Entrevista. Carla Lacorte: “Hace veinte años sobreviví, hoy sigo luchando contra el gatillo fácil que no cesa”

Después supe que estos policías perseguían a los tiros a tres muchachos que habían intentado robar en un local de comidas rápidas que quedaba en la esquina. Me habían tirado estando yo de espaldas y desarmada, porque creían que estaba con estos jóvenes. Dijeron que yo era la “campana” del robo.

¿Cómo actuó en los días posteriores la Policía y el Poder Judicial?

Pero además, aunque inmediatamente después de haberme disparado los policías lo reconocieron, al grito de “le di a uno” y por lo que decían mientras me interrogaban en el piso, nadie se hizo cargo después de esa acción. No había responsables. Incluso mientras se desarrollaba la pericia balística, se presentó “espontáneamente” en la Comisaría Primera de Quilmes un “vecino” que nadie identificó y que supuestamente había encontrado una 9 milímetros en un baldío ubicado a pocas cuadras de los hechos. La idea que trataron de instalar era que la bala que me había dejado paralítica había salido de ese arma que, “posiblemente”, había dejado tirada ahí un cómplice de los ladrones, que se habría escapado.

En resumen, la Policía quería atribuirle a estos muchachos la autoría del balazo que me pegó. Días después se concluyó de la pericia que la bala había salido del arma del oficial José Salmo de la Comisaría Sexta de Ezpeleta. Esa noche se presentaron en mi domicilio dos policías de la Comisaría Primera y dijeron que querían “hablar” con mi marido. Un apriete disimulado…

Resumiendo, entre la Policía y el Poder Judicial se jugaron a encubrir lo que a todas vistas era un caso de gatillo fácil. Cuando no les quedó otra tuvieron que reconocer que había sido responsabilidad de un bonaerense. Sin embargo le pusieron como carátula “lesiones culposas”, una calificación que no tenía nada que ver con el intento de homicidio que Salmo ejecutó porque me consideraba la “campana” del intento de robo, como sostuvo ante varios testigos. Y recién lo citaron a declarar más de medio año después, cuando a mí me tomaron declaración a los diez días de los hechos, cuando apenas salía de terapia intensiva en la cama de un sanatorio.

Hay que agregar que jamás hicieron la reconstrucción del hecho como pedimos en ese momento y en los años posteriores.

¿Cómo encaraste esa pelea porque se hiciera justicia?

Por eso nos unimos con los familiares de otras víctimas del gatillo fácil, los organismos de derechos humanos y los partidos que enfrentan la represión y la impunidad, que son básicamente de la izquierda. Pero también coordinamos con los centros de estudiantes, porque son los jóvenes los que más sufren esta forma de represión, y, particularmente, con las organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados, porque los trabajadores viven la represión tanto a través de sus hijos como cuando salen a luchar. Eran los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. Hicimos varios Encuentros junto a estos sectores en los que discutíamos y votábamos acciones contra el gatillo fácil, contra los procesamientos de los luchadores, que fueron más de 5000 en los años del kirchnerismo y contra otras formas de represión así como el apoyo a los que salieran a luchar.

Esta amplia unidad permitió que todos lleváramos adelante una lucha independiente del gobierno y del Estado, que es lo único que puede arrancarle un fallo favorable a este Poder Judicial y pararle la mano, aunque sea momentáneamente, a la represión.

¿Qué pasó en el juicio?

Para rematarla los jueces convocaron a los peritos que habían hecho la pericia balística que, curiosamente, de la noche a la mañana realizaron “de motu proprio” y sin avisar un nuevo análisis de la bala y plantearon que acababan de descubrir que había rebotado. Mirá lo que son “las casualidades” que están queriendo hacer lo mismo en el juicio a Luis Chocobar. Todo un modus operandi para garantizar la impunidad.

