El racismo y la discriminación de las instituciones del Estado se sigue expresando, ahora con una mujer aymara de edad avanzada, quien vendía hojas de coca en una feria en la comunidad de Pica.
Domingo 29 de septiembre
En lo profundo de la historia andina, la hoja de coca ha sido mucho más que una simple planta: es un símbolo sagrado de vida, conexión con la tierra y sabiduría ancestral. Desde hace más de seis mil años, la coca ha sido venerada tanto en su uso medicinal como en sus dimensiones religiosas y sociales. En la cultura incaica, su valor ritual era innegable, siendo utilizada en ceremonias religiosas para conectar a los seres humanos con los dioses y el mundo espiritual. Este carácter sagrado convirtió a la hoja de coca en un objeto de prestigio, empleado como medio de trueque y regalo preciado, reforzando lazos comunitarios y consolidando su rol como emblema de la cultura andina.
Además de su importancia espiritual, la hoja de coca posee beneficios prácticos que han sido aprovechados por millones de indígenas y habitantes de la región andina. Sus propiedades medicinales, como el aumento de la resistencia física y la prevención de la hipoglucemia, han sido clave para quienes viven en las alturas, ayudando a combatir el mal de montaña. Según una antigua profecía andina, la hoja de coca representa la fuerza y la vida, un alimento espiritual que conecta a las personas con sus divinidades, como los Apus, Achachilas, Tata Inti, Mama Quilla y Pachamama, perpetuando así una relación sagrada y profunda entre la humanidad y la naturaleza.
La discriminación del Estado a los pueblos originarios
En el país y sobre todo en la zona norte, la hoja de coca tiene fines principalmente medicinales, pero también es utilizada en tradiciones de distintos pueblos, su comercialización está regulada bajo la ley. En la ciudad de Arica, por ejemplo, es común ver su venta al interior del Agro, y es utilizado tanto para aliviar dolores de estómago como para llevar adelante ceremonias.
La detención de una mujer aymara en la comunidad de Pica vuelve a mostrar otro caso de discriminación por parte del Estado hacia las comunidades originarias. Pasan a llevar sus costumbres para tratarlos como delincuentes. Dejando entrever que la ley en Chile es profundamente racista. No solo sucede con las comunidades Aymaras como en el caso de la pastora Gabriela Blass, sino también con otras comunidades, como el pueblo Mapuche, quienes han tenido que soportar la militarización, el actuar represivo de carabineros en el allanamiento a sus comunidades y la criminalización que mantiene en los hechos el gobierno de Gabriel Boric. Lejos quedaron las promesas de multiculturalidad y respeto a los pueblos originarios con esta política represiva, que nada tiene que envidiarle a los gobiernos de la Derecha o de la ex Concertación. De hecho, este gobierno dirigido por el Frente Amplio, el Partido Comunista y la ex Concertación, ha sido el gobierno que más tiempo ha mantenido el territorio Mapuche militarizado.
En este caso, Carabineros subió a sus redes sociales lo siguiente:
“Carabineros de la Tenencia #Pica logró la detención de una locataria de la feria comunal por infracción a la ley de drogas por mantener y vender hojas de coca(...)”
El arresto de la mujer, fue por infringir la ley de drogas, en un operativo realizado entre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) junto a Carabineros, donde el procedimiento claramente muestra que se excedieron, llevándose a la anciana esposada y tratándola como a una delincuente. Este tipo de procedimientos ya ha sido denunciado, porque no es la primera vez que ocurre en la detención de aymaras o quechuas. Lo absurdo del caso es que si esta anciana quisiera producir cocaína, como apunta la policía, necesitaría de aproximadamente 150 kilos de hojas de coca para producir solo 1 kilo de cocaína.
Las acciones de la policía, lejos están de combatir el narcotráfico. Como ya suele ocurrir, son principalmente sectores de la juventud, o en este caso, comunidades originarias, las que se ven violentadas en esta lucha “contra el narco”. Deberíamos partir entendiendo, que para que el narcotráfico haya aumentado, y junto con él todas las formas de violencia, entre ellas el sicariato, no pudo haberlo hecho solo, sino que tiene que estar vinculado a instituciones y organismos de poder. Tal como sucede en otros países.
Ya son conocidos los múltiples casos de policías y militares vinculados a bandas narcotraficantes, que pasan cientos de kilos de drogas o se coordinan con ellos. No solo eso, la venta de armas al crimen organizado, también muestra la vinculación de las policías y militares. El caso Hermosilla muestra lo podrido que está el sistema de justicia, y las redes que hay detrás para operar. Por ejemplo, en el caso “Viejos Arrayanes” se trata de un decomiso de más de 20 kilos de cocaína (lo que equivale a 350 millones de pesos) que involucra al ingeniero Ignacio Yánez, que también era cliente del buffet de Hermosilla y sus socios. La droga fue adquirida en el norte del país.
Por otro lado, discutir sobre la privatización de los puertos es otro de los puntos importantes, porque es desde ahí donde la droga se embarca. El año 2022, 2023, y 2024 ya se han descubierto más de 15 toneladas de cocaína listas a ser despachadas. Cuando se exige que los puertos vuelvan a ser estatizados bajo la administración democrática de sus trabajadores, es en la perspectiva de que si siguen siendo administrados por empresarios, estos casos no pararán de ocurrir.
Hay todo un vínculo, como se muestra en esta nota, entre los grandes empresarios, el poder judicial, el legislativo y la policía, para abrirle el camino a los narcotraficantes. Sin esto, el narcotráfico no podría avanzar.
Desde ya, como algo mínimo, el Gobierno debería plantear una regulación de los usos alternativos que tiene la hoja de coca, y sacarla del régimen de fiscalización que existe hoy.
