Este lunes la Cámara Federal confirmó el procesamiento de seis genocidas, de los diez imputados. A tres les dictó falta de mérito, y uno fue sobreseído. El operativo se realizó el 29 de septiembre de 1976 donde resultaron asesinados cinco integrantes de la organización Montoneros.
Rosa D’Alesio @rosaquiara
Martes 27 de septiembre de 2022 11:41
Los militares procesados integraron el Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA). En el operativo fueron asesinados, además de Victoria Walsh, Alberto José Molina Benuzzi, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel. En el mismo operativo, luego de la masacre, secuestraron a la familia dueña de la casa, y dos menores de edad. Una de ellas era la hija de Victoria de apenas un año y unos meses, quien poco después fue entregada a sus suegros. Su compañero se encontraba preso desde el año anterior.
Mientras la defensas plantearon que no se podía responsabilizar a los militares por la muerte de Victoria Walsh, la Cámara sostuvo lo mismo que afirma las querellas, que su muerte no puede escindirse de la naturaleza del operativo, que como mínimo, implicaría la privación ilegítima de la libertad.
La querella, integrada por Patricia Walsh, hermana de Victoria, y los abogados Myriam Bregman y Matías Aufieri, cuestionó que la Cámara Federal dictara la falta de mérito al responsable de inteligencia del GADA, Enrique Re.
Al respecto, Aufieri, integrante del CeProDH, en diálogo con este diario sostuvo: “Las faltas de mérito, le ordena al juez volver a convocar a los testigos para que diga dónde estaban los militares al momento del operativo. También le indica avanzar en las responsabilidades de Gendarmería y de la Policía Federal”.
Para Aufieri, la resolución confirma en lo sustancial, “la mayoría de los procesamientos y la verdad histórica que planteamos desde la querella. Desde ya no coincidimos con el carácter secundario o "prescindible" que se le asigna a la participación de algunos imputados, más allá que seguimos peleando para que se avance en investigar el accionar de Gendarmería y Policía Federal que también participaron del ataque, y al Nabo Barreiro y al Batallón 601 que hicieron la inteligencia previa a la masacre. Estas responsabilidades aún no establecidas, son incluso señaladas por la Cámara”.
De la investigación de este proceso se establece la intervención de personal de Gendarmería Nacional y de la V Zona de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Argentina, sobre quienes aún no se han formulado imputaciones.
Por lo cual, en el fallo se descartan los argumentos de la Defensa, de que nadie de sus representados disparó. Las evidencias permiten inferir lo contrario, incluso ante el supuesto de ser atendible la versión de que sólo su tarea consistió en hacer un cerco perimetral interno. “La actuación de autoridades jerárquicas del I Cuerpo de Ejército y de dependencias vinculadas a la actividad de inteligencia, dan cuenta que la colaboración del personal del GADA 101 –y sobre todo de quienes detentaban cargos de menor entidad dentro de la Jefatura de Área-, no puede comprender más que un eslabón prescindible dentro del procedimiento efectuado, por lo que –de momento- la atribución de los hechos, lo será en carácter de cómplices secundarios (art. 46 del C.P.)”, según consta en el fallo de la Cámara Federal.
Bajo estas consideraciones la Cámara sostiene que “los causantes no sólo constituían una pieza intercambiable dentro de la organización ilícita” y agrega que “en consecuencia, su responsabilidad se adjudicará en los términos del art. 46 del C.P.”.
¿Cómo fue la masacre?
El 29 de septiembre de 1976, la casa ubicada en la calle Corro, en el barrio de Floresta, fue rodeada por más de cien soldados y hombres de los grupos de tareas que reportaban al Primer Cuerpo del Ejército y el Grupo de Artillería Aérea 101 (GADA).
Autos, tanques, camiones con bazookas y un helicóptero, fue parte de la logística desplegada en el operativo dirigido por el coronel Roberto Roualdes y Ernesto “el Nabo” Barreiro. Este último es un genocida, condenado por los crímenes en el Centro Clandestino La Perla, que funcionó en la provincia de Córdoba y fue la voz de mando del alzamiento carapintada de Semana Santa de 1987.
En la causa que investiga la masacre de la calle Corro, se encuentran los testimonios de conscriptos que en el operativo participaron no todas, fuerzas de seguridad, además del Ejército, con centenares de efectivos. Desde la Policía Federal, aún de civil, y el cuerpo de Bomberos, hasta la Gendarmería.
La investigación judicial se inició recién en 2015, en el marco de la megacausa “I Cuerpo del Ejército" que tramita ante el Juzgado Federal n°3 a cargo de Daniel Rafecas.
Patricia se presentó como querellante en la causa en mayo de 2018, lo hizo con el patrocinio de los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
La querella solicita que el crimen de Victoria sea investigada, por primera vez, en el marco del genocidio ocurrido en la última dictadura cívico militar.
En la misma causa "Operativo Calle Corro 105", Lucía Coronel, hija de José Carlos Coronel, se presentó como querellante con el patrocinio de abogados del CeProDH.
Rosa D’Alesio
Militante del PTS, columnista de la sección Libertades Democráticas de La Izquierda Diario; se especializa en temas de narcotráfico y Fuerzas Armadas.