En el marco de todas estas irregularidades absolvieron al policía que me disparó y le dieron 17 años a los pibes que habían intentado robar en la casa de comidas rápidas. “Una condena propia de la República de Blumberg” como sostuvo en ese momento mi compañera Myriam Bregman, que en ese entonces era una de mis abogadas.

¿Cómo siguió la lucha después?

La audiencia fue en 2010 y se extendió por tres días. La condena fue de seis años y medio de cárcel. Salmo por primera vez salió esposado de Tribunales.

¿Y ahí quedó preso?

De esta manera Salmo apeló, sucesivamente, a la Cámara de Casación, la Suprema Corte de Provincia y a la Corte Suprema de la Nación. Todos sus reclamos fueron rechazados, pero pudo permanecer libre hasta 2014, 13 años después de los hechos en los que me dejó en una silla de ruedas.

Hay que decir además que, si bien en 2004, fue exonerado la bonaerense, el Estado provincial le siguió pagando un sueldo en el Ministerio de Salud.

De todas maneras, y a pesar de la demora, habíamos logrado que no triunfara la impunidad, algo que consideramos importante porque, al menos momentáneamente, se constituye en un mensaje que limita el accionar asesino de las fuerzas represivas.

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Entre Ruckauf-Solá y Berni

¿Cuál era la situación política cuando ocurrió tu caso?

Con la excusa de enfrentar la llamada inseguridad apuntaban a mantener controlados a través del terror a los jóvenes de las barriadas del pueblo trabajador en una situación que era asfixiante. La política de Ruckauf era imitada por los otros gobernadores y a nivel nacional. El resultado fue que junio tuvo un pico de casos de gatillo fácil de los cuales el mío fue el primero. Los casos de gatillo fácil pasaron de 140 en 1999 a 233 y 256 en 2001 y 2002 respectivamente.

El otro objetivo que perseguía darle rienda suelta al accionar policial en ese contexto era prepararse desde el Estado para reprimir un estallido que se veía inexorable, mientras se multiplicaban las luchas de los trabajadores, particularmente de los desocupados, y que llegó con las jornadas de diciembre del 2001. Durante esos días las distintas fuerzas represivas asesinaron a más de 30 personas en todo el país.

Hay que decir también que esas jornadas, la lucha posterior, el repudio a la represión sufrida en diciembre y, meses más tarde a la Masacre de Puente Pueyrredón, marcó una correlación de fuerzas en la que la represión de la protesta quedó profundamente deslegitimada.

Luego retomaremos esta última cuestión, pero volviendo al “meta bala”, ¿Volviste a ver una prédica parecida desde el gobierno en los años posteriores?

La Bonaerense pasó a tener 94.000 miembros, aumentando la saturación de las barriadas populares que ya venía de los gobiernos kirchneristas. También avanzó en darle mayores atribuciones a las fuerzas represivas y en medidas contra la protesta como el protocolo antipiquetes o el encarcelamiento de Milagros Sala.

Pero era un gobierno que tenía que lidiar al mismo tiempo con la falta de legitimidad del Estado para avanzar en ese sentido. Por esa razón el avance represivo fue más rápido, como siempre, sobre los pibes de los barrios. Igualmente en 2017 tuvimos los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y las represiones contra los obreros de PepSico y contra los miles de trabajadores que luchaban contra la reforma jubilatoria en diciembre en el Congreso. La brutalidad represiva y la resistencia obrera, así como el carácter confiscatorio de la medida, se le volvieron en contra el gobierno, incluso en su propia base social. Tanto que quien terminó salvándole el pellejo a Macri fue el propio kirchnerismo, que mientras frenaba la movilización popular lanzaba la zanahoria del “hay 2019”.

Ahora bien, aunque las consecuencias de estos hechos impidieron que Juntos por el Cambio pudiera seguir avanzado mucho más en la represión a la protesta, el caso Chocobar se convirtió en doctrina de Estado para el gatillo fácil. Y esto no solo a partir de gestos políticos, como recibir al policía asesino en la propia Casa Rosada en la misma fecha en que se cumplían seis meses de la desaparición de Santiago Maldonado, sino en la promulgación de la Resolución 956, que legalizaba la práctica del gatillo fácil .

