Este lunes fue separado de su cargo el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, presentó a Manelich Castilla como el relevo de Galindo, sin mencionar durante su anuncio a Nochixtlán ni a Tanhuato, casos en donde la PF fue señalada como responsable de asesinato y tortura.
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Martes 30 de agosto de 2016
Por medio de un mensaje ante los medios de comunicación, la Secretaría de Gobernación, en voz de su titular Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la separación de su cargo del comisionado general de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo Ceballos. Sin responder preguntas de la prensa y sin mencionar siquiera a Nochixtlán o Tanhuato, Chong presentó a Manelich Castilla Craviotto como nuevo comisionado y señaló que el cambio se realizaba “en el marco de los hechos recientes y por instrucciones del Presidente de la República”.
En su anuncio, el secretario de gobernación “dio instrucciones” para que el nuevo comisionado continúe y profundice “el esfuerzo de capacitación” de los elementos de la Policía Federal en materia de derechos humanos, así como “continuar trabajando para garantizar condiciones de tranquilidad en la población”. Así mismo, instruyó a Castilla Craviotto para mantener coordinación entre el gabinete de seguridad federal y los distintos niveles de gobierno.
La Policía Federal: represión y ejecuciones
Este cambio ocurre en el marco del escándalo que significó el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Tanhuato, en donde señalaron que elementos de la Policía Federal habían actuado en detrimento de los derechos humanos, realizando ejecuciones sumarias en contra de civiles.
La Policía Federal había estado inmersa en otro escándalo recientemente, debido a los hechos ocurridos el pasado 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, en donde los uniformados abrieron fuego en contra de la población, dejando un saldo de más de 10 asesinados y un centenar de heridos.
En ambos casos la Policía Federal salió a negar los hechos, a pesar de que la evidencia audiovisual, pericial, así como testimonios, les señalaban de forma irrefutable. Altos mandos de la PF descalificaron los testimonios de las víctimas y rechazaron cualquier versión que no fuera la de que habían actuado de acuerdo a los protocolos vigentes.
La recomendación emitida ayer por Chong de “impulsar la formación y adopción de protocolos de uso de la fuerza”, así como de ampliar las capacidades tecnológicas y humanas de la Policía Federal no es una respuesta para la demanda de verdad y justicia para los caídos de Nochixtlán. Se trata del anuncio velado de que se busca continuar la avanzada represiva, cada vez con mayor respaldo de las leyes, dictadas a modo para garantizar la impunidad y para profundizar las medidas con las que el Gobierno Federal pretende blindar la imposición de las reformas estructurales.
De Ayotzinapa a Tanhuato
La administración de Galindo, empañada desde su inicio en 2012 por el accionar de la Policía durante la represión de diversas manifestaciones en la Ciudad de México, estuvo también atravesada por la implicación de por lo menos una docena de sus elementos en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
A pesar de que diversas organizaciones de sociales y defensoras de derechos humanos exigieron su renuncia, Galindo se mantuvo al frente de la PF, misma que meses después, en mayo de 2015, sería responsable de la irrupción en el poblado de Chilapa, Guerrero y del asesinato de por lo menos una persona, según la siempre conservadora información oficial. Ese mismo mes, sucedería la masacre de Tanhuato, en donde 42 personas fueron asesinadas por la PF en Tanhuato, Michoacán.
Pese a que los informes periciales señalaban graves irregularidades en la versión de la PF sobre las condiciones en las que ocurrieron los hechos de Tanhuato, Galindo permaneció en su cargo. En junio de 2016 la PF protagonizaría una vez más la irrupción en un poblado, en esta ocasión con marco en la lucha que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación están librando en contra de la reforma educativa. La versión de lo ocurrido en Nochixtlán, Oaxaca dio un giro brusco cuando el ahora excomisionado tuvo que admitir el uso de armas de fuego, pero argumentando en todo momento que los culpables habían sido, en todo caso, los pobladores del lugar.
Hoy, el nombramiento del yucateco Manelich Castilla Craviotto no es sino un intento de desviar el malestar que estaba acumulando la administración de Galindo, pero no significa en ningún momento un cambio en la política estatal en torno al uso de las fuerzas represivas.
Entrenado en alta dirección policial en la Policía Nacional de Colombia y la Real Policía Montada canadiense, Castilla Craviotto, quien también fue adiestrado por el Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés), se perfila para ser continuador de una política represiva en contra de quienes se opongan a los planes del gobierno federal y de los grandes empresarios.
