El gobierno tiene pensado que sea el presidente quien el domingo 22 de septiembre pueda dar a conocer cuáles van a ser los lineamientos en torno al Crédito con Aval del Estado (CAE) y el anuncio de un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, con lo que el discurso de la “gratuidad universal” queda bajo la alfombra.
Domingo 15 de septiembre de 2024
Este domingo 22 de septiembre, desde La Moneda se darán a conocer, a través de la voz del presidente, dos aspectos importantes en torno a la educación, que durante estos años han sido una piedra en el zapato para el gobierno: El fin al CAE y un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior.
En ambos casos, la propuesta del gobierno está lejos de acabar con el negocio educativo, demostrando que los discursos en tiempos de campaña eran solo palabras, pero ninguna perspectiva seria para enfrentar a los empresarios de la educación y el negocio en el que se ha transformado.
¿Fin al CAE?
Si, el anuncio sobre el “Fin al CAE” ya viene ganando fuerza en varios medios informativos y el gobierno lo piensa anunciar con bombos y platillos, pero se omite cierta información que es clave saber. Antes de entrar a los problemas de fondo, ¿Que es el CAE?, ¿Cómo se instaló en el país?
El año 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos de la concertación (una de las coaliciones políticas que fortalecieron la privatización de derechos como la educación en Chile) se implementó el Crédito con Aval del Estado (CAE). Este sistema permitía a los estudiantes solicitar un crédito de consumo a bancos privados para cubrir hasta el 100% del arancel referencial de sus carreras, con el Estado actuando como único aval. Sin embargo, los estudiantes debían pagar la diferencia entre el arancel referencial y el real de la carrera. Inicialmente, el crédito tenía un interés del 5.8% lo que era un gran abuso contra el bolsillo de las familias trabajadoras, pero en 2012, luego de las masivas movilizaciones estudiantiles que peleaban por educación gratuita, se redujo al 2%, siendo una deuda que se puede extender por 20 años.
A lo largo del tiempo, la deuda generada por el CAE ha crecido significativamente, alcanzando los US$ 11.900 millones. Además, la morosidad ha experimentado un fuerte aumento, especialmente en los años 2022 y 2023, durante la administración de Gabriel Boric. Mientras que entre 2016 y 2021 el porcentaje de personas en mora oscilaba entre el 37,5% y el 48,4%, en 2022 llegó al 54,4%, y en 2023 subió al 60,1%. Este incremento en la morosidad es considerable, ya que durante estos últimos años ha crecido en un 6% en 2022 y un 5,7% en 2023, frente a variaciones anuales anteriores que fluctuaban entre el 0,7% y el 3,3%.
En resumen, aunque el CAE surgió como una herramienta para facilitar el acceso a la educación superior, pero ha sido todo lo contrario, generando una deuda masiva y una creciente tasa de morosidad, lo que ha dejado a muchos estudiantes endeudados y con dificultades para cumplir con sus pagos. Dentro de los deudores del CAE, el 69% tiene ingresos mensuales inferiores a 750.000 pesos chilenos, es decir, un ingreso por debajo de la canasta básica familiar.
El problema de fondo es que este anuncio del gobierno no terminará con la larga lista de morosos en el CAE. Una deuda que los distintos gobiernos han buscado pagar a toda costa y entregando cientos de millones por parte del Estado. Al final, como suele suceder, es el Estado el que termina interfiriendo en estos negocios para pagar la deuda contraída por ellos mismos con grandes empresarios.
Es necesario que el Estado se haga cargo, pero no mediante otro crédito o sistema de financiamiento como propone el Gobierno, sino mediante el financiamiento integral vía aportes basales directos de las universidades estatales, que permita que las instituciones puedan impartir gratuitamente el derecho a la educación por la cual tanto ha luchado el movimiento estudiantil, la expansión progresiva de la matrícula con los respectivos planes de infraestructura y el paso a planta de funcionarios/as. Demandas tan cruciales como el impuesto progresivo a las grandes fortunas, o la nacionalización de los recursos naturales bajo gestión de sus trabajadores y las comunidades, es crucial para hacer posible estas medidas.
