La huelga de hambre iniciada en varias cárceles de la provincia de Buenos Aires en los últimos días frente al corte de suministro de los proveedores de comida, dejó a la luz la situación que sufren más de 50 mil presos bonaerenses.
Lunes 9 de diciembre de 2019 07:31
Foto: Enfoque Rojo
Desde diversos organismos de derechos humanos se viene denunciando la crítica situación de la población alojada en las cárceles bonaerenses referida principalmente a la falta de abastecimiento de comida.
En las inspecciones realizadas durante este año por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y las denuncias reiteradas de detenidos y familiares, el hambre reina en todas las cárceles bonaerenses.
En el mes de junio pasado, la CPM relevó la Unidad N° 1 de Lisandro Olmos. En dicho período había 2.858 personas detenidas; en el depósito d comida había un pallet de arroz, cinco bolsas de lentejas, once bolsas de arvejas y casi 7 mil kilos de harina. Los pocos cortes de carne estaban en mal estado.
Desde La Izquierda Diario nos acercamos a la puerta de la Unidad Nº 1 para dialogar con familiares de los presos (se utilizarán nombres ficticios por resguardo), quienes relataron un sinnúmero de arbitrariedades y avasallamientos que padecen.
Clara relató que concurre dos veces por semana a llevarle mercadería a su marido porque depende de eso para comer, ya que en el penal ahora no le están dando comida, pero cuando reciben son “dos panes y sopa de hueso y cebolla. Nadie podría comer lo que les dan acá”.
Esta situación de recorte a un derecho tan elemental como la alimentación no hace distinción de género. En la cárcel de mujeres que se encuentra en la zona de Los Hornos (por fuera del casco urbano platense) la situación es aún peor. “Ahí no les dan nada, ni pan duro, es muy triste. Mi nuera comía cuando hacía el taller de panadería, pero hace meses que lo terminó y ya no come nada si no puedo llevarle. La última vez que la vi había bajado mucho de peso”, nos contó Susana.
Norma manifestó que gasta 1500 pesos por semana para venir desde el conurbano hasta acá y traerle un poco de comida a su hijo. Se levanta a las 3 de la mañana para poder llegar y hacer las dos filas para poder entrar: una para el control de la mercadería que traen y otra, de requisa, donde la desnudan completamente y la revisan.
Marta, que tiene a su hijo preso sin condena, como más de la mitad de los alojados en las cárceles de la provincia, nos contó que la mayoría de las veces los penitenciarios, que hacen los controles de la comida que ingresan, se las quedan, aduciendo que tal o cual alimento no está permitido. “Y nosotros se la dejamos, porque si no tenemos que salir a dársela a alguien y volver a hacer varias horas de fila”
Son decenas los testimonios de familiares y amigos que detallan el maltrato que reciben quienes realizan un gran esfuerzo para llegar al penal. Muchas veces, luego de horas de viaje y de espera y aún pasando los controles, no los dejan acceder y tienen que volverse a sus casas sin poder ver a sus familiares, sin recibir explicación alguna.
Preguntando sobre los presos que no reciben visitas, un familiar nos narró que “lo que le llega a uno se lo comparten entre todos los que están en el pabellón, así se sobrevive”
En el mismo sentido la falta de atención médica dentro de los penales es recurrente en los relatos. No reciben asistencia y para que los “saquen” y reciban atención, las familias tienen que gastar miles de pesos en abogados. Luján nos dice que “la mayoría de las veces le traigo gasas, alcohol y los medicamentos a mi hermano para que él se atienda”.
“Si tuviésemos plata, no estaríamos acá” es la conclusión a la que los familiares y amigos llegan, tras sufrir tanta vulneración de derechos por parte del estado y la justicia.
“Hace tres meses que mi marido está acá por una falsa denuncia y yo no tengo plata para pagar un abogado. Antes estaba en San Isidro. Dos veces por semana vengo desde Moreno a traerle comida, todo lo compro con las colectas que hacen sus compañeros de trabajo porque yo soy ama de casa y no tengo dinero. A nosotros solo nos queda esperar, porque si tuviéramos plata sería todo más rápido y el no estaría acá”
Lo que crece es la falta de libertad
En julio de este año, 50.500 personas se encontraban privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires, lo que representa un incremento del 40 % en los últimos 15 años (de éste incremento el 60 % se dio bajo el gobierno de Vidal y el resto bajo la gestión de Scioli).
Este aumento, que es presentado como un logro de política criminal, no representó la disminución del delito, sino el aumento de las violaciones a los derechos humanos en el encierro y en el territorio. Las cárceles se encuentran superpobladas en un 113 %, y los alojados se tienen que turnar para poder dormir.
De éstas, según informa el CELS, más del 50 % no tienen ningún tipo de condena, generalizándose las prisiones preventivas en los últimos gobiernos en la provincia, que representan el 84 % de los ingresos en el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Todo preso es político
Como se puede ver en las estadísticas del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal (SNEEP), las cárceles están pobladas por hijxs de la clase trabajadora y sectores populares, que se encuentran “condenados sin condena” por delitos en su amplia mayoría contra la propiedad (robos o hurtos menores).
Más del 90 % de los detenidos se encuentran alojados en cárceles de hombres (aunque en los últimos años existe un incremento de población femenina y trans), siendo el 70 % menores de 34 años, tres de cada cuatro tienen estudios primarios o ningún estudio y el 84 % son desocupados o changarines. Dentro de los lugares de encierro sólo el 14 % hace talleres de capacitación laboral y uno de cada cuatro van a la escuela.
La prisión priva de la libertad y destina en instituciones de represión o disciplinamiento social a los sectores populares. Cada derecho que se avasalla en los lugares de encierro (falta de comida, hacinamiento, de atención médica, negación de las visitas, de estudios, etc) es una privación más a la que nos condenan.
Quizás no está de más decir que los responsables del gran delito, de las estafas millonarias al Estado, de las quiebras de grandes empresas que dejan a miles de trabajadores en la calle, de los policías del gatillo fácil, del aparato represivo y judicial partícipe de las redes de trata, de los curas pedófilos y los genocidas de la última dictadura militar, representan menos del 1 % de la población privada de su libertad.
En un sistema cuyo bien más preciado es la propiedad privada de los grandes capitalistas, la libertad y la vida de la clase trabajadora no valen nada para ellos. El estado capitalista priva de la libertad a los sectores populares por condiciones de desigualdad que el propio sistema genera. En la provincia de Buenos Aires la mitad de los niños son pobres mientras que la falta de trabajo llega a los dos dígitos. Nos condenan a ser explotados noche y día, y a sucias prisiones.