La Resolución implicaba un salto de cantidad en calidad en tanto convertía en legal una situación que el Estado acepta de hecho, pero niega de derecho. Generó mucha resistencia. De tan escandalosa algunos gobiernos provinciales se negaron a aplicarla. Varios medios me llamaron porque justamente recordaban mi caso y veían una norma que amparaba abiertamente el accionar policial en este tipo de situaciones.

Junto con mi compañera Myriam Bregman, y con María del Carmen Verdú, presentamos un recurso contra la Resolución 956/18 que, en primera instancia fue aceptado. Igual la Resolución pesó sobre la realidad. La consecuencia fue que los casos de gatillo fácil y muertes en las comisarías pasaron del ya alto número de 451 en 2017 a 483 en 2018 y siguieron así hasta el fin del gobierno de Macri, incluso con hechos terribles como la Masacre de Monte, de la que acaban de cumplirse dos años.

Otro caso paradigmático en este sentido fue el de Daniel Scioli como gobernador de la Provincia de Buenos Aires durante la llamada década kirchnerista. Con la excusa de la lucha contra la inseguridad incrementó el número de policías, creó las policías locales y les dio nuevas atribuciones. Además se ensañó con los pibes y empezó una verdadera cruzada por la baja de edad de imputabilidad de los menores que, aunque nunca se sancionó, llevó la cantidad de muertes en manos de la policía de 236 en 2007 a 296 en 2009. La mayoría eran jóvenes, como Luciano Arruga, quizás el caso más conocido de ese momento.

En la política de Scioli pesaba el inicio de la crisis económica internacional, cuyos efectos aún no se sabía cómo iban a golpear a la Argentina, tanto en la situación en los barrios como en la conflictividad social. “Por las dudas” se preparaban desde lo punitivo. Hoy cuando escucho a Alberto Fernández reivindicar tanto a Scioli, y hasta considerarlo públicamente como su “hermano” y alter ego, no puedo dejar de pensar en esto.

Podemos ver entonces una constante: hay crisis, los gobiernos toman el problema de la inseguridad como legitimación del fortalecimiento de las fuerzas represivas, se empieza por los barrios, porque la represión de la protesta está limitada por años de lucha, pero el objetivo final es golpear sobre la lucha de clases. No obstante, todavía este último aspecto implica un costo político por lo deslegitimada que está la represión a la protesta. Por eso sigue siendo una crisis para todos los gobiernos.

Scioli de alguna manera decía y practicaba lo que el gobierno nacional de Cristina Kirchner negaba en el discurso, pero avalaba en la práctica.

Eso da pie a una pregunta sobre algo que dijiste antes. ¿Cómo fueron los gobiernos kirchneristas respecto al gatillo fácil y la represión de la protesta social?

Por eso podemos decir que lo que caracterizó al gobierno fue el doble discurso sobre los derechos humanos más que la mística del “gobierno de los derechos humanos”, fue más una imposición dada por la correlación de fuerzas, que una elección. Prueba de esto es que a menos de un año de asumido, el gobierno quiso avanzar en la creación de una “brigada antipiquetera”, y se encontró con tantas resistencias que tuvo que ser desechada, como cuento en mi libro La disciplina de las balas.

Otra prueba de esto fue el posicionamiento oficial ante el llamado fenómeno Blumberg. Si bien en lo discursivo el gobierno cuestionaba las medidas autoritarias propuestas por el falso Ingeniero, sus diputados votaban sus leyes represivas en el Congreso. Algo similar ocurrió después con las medidas de Scioli: se diferenciaban en el discurso, pero la práctica era la misma. El crecimiento del gatillo fácil y la represión en las comisarías es una prueba de esto.

