Las personas con discapacidad víctimas de listados segregadores y maniobras burocráticas y discriminatorias en el Estado. Una reflexión a partir de los “listados de segunda” en el Consejo Escolar de la ciudad.
Lunes 13 de noviembre de 2017 13:52
La ley 10.592 Régimen Jurídico Básico e Integral para las Personas con Discapacidad y su decreto reglamentario 1149/90 establecen mecanismos para la “inclusión” de personas con discapacidad al ámbito laboral de la provincia de Buenos Aires.
Esto que a priori parecería un avance legislativo en los derechos de los sujetos con discapacidad, en la práctica, solo representa un estado burocrático más al servicio de la segregación para con este sector de la sociedad.
Dicha ley establece en el artículo 8 un cupo mínimo del 4% para empleados con discapacidad en el Estado provincial, sus organismos y secretarias, empresas estatales, empresas subsidiadas por el Estado, Empresas privadas que tengas a cargo la concesión de servicios públicos, entre otras.
A demás el artículo 12 instruye la creación del SeClas “Sistema de Colocación Laboral Selectiva de personas con discapacidad”. Este sistema de colocación es el encargado, entre otras cosas, del registro de personas con discapacidad, orientación y asesoramiento, articular con el sector empresarial y organismos del Estado para fomentar la concientización e incorporación de dichas personas y evaluar a los aspirantes para determinar que funciones pueden cumplir.
Lo real es que las personas con discapacidad son excluidas en listados de segregación, como si fueran trabajadores de segunda. En muchos casos las empresas que contratan a personas con discapacidad les ofrecen contratos basuras o sueldos por debajo del salario mínimo vital y móvil.
Otras brindan la posibilidad solo bajo propuestas de pasantías o prácticas laborales donde las condiciones son todavía peores. No gozan de seguridad previsional, ni cobertura médica.
Pero las autoridades encargadas de controlar el cumplimiento de dicha ley (Ministerio de trabajo, Subsecretaria de empleo y otras dependencias descentralizadas y municipales) se golpean el pecho y gritan a los cuatro vientos los beneficios que traen consigo los entrenamientos laborales y la inclusión laboral bajo propuestas de contratos de hambre.
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Lo peor es que en la actualidad muchos jóvenes y adultos con discapacidad logran alcanzar niveles de estudio y capacitación laboral igual a cualquier otra persona, cientos de jóvenes terminan sus estudios en secundarios comunes, escuelas técnicas y centros de formación profesional.
Sin embargo a pesar de esto, por tener Certificado de discapacidad (CUD) son excluidos a listados de segunda. Como sucede en el Consejo Escolar de la ciudad de Campana donde se los excluye a un listado de “aspirantes auxiliares con discapacidad” y no les permiten participar de actos públicos para cubrir suplencias, aunque cumplan con todos los requisitos.
Luego de que titularicen veinte y cuatro personas sin discapacidad recurren al listado de personas con discapacidad para mensualizar el número veinte y cinco (cumpliendo así con el 4%).
Este mecanismo puede tardar años, agudizando aún más la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran miles de personas que sufren algún tipo de discapacidad.
Aquí la ley es utilizada de manera ilógica para segregar y excluir a estos laburantes del sistema laboral. Existe un quiebre importantísimo y preocupante entre el sistema educativo, más precisamente, la modalidad de educación especial y el ámbito laboral.
Las familias y los propios chicos se preguntan “¿para qué me mate estudiando si lo único que importa es si tengo o no certificado de discapacidad?”. No importa el estudio o los niveles de formación laboral que alcancen, son segregados igual. Lo único que les queda es mentir al realizar una entrevista, ocultar que poseen una discapacidad y quizás de esa forma puedan incorporarse al sistema laboral.
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En el marco de la contrarreforma laboral anunciada por el Gobierno de Mauricio Macri para avanzar sobre todas las conquistas laborales, más que nunca tenemos que organizarnos frente a los atropellos que vivimos a diario. Ellos nos quieren divididos entre trabajadores de primera y de segunda.
Desde la Agrupación docente “La Marrón” en el Frente de Izquierda, denunciamos estas burdas maniobras burocráticas y discriminatorias. Exigimos de forma inmediata la revisión y modificación de estas normativas y de sus prácticas excluyentes. El cupo del 4% debe aplicarse al 100% de las empresas; basta de listados segregadores y contratos basura. Nuestras vidas valen más que sus ganancias.
