CRISIS SANITARIA EN LAS CÁRCELES. Cárceles: macrismo y UCR pisotean derechos y promueven la expansión del Covid-19

A partir de los reclamos que miles de reclusos, a lo largo del país, llevaron adelante desde distintos penales argentinos, se desnudó la cruda realidad que se vive en las cárceles. Muchos hombres y mujeres privados de su libertad se manifestaron a partir de la pandemia de Covid-19 y pidieron medidas sanitarias para evitar la propagación del virus.

La denuncia puso blanco sobre negro las condiciones de extrema precariedad que azota a los penales, donde la sobrepoblación, la preexistencia de contagios de VIH, sarampión, hacinamiento y falta de insumos básicos de salubridad multiplica las posibilidades de contagio.

Mientras el Estado en un primer momento actuó dándole la espalda a los reclamos, en un segundo momento con represión (llegando incluso a matar como en Corrientes y Florencio Varela) sobre los presos e incluso sobre sus familias, para luego proponer algunas cuestiones vagas, la oposición de derecha del PRO y la UCR, a la cual se le sumó una parte del oficialismo con Berni a la cabeza, comenzó una campaña rabiosa y sesgada en contra de los derechos constitucionales de quienes están detenidos.

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El elenco denunciante

Las huestes del PRO publicaron un comunicado que decía "no son admisibles las presiones a jueces para que liberen masivamente a los detenidos y tampoco son admisibles las recomendaciones, ya que expresan un paternalismo jurídico que banaliza el principio de la independencia y por ende ofende la Constitución".

Pero entre los firmantes se encuentra, por ejemplo, Patricia Bullrich, mentora de la “Doctrina Chocobar”, que permitía a los policías del gatillo fácil, disparar a discreción sin temor a ser procesados o incluso investigados.

Las misma Bullrich que usó todas las fuerzas represivas a su disposición para reprimir a las poblaciones originarias y encubrir el asesinato por parte de la gendarmería de Santiago Maldonado y Rafael Nauhel.

La misma que inauguró el “ciberespionaje” y se dedicaba a armar causas contra los que denunciaran o incluso opinaran contra el gobierno de Macri en redes sociales. Algo completamente ilegal y que para Bullrich parece que no “ofende a la Constitución”.

Por parte de la UCR se pronosticó una “epidemia de delitos” y se apeló a los valores de la República diciendo que "el marco de la pandemia le ha servido al oficialismo como excusa ideal para avanzar contra la división de poderes".

Sorprenden (o no) estas palabras de quienes cuando fueron gobierno avalaron la designación a dedo de jueces por parte de Macri y votaron junto a sectores del peronismo la contrarreforma previsional que fue un robo contra los jubilados y que era inconstitucional a todas la luces. Votación que además terminó en una violenta represión para nada “republicana” contra quienes se manifestaron en contra del abuso contra los adultos mayores.

La misma UCR que fue gobierno en 2001 con De la Rúa, que abandonó la casa de Gobierno, dejando un tendal de muertos en el país.

¿Qué oculta la verborragia de la oposición?

Los ayer oficialistas hoy devenidos oposición, hace un tiempo vienen protagonizando campañas para levantar la cabeza. Primero fue el fogoneo para proteger las ganancias de Paolo Rocca mientras éste despedía 1500 obreros y ahora gritan en contra de derechos, protegidos por la Constitución Naciona,l de quienes están recluidos.

Para levantar esta campaña, ocultan adrede la realidad carcelaria: el 57% de los presos no tienen condena firme, entre el 75% y el 90% esta presa por delitos menores contra la propiedad, hurto simple y venta de estupefacientes al por menor (es decir jóvenes que levanta la policía con un “porro”, mientras las fuerzas policiales regentean el gran narconegocio).

Como decía en una nota anterior en este diario, esta campaña “esconde que la población carcelaria se compone casi exclusivamente por jóvenes desempleados y en extrema vulnerabilidad, que además son los perseguido, vejados y hasta asesinados por la policía”.

Se arma así, un discurso que tiene como fin aumentar el poder punitivo contra los más vulnerables, en momentos donde crecen los despidos y las suspensiones, se recortan salarios y donde la pobreza se acerca peligrosamente al 40%.

La pandemia muy probablemente dejará un tendal de miseria sobre grandes capas de la población y miles se verán aún más desposeídos y más vulnerables al abuso policial y a la caza de éstos contra los jóvenes desempleados, una parte de los cuales poblará las cárceles por robar para comer.

El discurso apunta a formar un sentido común reaccionario que criminaliza la pobreza, mientras indulta de hecho a los verdaderos ladrones: el gran empresariado que fuga millones al exterior para evadir impuestos y que en estos momentos recorta salarios a miles de trabajadores, organizando un golpe contra la clase obrera.

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No tan distintos

Pero mal que le pesa a la oposición (o no), la realidad es que desde que comenzó la cuarentena el gobierno de Alberto Fernández se aprestó para aumentar el control social. Miles de oficiales de las fuerzas represivas (e incluso de las fuerzas armadas), inundan las calles y cometen todo tipo de vejaciones en los barrios populares. Un dato que muestra la cara del aislamiento social: los detenidos alcanzan los 33.000, mientras que el número de casos confirmados de contagios por Covid-19, llegan a 4114.

Un párrafo aparte merece Sabina Frederic que utilizó el ciberespionaje para perseguir por redes sociales. Al igual que su antecesora, Patricia Bullrich.

Aunque una parte del oficialismo y oposición tengan un discurso distinto a cómo proceder ante la crisis sanitaria en las cárceles, comparten la política de correr en auxilio del gran empresariado para proteger sus ganancias y que el peso del parate económico recaiga sobre los trabajadores. Así, se cumplirá la promesa de Alberto: “habrá 10% más de pobres”.

La historia nos demuestra que cuando crece la desocupación y la miseria, crece la represión. En un escenario como describe el propio presidente, es muy probable que la crisis carcelaria, aumente.