En el año 2006, diputados concertacionistas presentaron un proyecto de ley que acabaría con las “cárceles vip”, pero lo cierto es que esa realidad persiste hasta la actualidad y se pone en el tapete con los acusados por el Caso Penta, quienes fueron derivados al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, ubicado en avenida Pedro Montt al lado de la ex Penitenciaria de Santiago, el cual consta de numerosos privilegios que las demás cárceles comunes en el país no tienen.
Martes 17 de marzo de 2015
Casi terminando el periodo de verano, los cuestionamientos a las instituciones políticas, partidos patronales, al Gobierno y la clase empresarial, no cesan. El Caso Penta y el posterior Caso Caval pusieron nuevamente en la palestra la corrupción y la podrida relación entre el mundo empresarial y los partidos políticos tradicionales. Pero, incluso siendo encontrados culpables 10 imputados del Caso Penta, las abismantes diferencias sociales entre las clases y los privilegios de unos pocos, se vuelven a poner en el tapete, esta vez haciendo alusión a las “cárceles vip” para ricos de la que gozan militares, carabineros, clérigos, y también empresarios.
En esta ocasión fue el turno de políticos y empresarios, con un total de 10 imputados por el Caso Penta, de los cuales cinco fueron condenados a prisión preventiva, tres con arrestos domiciliarios y dos con firma semanal. Sin embargo, en la actualidad son cuatro personas las que se encuentran en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, el cual cuenta con amplios beneficios: Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín; el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner; y el ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), Iván Alvarez. Esto fue posterior a que la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidiera revocar la medida de prisión preventiva para el ex gerente general de Penta, Hugo Bravo, y para el gerente de contabilidad, Marcos Castro, quienes hoy se encuentran con arresto domiciliario.
La corrupción política y empresarial ha causado una potente indignación en la población, expresada tanto por comentarios en redes sociales, manifestaciones en contra de parlamentarios involucrados con Penta y también en las constantes bajas en la aprobación hacia Bachelet, el Gobierno, la UDI, instituciones políticas, etc. Otro hecho que generó polémica fue cuando se supo dónde estarían presos los imputados, lo que resultó en el recinto penitenciario mencionado, el cual consta de televisión, dos salones comunes, mesas de pool, amplios espacios, camas para todos los formalizados e incluso un gimnasio con máquinas trotadoras y para ejercitar.
De acuerdo a información entregada por el medio La Tercera, el recinto Capitán Yáber funcionaba como escuela de Gendarmería y hace 10 años fue reacondicionado para recibir casos considerados de “alta connotación pública”, que no hayan cometido “delitos de sangre”.
Empresarios, políticos patronales, clérigos, Fuerzas Armadas y Carabineros amparados por la justicia chilena
Los empresarios y políticos patronales no son los únicos que gozan de los beneficios que les entrega la justicia chilena. Conocidos son los distintos casos de militares y carabineros que se encuentran presos en recintos penitenciarios como el Centro de Cumplimiento Penitenciario Penal Cordillera (creado en el 2004 bajo el gobierno concertacionista de Lagos), Punta Peuco (donde se encuentra recluido el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán) o el anexo cárcel Capuchinos, donde violadores a los Derechos Humanos, torturadores y asesinos gozan de una infinidad de privilegios.
El caso más emblemático y repudiable es el de Manuel Contreras, ex director de la DINA, quien se encuentra detenido en el Penal Cordillera, donde tiene acceso a canchas de tenis, jardines, televisión con cable, cabañas y sitios para hacer asados. La vocera de los presos militares en más de una ocasión salió a la defensa de los criminales: “Es que no entienden que es otro tipo de gente”. Sí, y del peor tipo que existe.
El Penal Cordillera también cuenta con cinco cabañas, las que tienen dormitorios, sala de estar, cocina y baño, además de teléfono, televisión, horario de visita de 10 am-17 pm, resguardo de 36 gendarmes para los 10 presos militares que habitan en el recinto. ¿Qué otros militares habitan en el recinto? Odlanier Mena, ex director de la CNI está recluido por el asesinato de tres jóvenes socialistas en Arica, Miguel Kassnoff, quien cumple condena por varios casos de violaciones a los derechos humanos (y fue homenajeado en el 2011 por la Municipalidad de Providencia, presidida en ese entonces por otro torturador, Labbé), Pedro Espinoza, quien cumple una pena de 46 años de presidio por el secuestro calificado y homicidio en contra de Carlos Prats y Sofía Cuthbert, entre otros.
Los clérigos acusados de abusos sexuales a menores de edad también gozan de beneficios. Es el caso de Fernando Karadima quien vive rodeado sólo por mujeres en un hogar de ancianas. En el 2012, vecinos de Santo Domingo le hicieron una funa al sacerdote José Aguirre, conocido como “cura Tato”, quien salió de prisión antes de cumplirse la condena, ya que la Justicia le rebajó los años de prisión. En este mismo sentido, el año pasado el sacerdote John O’Reilly fue condenado a cuatro años libertad vigilada, bajo el delito de abuso sexual a una menor. La cuenta suma y sigue.
Abusos, maltrato y hacinamiento en las cárceles para pobres
Mientras que la clase alta del país goza de las “cárceles vip”, la mayoría de la población penal habita en recintos penitenciarios deplorables, infrahumanos, con pésima calidad en su infraestructura, con altos índices de hacinamiento, abusos, maltratos, peleas entre pandillas e incendios como el ocurrido en la cárcel de San Miguel que dejó a más de 80 personas fallecidas.
Los abusos y el maltrato por parte de gendarmería se dan constantemente. Este año el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia condenó a tres gendarmes, quienes en octubre de 2012 golpearon al reo Jonathan Alejandro Ramos Ramos, recluido en el penal Llancahue. En noviembre del año pasado, los tribunales de justicia condenaron a cumplir penas remitidas que irían desde los tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y 61 días de presidio menor en su grado mínimo; a los gendarmes Nelson Pinto Pinto, Rodrigo Aravena Muñoz y Juan Tapia Morales, acusados de tortura con resultado de muerte en la cárcel de Puente Alto, Santiago.
El 3 de agosto de 2013, las cámaras de seguridad al interior de la Cárcel de Rancagua registraron cómo gendarmes golpean duramente a reclusos, quienes no oponen ninguna resistencia, encontrándose desarmados. Las crudas imágenes recién fueron reveladas públicamente en agosto de 2014. Los abusos hacia los reclusos son “pan de cada día”.
Por otra parte, el hacinamiento también es causante de riñas, peleas, estrés y pésimas condiciones de vida para los presos comunes y corrientes. Un ejemplo de esto es que en la ex Penitenciaria habitan alrededor de 5500 personas, bajo el “resguardo” de 400 gendarmes. El hacinamiento en las cárceles es conocido por todas las autoridades. Hay recintos penitenciarios donde la sobrepoblación de reclusos es superior al 400%, como el CDP Peumo, Villarrica con 253%, el CDP Puente Alto con 239%, Buin con 222%, La Ligua con 204%, el CPF Temuco con 193%, entre otros.
Según cifras de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, en el año 2008 la población penal llegaba a los 48.998 internos, en 2009 ya eran 53.482, y en la actualidad alcanza a las 55 mil personas privadas de libertad, en un país donde la capacidad del sistema penitenciario es para un máximo de 31 mil individuos.
