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Red Internacional
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CÓRDOBA. Cárcel de barrio San Martín, la memoria en disputa

A principios de abril, la histórica cárcel de barrio San Martín quedó vacía. Durante la última dictadura funcionó como centro clandestino de detención, pero el Gobierno provincial proyecta demolerla y hacer un parque. Organismos de Derechos Humanos se oponen.

Miércoles 6 de mayo de 2015

La Unidad Penitenciaria N de Córdoba fue construida a fines del siglo XIX y tiene aproximadamente 70 mil metros cuadrados. En la apertura de las sesiones legislativas de este año, el gobernador De la Sota anunció su cierre definitivo y prometió establecer allí un espacio verde. El proyecto oficial, que planea terminar antes del fin de su mandato, incluye espacios abiertos con juegos recreativos de rápida concreción y bajo presupuesto. Solo quedarían en pie un pórtico y algunas dependencias históricas, donde se montaría un Espacio para la Memoria.

Desde distintos sectores repudiaron el proyecto. Consultado al respecto por La Izquierda Diario, Miguel “Vitín” Baronetto, manifestó: “Estamos en contra de que el Gobierno le pase la topadora a un sitio que está comprobado que funcionó como centro de detención clandestino en la última dictadura”.

Por esta razón, la Comisión de Homenaje a los Presos Políticos Fusilados de la UP1, de la que forma parte, presentará recursos de no innovar para frenar la demolición. “Entre abril y octubre de 1976 fueron fusilados ahí 29 compañeros y compañeras, entre ellos mi mujer. Yo mismo he declarado en el juicio de La Perla que en la cárcel de San Martín existían calabozos subterráneos. Hay testimonios de Abuelas que hablan de madres parturientas”. Explicó que algunos de los juicios en los que se presentaron testimonios sobre el funcionamiento del CCD no tienen todavía sentencia firme, como la causa de Videla, Menéndez y otros (2010) y la de Ayala, Juan y otros (2013). En esta última se juzgó a policías por realizar traslados desde la UP1 a otros centros clandestinos.

La cárcel también había sido utilizada para el alojamiento de detenidos por razones políticas luego del Golpe de Estado de 1955 y durante los primeros años de la década del 60, con la implementación del Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado) entre 1958 y 1963. Los ex presos del Plan Conintes siempre denunciaron que habían sido torturados en esta cárcel y también presentarán recursos de no innovar.

Paradójicamente, el Gobierno provincial anunció que, debido a ciertas características de la penitenciaría, el encargado de demolerla será el Ejército. “Esto es una verdadera afrenta a los organismos de Derechos Humanos y los que venimos luchando hace años. Ellos fueron los que torturaron y asesinaron y ahora serán los encargados de volar todo rastro”, denunció Baronetto.

Señalización de los Sitios de la Memoria

En diciembre del año pasado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señalizó la UP1 y el Destacamento de Inteligencia 141 como “sitios de la memoria”. En ese momento, Martín Fresneda señaló que “es un deber moral poder decirle a todos los cordobeses lo que sucedió aquí en otros tiempos”. Baronetto opina que ese gesto no alcanza y que “la secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha mostrado una pasividad total respecto a este lugar”, considerando que ya en 1984 la CONADEP había definido a la cárcel de San Martín como un centro clandestino, específicamente a los pabellones 6, 8 y 14.

Proyecto en la legislatura

Por su parte, el legislador cordobés por el Partido Socialista, Roberto Birri, presentó un proyecto en la Unicameral para que el Gobierno se abstenga “de realizar cualquier acción o intervención que modifique o altere la edificación existente en la superficie total ocupada por el predio”, debido a que “albergó a cientos de presos políticos procedentes de diversas organizaciones políticas y sociales” durante la última dictadura. Como consecuencia, Birri lamentó que De la Sota haya anunciado “la destrucción de ese patrimonio histórico y cultural de todos los cordobeses”.