El tema de la "inseguridad" en boca de los principales candidatos: "mano dura" desde Macri a Massa. Cristina Kirchner se suma a la ola.
Lunes 19 de junio de 2017 11:53
El tema de la "inseguridad" atraviesa la política de los principales partidos. En nombre de ella, todos han destinado presupuestos millonarios: desde el sistema de espionaje de cámaras montado en Tigre por Sergio Massa, pasando por la creación de los "pitufos" del exgobernador peronista Daniel Scioli, hasta la creación de la Policía Metropolitana de Mauricio Macri.
Los proyectos de presupuestos de ajuste del macrismo (votados por la falsa "oposición" peronista, tanto en su variante pejotista como massista) incluyen importantes aumentos en materia de "defensa y seguridad", incluso con porcentajes por encima de salud. Las prioridades quedan a la vista.
Pero ¿de qué "seguridad" estamos hablando? La discusión versa sobre quiénes sufren el peso del aparato punitivo del Estado y quiénes no. Se trata de una cuestión de clase.
Pues hay una gran mayoría sobre quienes recaen las penas y castigos: los sectores empobrecidos de la población. Mientras, otros pocos gozan de la impunidad y hasta obtienen recompensas: los empresarios, esa "clase social parasitaria" como la definió Nicolás del Caño. Basta recordar que un año atrás, el macrismo decretaba beneficios fiscales para los fugadores seriales de capitales que, "arrepentidos", repatriaran millones y millones de pesos y dólares no declarados. Ese delito no merece mayores comentarios por parte de los diversos sectores políticos patronales.
Las políticas de ajuste, al servicio de las ganancias empresarias, han sido una fábrica de pobreza: desde la asunción de Macri, un millón y medio de personas pasaron a la pobreza. Las cifras en el país son alarmantes: según el informe de la UCA, estaríamos hablando de doce millones de personas en situación de pobreza, de las cuales seis millones padecerían hambre. Así, los números cierran con el crudo 30% de pobreza estimado por el INDEC: es la pobreza estructural heredada del kirchnerismo y profundizada por el macrismo.
Y cuando se habla de "inseguridad", entendida como el delito común, las más de las veces se evita hablar del trasfondo económico detrás de ella. Y frente a ello, solo prevalece el discurso de "mano dura" planteado por los principales partidos del régimen, fogoneado por las campañas montadas por los grandes medios. Con palabras más o menos crudas, en el fondo todos plantean mayor represión para los que menos tienen, mientras unos pocos se siguen enriqueciendo.
El macrismo, como apoderado de la Casa Rosada, se lleva el premio gordo. Desde el PROtocolo antirepresivo sancionado en su primera semana de Gobierno, viene instalando además una escalada represiva en los principales distritos que gobierna.
Junto con la creciente criminalización de la pobreza impulsada por el Gobierno, se debe hablar también del fortalecimiento del aparato punitivo como la reforma de la Ley 24.660.
Este fin de semana, el Gobierno de María Eugenia Vidal volvió a ser ejemplo de represión en el conurbano bonaerense: un nuevo operativo de la mano del Secretario de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, llevó adelante controles a los pasajeros de colectivos urbanos.
El tigrense Sergio Massa, también tiene un largo prontuario de mano dura de larga data. Este año, Massa se dedicó a hacer campaña por la baja de la edad de imputabilidad. Además de su clásico discurso de reforzar las fuerzas de seguridad, cabe recordar que durante las presidenciales de 2015 hablaba de meter a las Fuerzas Armadas en los barrios humildes para combatir el narcotráfico, aunque los verdaderos narcotraficantes residan en Nordelta, el lujoso country del partido que él mismo supo gobernar.
El kirchnerismo no quiso quedar atrás. De la mano de la impronta PRO en el frente ciudadano de Cristina, la expresidenta sumó el punto de la seguridad a su plataforma de Unidad Ciudadana.
Irónicamente, justo debajo del punto de Derechos Humanos, bajo el título de "Seguridad", Cristina plantea que el delito común convierte "la vida cotidiana de la ciudadanía en una verdadera odisea". Frente a ello plantea, por un lado, la utópica reforma de las fuerzas represivas. Una ley para paliar el "agravamiento del cuadro de inseguridad" por parte de la "situación institucional e interna" de las mal llamadas fuerzas de seguridad. Lo que Cristina no dice explícitamente, sino con rodeos y eufemismos, es que la Policía es la protagonista del delito organizado, de la trata de mujeres y del narcotráfico.
La presidenta bajo cuyo mandato se conoció el espionaje del Proyecto X, plantea además la "democratización" de la seguridad interna, para luego referir a la necesidad de una "ley de coordinación de las Fuerzas de Seguridad Federales con las Provinciales". Nada que envidiarle al macrismo que supo fusionar la Policía Federal con la Metropolitana en la Ciudad de Buenos Aires para aumentar la represión en el distrito capital.
Mientras los principales partidos patronales adoptan cada uno su propio discurso de "mano dura", las fuerzas de (in) seguridad y represión se siguen fortaleciendo de la mano de sus políticas.
La derechización del discurso político, desde el macrismo hasta el kirchnerismo, es funcional al envalentonamiento de este aparato represivo, cuya brutalidad se descarga cotidianamente sobre los trabajadores, las mujeres, la juventud y los sectores más golpeados por la desigualdad social.
