IMPUNIDAD PENITENCIARIA. Mate presos sin culpa: jueces cambian carátula por crimen penitenciario en Florencio Varela

La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Quilmes, resolvió cambiar la carátula y calificar como "homicidio culposo", el asesinato del joven detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 23 de Florencio Varela ocurrido el 22 de abril.

La Cámara hizo lugar a los argumentos de las defensas y resolvió modificar la calificación del hecho como un asesinato culposo y consideró que la muerte de Federico Rey se debió a la negligencia o ligereza de la imputada en el marco de "una situación confusa". Para justificar el cambio de calificación, los jueces Barbieri y Cascio sostuvieron, como había señalado la defensa de los tres penitenciarios acusados, que no hubo intención de matar, que Eliana Daniela Heidenreich recibió el arma ya cargada y no sabía que tenía balas de plomo. Imposible de creer, como también lo fue que apenas ocurrido el crimen desde el Servicio Penitenciario Bonaerense aseguraron que se trató de una pelea entre presos, versión que el resultado de la autopsia echó por tierra.

Pero como denuncian desde la Comisión Provincial por la Memoria, este argumento se contrapone con las pruebas evidentes e intenta licuar las responsabilidades: "todos reconocieron por las detonaciones producidas que se estaba disparando con balas de plomo. Heidenreich con años de servicio no podía desconocerlo y sin embargo, disparó al menos tres veces. Como tampoco ningún agente penitenciario podía desconocer que el uso de esas municiones está prohibido dentro de la cárcel".

Esta resolución votada por los jueces Pablo Barbieri y Alejandro Cascio, minimiza la responsabilidad de los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense en el asesinato de Federico Rey y abre las puertas de que los tres penitenciarios presos por el crimen, queden en libertad.

Un crimen del que el Estado es responsable

Federico Rey fue asesinado con tres disparos de arma de fuego efectuados por la Alcaide Mayor Eliana Heidenreich jefa del Grupo de Asistencia y Seguimiento (GAYS), quien estaba acusada del delito de "homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro del Servicio Penitenciario, mediante el empleo de arma de fuego".

Vale mencionar que Heidenreich, principal acusada de efectuar los disparos, estuvo prófuga durante varios días hasta que finalmente fue detenida. Además es empleada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense desde 2012, momento en que Daniel Scioli era el gobernador, según registros previsionales.

Los otros acusados son el subprefecto Gastón Abila, subjefe de la Guardia de Seguridad Armada, y el prefecto mayor Gabriel Darío Bergonzi, subdirector de Administración, ambos del Servicio Penitenciario Bonaerense cumpliendo funciones en la Unidad 23 de Florencio Varela. Están acusados de encubrimiento por deshacerse de pruebas respecto al crimen.

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Pero además, la Cámara de Apelaciones de Quilmes le ordenó al Juez de Garantías expedirse sobre la necesidad de mantener la prisión preventiva de los imputados, lo que promueve la impunidad penitenciaria, como denuncian desde la Comisión Provincial por la Memoria.

La resolución de prisión preventiva de los tres acusados, consideraba que existían peligros procesales por las características particulares del hecho, las condiciones personales de los imputados y las características de los eventos investigados. Bergonzi y Ábila son superiores jerárquicos de varios testigos de la causa.

Desde que ocurrieron los hechos, no hubo ninguna declaración desde el Gobierno bonaerense de Axel Kicillof, ni del actual Ministro de Justicia Julio Alak a cuyo cargo están las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La situación en las cárceles y comisarías bonaerenses y de todo del país con el hacinamiento, la falta de alimentos y atención médica y la situación procesal de miles de detenidos, son problemas estructurales que se mantuvieron sin que ningún Gobierno los resuelva.

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