han permitido la descapitalización del Estado a partir de los beneficios a los grandes empresarios y a los banqueros. Estas iniciativas políticas vienen siendo aplicadas a raja tabla por el actual presidente de la República.

Los más afectados: los trabajadores y el pueblo pobre

Los más afectados con estas medidas del ejecutivo serán los trabajadores precarizados, sub empleados y desempleados, quienes a su vez son los que acceden a más bajos ingresos y hoy representan a un sector importante de la clase trabajadora. Ellos se encuentran, casi siempre, en una situación de informalidad, esto quiere decir que no cuentan con un contrato de trabajo y con derechos laborales que los asistan. La mayoría de ellos viven del día a día.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, los trabajadores informales en el Perú representan el 75% de la Población Económicamente Activa PEA. Esto quiere decir que tres de cada cuatro trabajadores, se encuentran en la actualidad desempeñando un empleo informal, por tanto, lo que dure la cuarentena decretada por el ejecutivo no recibirán ningún tipo de remuneración económica para subsistir y al concluir el plazo preventivo no tendrán un sueldo esperándolos sino todo lo contrario. Muchos de estos trabajadores informales ya han empezado a ser despedidos por sus empleadores hasta nuevo aviso o hasta que concluya la situación de riesgo.

Por otro lado, los especialistas consideran que otro de los sectores golpeados con la reciente medida será la industria turística y la denominada industria del entretenimiento, que juega un papel importante en la economía nacional al generar un significativo número de puestos de trabajo. Esta actividad, al estar paralizada, definitivamente terminará generando pérdidas cuyo valor no se ha estimado aún, pero todos coinciden en que será alto. Con el cierre de las fronteras internacionales, implementado desde las 0 horas del martes 17 de marzo, zonas comerciales como Tacna, por ejemplo, cuya economía depende en gran medida de la afluencia de turistas extranjeros, sufrirán un serio revés.

Para encarar la crisis sanitaria potenciada por el COVID-19

La salud pública en el Perú sufre una crisis profunda, por eso enfermedades como el dengue y la tuberculosis son endémicas. La causa fundamental de estas y otras enfermedades es la pobreza y la desnutrición que afecta a la población más pobre del país, aquella cuyos ingresos mensuales no superan el sueldo mínimo. Estas enfermedades no son atendidas debidamente en los centros de salud disponibles ya que las campañas de prevención resultan insuficientes y, en gran medida, a la falta de medicamentos y de los recursos necesarios. Por esa razón se cree que, de propagarse aún más el número de contagiados de COVID-19, los centros de salud no se darán abasto y esto puede conllevar a una situación muy difícil sobre todo para los sectores de bajos recursos.

Ante una crisis como esta, si bien es importante no perder la calma, tampoco debemos perder el sentido crítico. Es necesario información de fuentes confiables y tomar las medidas de precaución debidas para reducir el riesgo de contagio, pero también es muy importante evitar que lo que ocurre con esta pandemia nos orille al egoísmo y al consumismo irresponsable. Que el COVID-19 no se convierta en un motivo de mayor división y temor entre los trabajadores, ya que hoy más que nunca nos necesitamos unos a otros, por ello no permitamos que un tema tan delicado se convierta en tapadera de los gobiernos de turno ni en excusa para la vulneración de nuestros derechos.

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Por esa razón, consideramos que las y los trabajadores debemos exigir que se apruebe cuanto antes un dispositivo legal que impida los despidos de cualquier trabajador (sea este formal o informal), así mismo, exijamos que el Estado garantice la distribución gratuita de todo lo necesario para la detección temprana de la infección: desde los elementos básicos (alcohol en gel, jabón, mascarillas, guantes, etc.) hasta los necesarios, como: kits de test para que se realicen en forma gratuita y masiva a todo el que tenga síntomas, asumiendo el control de los grandes laboratorios privados. Esto va de la mano de que el Estado asegure la producción de todos los medicamentos que tengan efectividad para enfrentar la pandemia. Así mismo, proponemos la centralización de todo el sistema de salud, incluyendo la salud privada (desde los grandes laboratorios a las clínicas y hospitales privados), y que esta funcionen bajo gestión pública y el control de las y los trabajadores y los especialistas, solo de esa manera podremos garantizar lo señalado anteriormente. Estas y otras medidas nos permitirán encarar esta crisis sanitaria desde una perspectiva estructural y sin afectar los intereses de las y los trabajadores y el pueblo pobre.