En declaraciones realmente increíbles de parte de Ricardo Yañez, General de Orden y Seguridad de Carabineros, dicha institución dejo prácticamente abierta la puerta para que nuevos hechos como el ocurrido el 2 de octubre pasado vuelvan a suceder. Un ejemplo claro de la impunidad con la que actúan.
Miércoles 14 de octubre de 2020
“Es complejo porque las actuaciones nuestras, de por si constituyen, intrínsicamente, un riesgo asociado, y una persona se puede caer, se puede golpear la cabeza, puede chocar con un árbol, con un poste, al minuto que va arrancando, y eso escapa a nuestro control. La persona que se expone a eso está arrancando, son quienes están cometiendo delitos; si se expone a eso, se arriesga a una situación compleja”.
Así expone Ricardo Yañez la situación y justifica sus arremetidas violentas y abusivas, ante la pregunta sobre cómo evitar lo ocurrido en el puente Pío Nono hace 10 días atrás.
El caso del joven arrojado desde el puente Pio Nono sabemos también que se suma a la escalada de violencia y abusos policiales de los cuales hemos sido testigos desde el inicio de la rebelión popular el 18 de octubre del 2019.
Ojos mutilados, montajes, golpizas, detenciones ilegales y un sin número de situaciones en que se ha visto involucrada una de las instituciones con mayor desprecio desde la población y que cada vez han sido justificados desde la misma institución y por el Ministerio del Interior; protegidos por un blindaje proveniente de un gobierno que no ha escatimado en gastos para la implementación de su brazo represor ante las demandas sociales.
Podríamos escribir páginas y páginas de la crudeza represora de la policía de este país, considerada por la prensa Alemana como “la policía más brutal de Latinoamérica” abarcando páginas y titulares a nivel internacional, digno de análisis sociológicos, entre otras cosas.
Brutalidad y represión parecieran ser los lemas de esta institución, que hace unos días atrás direccionaron el chorro de un camión lanza agua directamente al cuerpo de un joven en silla de ruedas, con el descaro y des criterio de un actuar descontrolado, justificándose en que estaban siendo atacados en una manifestación en Plaza Dignidad.
No tan solo el descaro es en el uso excesivo de la fuerza; recordemos también el caso PACOGATE en donde existe un fraude de caudales públicos por más de $28.000 millones de pesos o el asesinato de Camilo Catrillanca. A todo este prontuario debemos sumarle la poca preparación y nulo criterio al momento de algún operativo.
A cuatro días del primer aniversario de la rebelión popular de octubre, en donde un gran porcentaje de la población apoya el rebrote de las manifestaciones, es que avalamos la disolución de la policía y no una simple reestructuración a manera de maquillaje de una de las instituciones más aborrecidas por el común de las personas.
