El gobierno ajusta los pagos de ganancias con miras a contener los aumentos salariales de paritarias. No sube el mínimo a partir del cual se paga el impuesto, sino que reduce lo que pagan quienes ganan hasta $ 25.000 en bruto.
Esteban Mercatante @EMercatante
Lunes 4 de mayo de 2015 16:06
Después de haber descartado en numerosas oportunidades que fuera necesario cualquier cambio en el impuesto a las Ganancias que pagan los asalariados, el ministro de Economía Axel Kicillof anunció hoy cambios en dicho impuesto para quienes ganan hasta $ 25.000 en bruto. Con las modificaciones anunciadas, un trabajador soltero que gana entre $ 15.000 y $ 20.000 tiene una reducción de 32 % en el monto que abona, mientras que si es casado con dos hijos la disminución es de 69 %. Es decir que un trabajador que gana $ 20.000, si es soltero pasa de pagar $ 2.066 al mes a abonar $ 1.405, mientras que si es casado pasa de $ 1.280 a $ 397. Para los que ganan entre $ 20.000 y $ 25.000 la disminución es de 18 % para los solteros, y de 33 % para los casados con dos hijos. Los primeros pasan de afrontar una carga mensual de $ 3.310 a una de $ 2.727, mientras que para los segundos se reduce de % 2.193 a $ 1.479.
Con estos cambios, el gobierno da por tierra con cualquier expectativa de que haya en lo inmediato cambios en el mínimo no imponible. Esto era justamente lo que venían reclamando los gremios, junto con un reajuste de las escalas que el gobierno aplica sólo parcialmente con estos cambios. Los anuncios, aunque son presentados como una reducción “progresiva” del impuesto que generaría un “incremento en el salario de bolsillo”, resultan demasiado poco, demasiado tarde. Lo que los gremios bautizaron como impuesto al salario, porque aunque según su título gravaría las ganancias, en el caso de la cuarta categoría dejó de ser un impuesto que alcanza a los altos sueldos gerenciales para incrementar su alcance entre los asalariados de convenio, sigue entonces plenamente vigente con los cambios anunciados.
No sorprende que así sea, ya que el gobierno transformó la aplicación de este gravamen en una bandera de progresividad en la estructura impositiva. Planteo curioso, como si aumentar “hacia abajo” los alcanzados por este gravamen, mientras los jueces siguen sin pagar, la renta financiera no está gravada, ni se aplican impuestos a la herencia más que en algunas provincias, bastara para transformar el históricamente muy regresivo sistema impositivo argentino. Sistema que se sostiene en una abrumadora mayoría con impuestos al consumo, que pesan proporcionalmente más sobre el pueblo trabajador que sobre los más ricos.
La motivación del gobierno está exclusivamente en la urgencia de encauzar las negociaciones salariales. El gobierno hace los mínimos cambios que considera necesarios para hacer pasar su plan de paritarias con cepo. El intento de reforzar los techos a los salarios bien por debajo de la inflación acumulada en el último año (que fue de 37 % según mediciones de organismos provinciales independientes del Indec), imponiendo que ninguna puede tener como primer dígito un 3, y buscando más bien que ninguna supere el 25 %, resultaba impensable si al mismo tiempo no se llevaban a cabo algunos cambios en Ganancias. Que el salario negociado en paritaria pierda con la inflación, y se vea encima deteriorado por un crecimiento en el monto a pagar de ganancias, era como añadir el insulto a la injuria. Sin cambios en Ganancias, podía significar que los salarios acumularan desde el año pasado pérdidas en el poder adquisitivo de 10%. Con el cambio anunciado, si los aumentos salariales se mantienen en la pauta que el gobierno busca imponer, van a perder contra la inflación pero van a “compensar” esto con un efecto más limitado de ganancias -en el caso de los que ganan entre $ 15.000 y $ 25.000.
Lejos de la “progresividad” declamada por el gobierno, estos cambios limitados, que dejan en pie el impuesto al salario, sólo apuntan a hacer más viable que las patronales y los sindicatos se sienten a cerrar acuerdos paritarios con incrementos de salarios bien inferiores al aumento del costo de vida. Solo para este objetivo es que el gobierno hace el aporte de sacrificar parte de su recaudación.
