Violencia Estatal. Cárceles: se multiplican casos de Covid-19 por culpa de los poderes Ejecutivo y Judicial

Este martes se confirmó que en la Unidad Penal 1 de Corrientes 23 presos de uno de sus pabellones tienen coronavirus. Son detenidos que estuvieron en contacto con un agente del Servicio Penitenciario provincial infectado. La cantidad de contagios elevó los casos positivos en la provincia, que en total tiene 78 confirmados hasta el momento. Es decir que en esa cárcel reside el 30 % de contagiados de todo Corrientes.

En esta misma Unidad Penal el Estado asesinó el 19 de abril a José Candía, un joven de 22 años que estaba preso allí desde hace tres años, cumpliendo una condena por el robo de un celular a una vecina. Los presos de ese penal habían iniciado una huelga de hambre para pedir que se aceleren los pedidos de protección a la población de riesgo ante los posibles contagios de coronavirus luego de que se confirmara un caso positivo de un oficial penitenciario.

Los presos exigían “medidas por la alta vulnerabilidad que existe en las cárceles en torno al coronavirus”. En ese penal la capacidad es para 440 personas, pero se encuentran detenidas 670. Los presos tenían razón, el pico de contagios es una muestra más que contundente.

El Comité Contra la Tortura de Corrientes había realizado días antes del asesinato de Candía una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, donde expresaban que “habiendo realizado el Servicio Penitenciario un censo de los casos de mayor riesgo y en condiciones de obtener beneficios como libertad asistida, condicionales, plazo razonable, y demás medidas para descomprimir la superpoblación en las unidades penales de esta ha dado inicio a más de 50 solicitudes de las que al día de la fecha no han sido resueltas por el Juzgado de Instrucción en turno habiéndose presentado las mismas al inicio de la feria judicial".

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La cárcel de Devoto

En el penal federal de Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, ya hay siete casos confirmados según denunciaron integrantes de la llamada "Mesa de Diálogo" que impulsó el Gobierno (cuyo objetivo hasta ahora solo fue descomprimir el reclamo de las personas detenidas en ese penal ante la pandemia, sin soluciones de fondo).

Vale recordar que la semana pasada se confirmó que los dos presos de Devoto, Gustavo Barreto y Cristian Grageda, internados hoy en el Hospital Pirovano debido a las heridas que recibieron en la protesta del 24 de abril (que dejó, además, a uno de ellos hemiplégico) tienen Covid-19.

Según versiones oficiales, ambos podrían haberse contagiado en el mismo hospital. Demasiada casualidad para ser creíble.

La Procuración Penitenciaria de la Nación había denunciado penalmente que las heridas de Barreto y Grageda eran de balas de plomo. La denuncia fue acompañada por médicos de la Procuración que entrevistaron a los heridos y tuvieron acceso a la documentación médica que constata que fueron heridas por un “cuerpo extraño de densidad metálica compatible con proyectil de arma de fuego”.

Este martes se conoció que en el Módulo 2-Pabellón 8 de Devoto, conocido como el de "extranjeros", hay cuatro personas infectadas por Covid-19 que fueron enviadas a la Unidad 21 del Servicio Penitenciario Federal que funciona dentro del Hospital Muñiz.

Uno de los presos de Devoto, en comunicación con La Izquierda Diario, aseguró que la sala de atención médica del penal es "un desastre" y que recién ayer enviaron a uno de los internos a "fumigar" con una mochila cargada de agua y lavandina. En su pabellón ni siquiera se hizo un hisopado general.

En consonancia con lo expresado por el interno, integrantes de la misma "Mesa de Diálogo" confirmaron a su vez que brillan por su ausencia los artículos de limpieza prometidos por el Gobierno de Alberto Fernández en la última reunión (que el Ejecutivo festejó públicamente como el "fin del conflicto"). También siguen sin concretarse las promesas de desinfección y prevención para que el virus no se propague a toda velocidad.

El interno dijo además que, en medio de este brote, siguen poniendo presos en la "leonera", castigo que se suma a la falta de alimentos de calidad que mermaron luego de la protesta del 24 de abril, tal como se denunció en este diario.

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Como se dijo acá hace una semana, autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial firmaron un acta con representantes de los presos cargada de “buenas intenciones” y promesas que, seguro, no se cumplirán. La confirmación de nuevos casos lo demuestra.

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El caso de la provincia de Buenos Aires es muy especial. Mientras el Ministerio de Justicia a cargo de Julio Alak no publica datos oficiales sobre la situación del Covid-19 en las cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense, la voz cantante del oficialismo queda a cargo de funcionarios negadores de los derechos humanos elementales de las personas detenidas, como el ministro de Seguridad Sergio Berni.

Mientras el Covid-19 sigue en aumento en las cárceles del país, ni la ministra de Justicia de la Nación Marcela Losardo ni sus pares provinciales, como el bonaerense Alak (mucho menos quienes ocupan las secretarías de Derechos Humanos dependientes de ambas carteras), se hacen cargo de nada.

Ni de los casos confirmados en los penales, que son consecuencia del hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención, ni de los asesinatos cometidos en la Unidad Penal 1 de Corrientes y en la Unidad 23 de Florencio Varela, donde el preso Federico Rey perdió la vida en manos del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Un pico de contagios en las cárceles y comisarías del país es una probable tragedia sanitaria que sigue intacta. Todos los poderes ejecutivos y judiciales son responsables.