Después que Trump eliminara el programa DACA, que permite que los que llegaron en la infancia a EE. UU. puedan estudiar y trabajar, y que impide su deportación, el estado y la Universidad de California han presentado demandas en contra de esta medida.
Martes 12 de septiembre de 2017
El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), fue implementado en el año 2012 por la administración de Barack Obama, éste protegía durante dos años, renovables, a todos los menores de edad que llegaron a Estados Unidos de la deportación, les otorgó permisos de estudio y trabajo, y licencias de conducir. Benefició a 800,000 mil jóvenes, tres cuartas partes son de nacionalidad mexicana y California tiene a la mayor cantidad de registrados.
El actual presidente Donald Trump anunció a inicios de septiembre de este año que eliminaría el programa DACA. Dio un plazo de seis meses.
Éste lunes, el estado de California se opuso a la decisión de Trump de poner fin al programa, ante lo cual el procurador estatal, Xavier Becerra, presentó una demanda argumentando que el gobierno viola la Constitución y otras leyes al rescindir el programa DACA, y dijo que uno de cada cuatro beneficiados vive en California.
Además de ese estado, presentaron otras acciones legales contra dicha política de Trump los estados de Maryland, Maine y Minnesota, una cuarta parte de los que anunciaron que demandarían al gobierno para revocar la medida antimigrantes..
Por otro lado, la Universidad de California denunció que perderá miles de estudiantes y trabajadores con la eliminación del programa, y presentó una demanda en una Corte Federal de San Francisco. La quejosa es la Presidenta de la Universidad, Janet Napolitano, quien fuera Secretaria de Seguridad Nacional durante la administración de Barack Obama, y que además participó en la puesta en marcha del programa DACA.
La cancelación del programa DACA es una muestra más de la política anti inmigrante que Donald Trump viene promoviendo desde su campaña presidencial. Los 800,000 jóvenes beneficiados con dicho programa perderían el derecho a estudiar, trabajar y corren el riesgo de ser deportados. Un movimiento de la juventud y los trabajadores de ambos lados de la frontera es necesario para echar atrás ésta medida xenofóbica.
