El 40% del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense se inició durante la dictadura. Así lo dijo Florencia Piermarini, jefa del SPB ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde fue convocada para dar explicaciones sobre la situación de las cárceles de la provincia en las que el hacinamiento, las torturas, las condiciones de alojamiento denigrantes son moneda corriente y van en aumento.
Celina Tidoni Abogada del CeProDH Rosario
Miércoles 5 de noviembre de 2014
Imagen: sitio Página 95
La semana pasada, se realizó en la ciudad de Washington una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la grave situación que atraviesan las personas privadas de la libertad en la provincia de Buenos Aires, producto de ello se emitió un duro informe que pone en jaque a las autoridades locales.
Las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado son moneda corriente en las cárceles de la Argentina, tanto a nivel federal como provincial. En este caso le tocó al Servicio Penitenciario Bonaerense sentarse en el banquillo de este organismo internacional.
La audiencia fue solicitada por la Asociación de Pensamiento Penal (APP), luego de transcurridos 4 años desde la visita del Relator de las Personas Privadas de la Libertad y se plantea que desde ese momento no ha cambiado la situación. También participó la jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense, Florencia Piermarini y el Subsecretario de Política Criminal de la provincia, Cesar Albarracín, quienes fueron expuestos a un sinnúmero de críticas por el estado de situación de las Unidades Penales.
Durante la audiencia se escucharon voces de las mismas víctimas, que daban cuenta de cómo pasan sus días en los lugares de encierro, donde muchas veces permanecen aislados las 24 horas del día, sin tener acceso a recreación, en condiciones de higiene deplorables, con mala alimentación y con una pésima atención sanitaria. Además, se viola el el derecho de los mismos a mantener el vínculo familiar, agravando aún mas su condición de vulnerabilidad, tampoco se les garantiza el acceso a actividades laborales ni educativas.
Los informes anuales presentados por la Comisión por la memoria y otros organismos dan cuenta de este estado de cosas, que se perpetúa y se agrava con legislaciones aún mas represivas, que aumentan la criminalización de los sectores más pobres y con ello la población penal. Los lugares de encierro, funcionales al estado capitalista reproducen esta situación de marginalidad social que a la vez intentan “emparchar”.
¿Qué significa que año tras año se denuncie al estado bonaerense (aunque a nivel federal se de la misma situación) por la realidad en las cárceles y que no pase nada? Jueces, fiscales, defensores, conviven cotidianamente con denuncias de este tipo, como las de los internos de la Unidad 15 de Batán que se plasmaron en la audiencia, y sin embargo, los índices de estos delitos cometidos por el estado, se naturalizan: “Va más allá del castigo que tenemos, no se cumplen los derechos de las personas”, dice Juan R. detenido en dicha Unidad y concluye “hace cinco años que vivo en un baño”.
Claramente, el estado no puede sostener que “las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”, como lo dice su propia Constitución Nacional.
Torturas, hacinamiento y personal de la dictadura
Entre los intercambios, se habló de excremento de ratas, ausencia de luz solar, inexistencia de vidrios en las ventanas exteriores, presencia de agua inundando celdas, basura, entre algunas de las características de las cárceles y hablaron de una tasa de prisión preventiva que supera el 60 por ciento.
El hacinamiento es una de las problemáticas que va en aumento con la consecuente degradación de la elemental dignidad para toda persona privada de su libertad. El informe de la Comisión Provincial por la Memoria señala que “la cantidad de detenidos creció un 8% en el último año. Hoy en la provincia hay 33.229 personas privadas de libertad, la mayor cantidad en la historia.”
La práctica extendida y sistemática de la tortura como método de castigo fue también una de las principales denuncias hacia el personal del Servicio Penitenciario.
Asimismo, la falta de atención médica es una constante. Según la misma Comisión “Entre 2012 y 2014 se produjeron 12 muertes en la Unidad de San Martín. Las investigaciones de los ocho casos que se desencadenaron por falta de atención médica fueron archivadas a pesar de que la Procuración General se comprometió a investigar todos los fallecimientos en el encierro. Y no se avanzó con el análisis de la responsabilidad de los funcionarios del SPB en los homicidios”.
La defensa de los funcionarios provinciales no los dejó en un lugar favorable, por ejemplo Piermarini manifestó que “el 60 % del personal penitenciario ingresó en democracia”, lo cual denota que un 40% ejerció funciones durante la última dictadura militar, dejando en evidencia la continuidad que existe en el aparato represivo del estado. Además, justificó su gestión planteando que “se realizan capacitaciones sobre derechos humanos y género” en los agentes del servicio, es decir que les enseñan a “pegar distinto” “torturar menos” entre otras lecciones hipócritas que se imparten en esta “escuela”.
James Cavallaro, Relator de Personas Privadas de la Libertad de la CIDH, puntualizó “hay que eliminar el uso de comisarias como forma de alojar a los privados de libertad”. Por su parte Mario Juliano, de la APP planteó que esta situación se agravó con la implementación del plan de seguridad del Ministro de Seguridad Alberto Granados.
En este sentido, la avanzada criminalizadora se evidencia, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también a nivel nacional con las recientes declaraciones de la presidenta sobre la reforma del Código Procesal Penal de la Nación, con medidas que discriminan a los extranjeros y que mantiene la prisión preventiva como regla, dejando en claro que la mira está puesta en los pobres, los inmigrantes, es decir, en los sectores desplazados del sistema.
