DIARIO DE VIAJE. Cárcel y muerte en el Valle de las Hamacas

Foto: Luna Payà

Alguna vez pensé que detrás de las ventanas del Hilton de San Salvador, el huracán era sólo una tormenta que arruinaba el paseo de los turistas europeos a Costa del Sol y obligaba a cambiar el plan por unas compras en las exclusivas tiendas de Galerías. Detrás de las ventanas de El Salvador Country Club, sede del gobierno nacional, el huracán era apenas un imprevisto que desbarataba los cálculos presupuestarios. Detrás de las ventanas de internet, en cualquier lugar del mundo, el huracán era sólo una mancha blanca que se movía sobre el mapa de un país lejano. Detrás de las ventanas de esa colonia, donde permanecimos encerradas varios días, el huracán era una preocupación que nos entristecía, pero no nos mojaba. Pero más allá de aquel vecindario, el huracán sabía a tragedia: desapariciones, cosechas perdidas, casas destrozadas, caminos cortados y puentes derruidos. El huracán, para la inmensa mayoría, era una catástrofe que no daba tiempo a enterrar a los muertos.

Y los muertos son muchos en este Valle de las Hamacas que es el territorio de El Salvador. Porque si no son los huracanes, es la actividad de los volcanes que se distribuyen en el cinturón de fuego del Pacífico. Y si no son los huracanes y los volcanes, son el imperialismo y la derecha escuadronera. Y también se pueden contar las más de 75 mil vidas, que se cobraron los doce años de guerra civil, en el Pulgarcito de América. Todas las familias tienen un muerto que no murió de muerte natural en este pequeño lugar del mundo. Y eso sin contar las muertes que no se pueden siquiera mencionar: las de las mujeres que pierden la vida en un aborto clandestino e inseguro.

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En 1998, El Salvador penalizó totalmente la interrupción voluntaria del embarazo, bajo el gobierno del empresario derechista Armando Calderón Sol, del partido ARENA. Antes de eso, contaba con una legislación que permitía el aborto en algunas circunstancias. Pero además, se propició la persecución judicial, en todos los hospitales públicos, de las personas sospechadas de haber participado en la interrupción voluntaria de un embarazo, como también de las mujeres implicadas directamente que, como es obvio, se trata de las mujeres jóvenes más pobres del país que no pueden viajar al exterior como las mujeres de las clases altas, donde, a cambio de unos cuantos dólares, se efectúan los mismos procedimientos.

La diferencia con otros países en la penalización del aborto es que, en El Salvador, las mujeres pueden ser acusadas de homicidio agravado, con penas de entre 30 y 50 años de cárcel. Esto en un país donde se estiman en más de 35 mil los abortos practicados anualmente. Entre las que se encuentran con proceso judicial por aborto u homicidio agravado por la misma razón, el 68% tienen entre 18 y 25 años y en el 57% de los casos, las denuncias provenían de un hospital público. Y si en las prisiones salvadoreñas hay un 325% de sobrepoblación, según datos oficiales, en la cárcel de mujeres de Ilopango este hacinamiento se estima en un 900%.

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Que gobierne el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) desde hace dos períodos presidenciales, nada significa para las mujeres que mueren o están encarceladas por los abortos clandestinos. Hace pocas semanas, la noticia de El Salvador que recorre las agencias internacionales es la persecución y estigmatización que recae sobre las activistas que brindan asesoría legal a las víctimas que permanecen en las cárceles. A estas defensoras se las calificó de “terroristas” en medios de comunicación y recibieron numerosas agresiones. Mientras tanto, más de la tercera parte de los embarazos y partos en El Salvador son de niñas y adolescentes menores de edad. Diez niñas menores de 14 años dan a luz, cada día, en una tendencia que sigue aumentando. Y peor aún, el suicidio –también según informan fuentes gubernamentales- es la segunda causa de “muerte materna”. Es que muchas niñas y adolescentes prefieren envenenarse con pesticidas y otras sustancias propias del trabajo en el campo, antes que llevar a término un embarazo que provino de un abuso o una violación.

Las mujeres, a principios de los años ’90, llegaron a ser el 40% de todos los integrantes del FMLN y un 30% de las fuerzas combatientes de la guerrilla. A fines de la década del ’80, después de la ofensiva sobre la capital y otras ciudades del país, el FMLN inicia una “negociación armada” que culmina en la desmovilización de sus propias tropas y los acuerdos de paz impuestos por el imperialismo norteamericano. En 1992, el Frente se convierte en partido legal del régimen y sus cuadros, por lo tanto, en funcionarios políticos que cogobernaron durante muchos años con el partido escuadronero ARENA en el poder. Las combatientes que no se convirtieron en funcionarias, devinieron en feministas de organizaciones no gubernamentales financiadas por agencias internacionales que promovieron el desarme y el proceso de “pacificación”. Hoy enfrentan esta dura situación en la que las mujeres siguen siendo las principales víctimas de la violencia machista, también perpetrada por las instituciones del Estado, ahora de la mano del propio FMLN. Las que se atrevieron a desafiar no sólo el orden de explotación, sino también los ancestrales mandatos patriarcales de una región sumida en el atraso oscurantista, hoy siguen siendo las víctimas de los vencedores y del fuego amigo.