Represión y corrupción: negocio redondo. A 4 años del escándalo que destapó la máquina de defraudar al interior del Ejército los fondos de la Ley Reservada del Cobre y ad portas de un año de negociaciones colectivas en la minería.
Martes 20 de febrero de 2018
En medio de la agitación de la Operación Huracán y la información chatarra que satura los medios de comunicación masiva, el caso Milicogate se reabre sin generar mayor revuelo. El general del Ejército Héctor Ureta Chinchón fue procesado por el desvío de fondos de la "Ley Reservada del Cobre".
El sábado 10 de este mes, la ministra Romy Rutherford acusó a Héctor Ureta, ex comandante de la División de Mantenimiento de la rama castrense de permitir la defraudación siete mil millones de pesos desviados a bolsillos personales de militares y proveedores confabulados, desvíos de los aportes de la Ley Reservada del Cobre, que obliga a la cuprífera estatal, Codelco a entregar el 10 por ciento de las ventas.
En ese sentido, la magistrada sostuvo en la resolución que hay presunciones fundadas de que el alto mando le ha correspondido una intervención directa e inmediata en la ejecución de los hechos en calidad de autor.
"En el caso aparecen indicios suficientes para estimar, en el presente estado procesal, que el inculpado Héctor Ureta a lo menos consintió, toleró o permitió que otros oficiales del Ejército, que se encontraban bajo su mando, defraudaran al fisco", señala el fallo.
En tanto, Ureta manifestó que como general dio cuenta de la situación del fraude al fisco y “que quienes robaron la plata son personas que actualmente se encuentran en la calle, que no sabe quiénes son; personas que estaban encargadas de llevar cuadratura del dinero correspondiente de la Ley del Cobre en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) y no lo hicieron; y a su vez generales que debieron controlar, y que no lo hicieron".
Más de 1.200 pagos indebidos
La relación de la institución con proveedores civiles cuenta con tres niveles de control: el organismo que ordenaba la compra, el que fiscalizaba la coherencia con las políticas institucionales y donde se debía fiscalizar la relación entre paga, gestión y bienes transados. Lo que implicaría directamente en la ejecución de los desvíos al general Jorge Salas y el general Miguel Muñoz, cada uno a cargo de los filtros de control que no se aplicaron.
El general Jorge Salas tuvo a su cargo el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), unidad era la responsable dentro del Ejército de controlar saldos correspondientes a la Ley Reservada del Cobre, que habrían sido desvíados en más de 1.200 pagos indebidos.
Pero Ureta o Salas no son excepciones. El ejército y los empresarios se enriquecieron y saquearon los recursos naturales y los derechos colectivos de los trabajadores con una dictadura anti-obrera, que deja en evidencia la función social que cumple el Estado y sus Fuerzas Armadas.
Mientras gobiernos de turno llaman a la moderación respecto a las expectativas salariales o piden realismo cuando se exigen derechos sociales.
Represión y corrupción: negocio redondo
El año 2015 Fuerzas Especiales de Carabineros disparó más de 30 veces su arma contra trabajadores contratistas de Codelco que se encontraban en una huelga. Una huelga que se empeñan en llamar ilegal, pese a los convenios internacionales a los que ha adherido el Estado de Chile. La llaman ilegal porque trabajadores de diversas empresas exigieron a la empresa mandante que garantice condiciones mínimas para el 70 % de su dotación, los subcontratados y un bono de 2 millones de pesos.
¿Qué son dos millones de pesos, contrastados con los siete mil millones de pesos, defraudados, gastados en propiedades para violadores de derechos humanos, en lujosos viajes, caballos, fiestas, prostitutas y casino?
Asesinaron a un huelguista que trabaja 12 horas diarias, más horas de traslados, por 10 días seguidos, para luego contar con 5 o 10 días de descanso, en condiciones de trabajo pesado, que literalmente con el sudor de su frente produjeron esa riqueza, que podría financiar sus derechos sociales y los de toda la clase trabajadora que actualmente no puede saciar necesidades básicas, pese a todo el adelanto de la ciencia y la tecnología.
Luego del asesinato, los dirigentes del Partido Comunista, llegaron a un protocolo de acuerdo para desmovilizar a los trabajadores que exigían sólo saborear el fruto de su trabajo. Dirigentes que también han sido salpicados en el escándalo de la corrupción. El fraude en las elecciones de la CUT el años 2016, dejó en evidencia que “el pie en la calle y el pie en el gobierno”, no fue más que una política de contención de la confianza de la clase trabajadora en sus propias fuerzas, priorizando por darle estabilidad al gobierno de la Nueva Mayoría.
Golpearon a uno de los sectores más combativos de los trabajadores con el asesinato de un compañero y con la traición de sus dirigentes. Los empresarios, respaldados por la Nueva Mayoría y la Derecha, consiguieron despedir a miles de trabajadores e implementar una Reforma Laboral que perfecciona el Código Laboral de la Dictadura.
Echaron a la calle a trabajadores enfermos, a los que se movilizaron, a los que eran parte en contratos colectivos ganados con una huelga que duró 37 días el año 2007 y que pasó por sobre la legalidad impuesta con bota militar. El exterminio y la tortura intentaron cegar la conciencia de la clase trabajadora para que renunciara a la perspectiva de una sociedad de productores libres, donde el trabajo fuera la abundancia de toda la humanidad, una sociedad socialista.
La Operación Huracán, confirma que el uso de la violencia que ejerce el Estado está al servicio de los empresarios y que los trabajadores del cobre que protagonizarán la mayor cantidad de negociaciones colectivas en 10 años tienen una tradición de unidad que no solo deberán retomar como movimiento contratista, sino para buscar la unidad con otros sectores como el pueblo mapuche, el movimiento estudiantil, migrantes y mujeres para recuperar los derechos arrebatados a punta de metralla.
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