LA VIOLENCIA POLICIAL COMO POLÍTICA DE ESTADO. La Comisión por la Memoria denuncia continuidades represivas entre Kicillof y Vidal

En un comunicado titulado “Uso letal de la fuerza: continuidades que provocan graves violaciones de derechos humanos” (difundido a través de la agencia Andar), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que presiden Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos e integran, entre otres, Nora Cortiñas, denunció que “el fuerte incremento de casos de uso letal de la fuerza policial en la provincia de Buenos Aires durante junio volvió a alertar sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad”.

Además, afirman que los delincuentes de uniforme actúan “amparados en la impunidad que garantiza la Justicia para la mayoría de estos crímenes. Desde el 2016, cuando la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) comenzó un registro propio de casos, hasta este 30 junio, se reportaron 545 víctimas; es decir una muerte cada 72 horas o cada tres días. En junio de este año ese tiempo se redujo a 40 horas, es decir menos de dos días. En los primeros 16 días de julio ya hubo otras nueve muertes”.

Seguí toda la cobertura del caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro

En ese sentido, el premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel afirmó que “es necesario un cambio profundo en las políticas de seguridad, no podemos permitir que se sigan violando los derechos humanos en democracia”.

La CPM enumera algunos de los casos que la llevan a esas conclusiones, como el de Brandon Romero (18) en Mar del Plata y el de Lucas Verón en La Matanza. Esos asesinatos, afirman, “evidencian una vez más la enorme brutalidad, arbitrariedad y desproporcionalidad en las intervenciones armadas de los agentes policiales”.

“La Comisión Provincial por la Memoria viene reclamando desde hace años cambios estructurales e integrales de las políticas de seguridad y las policías. A pesar del repudio público que generaron algunos de estos hechos, los casos de uso letal de la fuerza de las últimas semanas forman parte de una secuencia que se mantiene en los mismos niveles desde hace años”, grafica el organismo provincial.

Y aclara que “los casos de uso letal de la fuerza representan el extremo más grave de las múltiples violaciones a los derechos humanos que cometen las fuerzas de seguridad en su despliegue territorial. En calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM también advirtió que, bajo el amparo de actuar para controlar el cumplimiento de la cuarentena, la Policía de la provincia de Buenos Aires actuó discrecionalmente y denunció decenas de hechos de abusos, hostigamientos, amenazas, detenciones ilegales y torturas”.

En ese marco agregan que “en estos seis meses también se registraron dos hechos de letalidad donde el ataque mortal se produjo con postas de goma. La bala de goma también mata”. Los hechos son los de Ángel Luna (26) en San Pedro el 24 de enero y el de Diego Arias (27) el 23 de febrero en Berazategui.

“La brutalidad de los casos mencionados son sólo un ejemplo de historias que se repiten año a año y que tienen un patrón común: las víctimas, en su gran mayoría, son jóvenes y pobres”, concluye la CPM. Y si bien en el largo comunicado no se mencionan con nombre y apellido las responsabilidades concretas de las políticas que se denuncian, el mensaje no puede tener otros destinatarios que Kicillof, Berni y todos sus cómplices.

Leé también Ulpiano Martínez, el fiscal de la impunidad que “investiga” la desaparición de Facundo Castro

Para la CPM hay algunas reformas que deberían implementarse para empezar a resolver parte de este problema. Ellas son “modificar estructuralmente las políticas de seguridad: fortalecer el control civil sobre la fuerza, sancionar administrativamente con celeridad las causas administrativas en la Auditoria General de Asuntos Internos, crear las fiscalías especializadas en violencia institucional ya aprobadas por una ley que no se cumple, investigar y juzgar estos delitos, derogar el estado policial, entre otras medidas”.

Si bien esas reformas no ponen sobre la mesa el problema de fondo (cuál es la función real de la Policía en una sociedad dividida en clases donde el poder económico de una minoría impone las políticas tanto en materia social como laboral, educativa, de salud y de “seguridad), esas propuestas ni siquiera parecen ser tomadas en serio por quienes hoy gobiernan la provincia de Buenos Aires.

De hecho, este miércoles Axel Kicillof mantuvo una reunión con su ministro Sergio Berni y con la ministra de Seguridad nacional Sabina Frederic, donde contrariamente a todo “espíritu democrático” decidieron reforzar el empoderamiento a la Bonaerense, a la Federal, a la Gendarmería y a la Prefectura en territorio provincial, con la excusa de “combatir a la pandemia y a la inseguridad”.

Como ya se dijo acá, en esa reunión estuvo absolutamente ausente la seguidilla de casos de uso letal de la fuerza del Estado que denuncia la CPM, empezando por el caso de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, donde la fuerza comandada por Kicillof y Berni es la máxima sospechosa de un crimen tan atroz como el de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Julio López o Luciano Arruga.

Leé también Comisión por la Memoria: “Todo indica que Facundo fue víctima de desaparición forzada”

Este miércoles Nicolás del Caño y Myriam Bregman salieron al cruce de Berni y su política derechista. En un comunicado de prensa dijeron que los gobiernos nacional y provinciales “empoderaron a las fuerzas de seguridad para darles un enorme poder y el control de la calle en una crisis que es sanitaria. En un país con poderosas organizaciones sociales y sindicales que están en los barrios, se optó por llevar al Ejército. Todo eso es leído por las fuerzas de seguridad como un mensaje de luz verde para incrementar los abusos, apremios ilegales y el gatillo fácil. Apuntan a incrementar el control social por eso las víctimas pertenecen a los sectores populares”.

Los diputados del PTS en el Frente de Izquierda agregaron que “el discurso de Berni y su pose ‘milica’ no son inocuas. Ahora le sumó un discurso punitivista y que justifica la justicia por mano propia. La situación es crítica, no va más. Si lo dejan a Berni en su cargo, asumen lo que dice como política oficial, si no ya deberían haberlo echado, un planteo elemental que hacen luchadoras como Nora Cortiñas que tienen amplia experiencia en esta lucha y que no escuchan”.

Por su parte el diputado bonaerense del mismo espacio, Claudio Dellecarbonara, presentó esta semana en la Legislatura provincial un pedido de interpelación al ministro Berni, a fin de que dé cuenta de las responsabilidades de la Policía que conduce tanto en la desaparición de Facundo Astudillo Castro como también del crecimiento inaudito de los casos de gatillo fácil y violencia policial.