La jornada de este martes estuvo marcada por movilizaciones estudiantiles en diversas ciudades del país en rechazo a la gratuidad mercantil del gobierno y la derecha. Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados aprobó de manera express la ley corta presentada por el gobierno luego del fallo del TC.
Iván Palma Santiago de Chile
Martes 22 de diciembre de 2015
La Nueva Mayoría está decidida a aprobar la ley corta propuesta por el gobierno para modificar la glosa presupuestaria impugnada por el Tribunal Constitucional a petición de la derecha.
El fallo del TC implicó un triunfo político de la derecha, pues se impuso la postura de que el Estado debe financiar a las instituciones privadas en igualdad de condiciones respecto las universidades estatales.
La derecha, acérrima opositora de la educación gratuita y defensora del modelo mercantil heredado de la dictadura, desplegó un discurso demagógico en contra de la “discriminación”, que lejos de responder a las necesidades de los estudiantes pobres, buscaba asegurar que los empresarios educativos sean subsidiados por el Estado.
El fracaso de la glosa presentada por el gobierno implicó una fuerte crisis política para la Nueva Mayoría, que acrecentó las divisiones y tensiones. Ante la ofensiva de la derecha, el gobierno respondió cediendo a los empresarios educativos.
Esto lo llevó incluso a barajar la posibilidad de dejar fuera de la gratuidad a tres universidades estatales del plan de gratuidad, lo cual generó la indignación del movimiento estudiantil y el rechazo de académicos, funcionarios y autoridades de las universidades estatales.
La respuesta del movimiento estudiantil fue el impulso de una serie de acciones de movilización en contra de la gratuidad mercantil de la derecha y el gobierno. Pese al rechazo estudiantil, la Cámara de Diputados terminó aprobando la ley corta.
Una nueva concesión del gobierno a los empresarios educativos
Recordemos que el proyecto original del gobierno ya implicaba reducir la gratuidad a un 50% de los estudiantes y financiarlo vía subsidios a los privados. La glosa planteaba como requisitos que las instituciones no lucraran y que existieran mecanismos de participación en los gobiernos universitarios.
Ante la impugnación del Tribunal Constitucional, el gobierno cedió aún más. La ley corta permite a las universidades estatales ingresar a la gratuidad desde el 2016. Las universidades privadas tradicionales ingresarán en la medida que cumplan cuatro años de acreditación y que no lucren.
En el caso de las universidades privadas, podrán acceder con los mismos requisitos que las tradicionales. Es decir, se quitó como exigencia que existan mecanismos de participación estudiantil en los gobiernos universitarios. A su vez, la ley corta implica aumentar las becas Nuevo Milenio para los Institutos de Formación Profesional y los CFT, con un límite de $ 900.000 anual por estudiante.
En otras palabras, se consolida la figura de la “gratuidad mercantil”: no tiene carácter universal, gran parte se otorga a través de becas y se siguen transfiriendo millonarias sumas a los empresarios educativos.
La derecha sigue amenazando con recurrir al TC
Durante la mañana la ley corta fue aprobada en la Comisión de Hacienda de la cámara de diputados. Pese a haber sido ya aprobada el lunes, se volvió a revisar puesto que existió un “error involuntario” en la redacción del proyecto que dejaba fuera las universidades tradicionales del G9.
Durante la tarde fue aprobada en la Cámara por 74 votos a favor. La derecha se abstuvo. Luego de esto pasó al Senado, en donde la Comisión de Hacienda de la cámara alta aprobó la ley corta con el voto en contra de Juan Antonio Coloma, quien puso una reserva de constitucionalidad. Así, la ley quedó lista para ser votada este miércoles, para ser despachada el jueves de esta semana.
La derecha amenazó con recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional, argumentando que los IP y CFT quedaron fuera del plan de gratuidad.
El rechazo estudiantil
Desde la mañana se realizaron diversas movilizaciones a lo largo del país. Cada una de ellas fue duramente reprimida por Carabineros. La CONFECH convocó a una marcha central en Santiago. Sin embargo, la movilización no tuvo el mismo carácter que el resto de las marchas estudiantiles, pues se realizó en la tarde y por el paseo Ahumada.
“La CONFECH no ha estado a la altura de la enorme crisis que se ha abierto a partir de la tramitación de la reforma educativa”, aseguró Dauno Tótoro, vocero nacional de la Agrupación Combativa y Revolucionaria.
El dirigente estudiantil agregó que es el momento de pasar de los dichos a los hechos. “Es ahora que se debe instalar una voz potente desde el movimiento estudiantil que diga con claridad que no queremos la gratuidad mercantil de la derecha y el gobierno. Queremos educación gratuita para todos, que las instituciones de propiedad estatal amplíen su matrícula, se eliminen las pruebas de acceso, para que todo estudiante que lo desee pueda estudiar gratis en la universidad pública. Es la única solución para no seguir subsidiando a los empresarios educativos”, afirmó Totoro.
“Para preparar un 2016 en las calles, es indispensable que el CONFECH convoque ya a un Congreso de delegados a nivel nacional, que permita unificar la voz del movimiento estudiantil y definir un plan de movilizaciones para enfrentar esta reforma educativa pacatada con la derecha”, puntualizó Dauno Tótoro.
