Sol Bajar @Sol_Bajar
Jueves 6 de noviembre de 2014
En la última sesión informativa que dio este año al Congreso el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, no hubo –como en las anteriores- informes de la “marcha de la gestión de gobierno” que se salieran del libreto oficial.
Sin embargo, tratándose del día posterior a la apertura del debate sobre el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Comisión de Legislación Penal, sus definiciones no pueden dejar de leerse como la voz del ejecutivo nacional y de sus definiciones políticas acerca de este postergado derecho. Una definición que, por cierto, muchos diputados kirchneristas firmantes de la iniciativa de la Campaña por el Derecho al Aborto hubieran preferido obviar, sobre todo después de la escandalosa reunión de la Comisión de Legislación Penal en la que, gracias al pacto del oficialismo y el macrismo, la iniciativa quedó pendiendo de un hilo una vez más.
Fue el diputado Nicolás del Caño (PTS en el Frente de Izquierda) quien volvió a interpelar al Jefe de Gabinete respecto de la negativa del gobierno nacional a reconocer este postergado derecho, por el que han muerto más de 3 mil mujeres solamente en los últimos diez años.
“Quiero referirme a otro tema que fue tratado en el día de ayer en la Comisión de Legislación Penal”, dijo el diputado de izquierda, quien agregó “queremos saber por qué después de más de diez años el gobierno nacional sigue negando este derecho elemental a las mujeres, que actualmente se ven obligadas a practicar abortos clandestinos.”
El diputado mendocino, que fue el único en referirse a este tema, también denunció que “en nuestro país mueren anualmente 300 mujeres” y señaló que “las consecuencias de la realización de abortos en estas condiciones son terribles para la salud de las mujeres”, insistiendo en la situación dramática que atraviesan fundamentalmente las mujeres más jóvenes y pobres. “Hasta la Organización Mundial de la Salud recomienda la legalización del aborto. Por lo tanto, queremos saber por qué se niega este derecho elemental a las mujeres. El Congreso Nacional, en virtud de una imposición del Poder Ejecutivo, viene negándose a discutir este tema, dando la espalda a este derecho fundamental que tienen las mujeres de nuestro país.”
Al momento de responder, Capitanich fue contundente: “no es una iniciativa del Poder Ejecutivo”. Además agregó que “por convicción religiosa estoy en contra del aborto”. Además, Capitanich afirmó que “claramente el Poder Ejecutivo ha fijado en el sentido de no impulsar ni estimular por iniciativa propia este debate”, algo que no sólo quedó claro en la reunión del pasado martes en Legislación Penal sino también en el reciente viaje de la presidenta al Vaticano, donde fue sellado el acuerdo que –con una votación cerrada del bloque oficial- impuso la ideología de la iglesia en la reforma al Código Civil y Comercial.