No obstante el doble discurso, a partir de 2010, y ante la emergencia de la lucha de sectores más postergados del pueblo trabajador, el gobierno de Cristina Kirchner adquirió una impronta más represiva que derivó en los primeros asesinados en protestas desde el crimen de Carlos Fuentealba en Neuquén en 2007. Hubo muertos en el Parque Indoamericano, en el Chaco con los qom, estuvo el asesinato de Mariano Ferreyra. Este cambio de política pudo observarse también tiempo después en la represión contra los trabajadores de Lear y otras fábricas en la Panamericana ya en 2014, donde pasó al centro de la escena el tristemente célebre Berni.

A propósito de lo que decís de Berni, ¿Cómo se ubica el gobierno de Alberto Fernández respecto a la política represiva?

Este cuadro de inicio podría mostrar el clásico doble discurso. Pero el nivel de crisis económica y social es totalmente distinto al que afrontaron otros gobiernos. Aceptar los condicionamientos que impone la relación con el FMI implica, tarde o temprano, ajustar y reprimir. Y la crisis se agravó con la pandemia.

En ese sentido el año pasado asistimos a una cuarentena blindada en la que, a falta de las medidas sanitarias masivas que se necesitaban, y que para realizarse hubieran implicado afectar seriamente las ganancias de los empresarios, se empoderó como nunca antes a las fuerzas represivas a nivel nacional y en todas las provincias, particularmente en Buenos Aires con la prédica fascistoide de Berni.

El resultado de esta política fueron más de 400 personas muertas, en su mayoría jóvenes, incluyendo las desapariciones seguidas de muerte de Luis Espinoza y Facundo Castro, encubiertas por las propias autoridades.

Pero el reforzamiento de las fuerzas represivas no apuntaba solamente al control social de las barriadas. Durante 2020, ante el temor de “desbordes sociales” como les decían, Berni tuvo concentrados grupos de élite de la policía en 22 áreas de la Provincia de Buenos Aires. Esos destacamentos fueron utilizados contra los obreros que salieron a luchar por sus puestos de trabajo, como vimos en el Frigorífico Penta de Quilmes o en Cresta Roja, y contra las familias que luchaban por tierra y vivienda en Guernica, entre otras tomas.

Por esos días tuve una conversación con una familiar de víctima del gatillo fácil que apoya a este gobierno. Me decía que el problema era el carácter descompuesto de la policía. Estamos de acuerdo. Pero el gran problema es si vos desde el gobierno, y sabiendo esto, les das más poder.

Hay que decir también que ya con esta cantidad de muertos el gobierno nacional lanzó con Kicillof y Berni el Nuevo Plan de Seguridad para la Provincia de Buenos Aires con el que se apuntaba a sumar entre el año pasado y el actual 10.000 policías, 5000 gendarmes y prefectos y 2300 patrulleros. Para poder darnos una idea: la incorporación de 10.000 policías llevaría a la bonaerense de los 94.000 efectivos que tiene en la actualidad (según datos del Ministerio de Seguridad del 2018) a 104.000, con lo cual la proporción de policías por habitante de la Provincia pasaría a ser de 1 uniformado cada 168 personas. Un verdadero ejército de ocupación. Tres veces más que lo que “sugiere” la ONU.

Que se invierta de esta manera en represión y no en crear puestos de trabajo para paliar la crisis muestra una lógica política. Pero además son medidas que supuestamente apuntan a “combatir el delito”, pero que paradójicamente terminan fortaleciendo a una institución que está ligada en forma indirecta o directa a los delitos más violentos como la trata, el narcotráfico y el robo de coches.

Y eso no es todo. Tanto “empoderamiento” termina alimentando un monstruo que además también se vuelve en contra del propio gobierno, como vimos en el levantamiento policial que se produjo días después del anuncio del Plan de Seguridad. Veamos el rol político que tuvo la Policía en Latinoamérica en los últimos años, empezando por el golpe en Bolivia.

La otra cuestión que es preocupante es como el gobierno va haciendo volver a la calle a las fuerzas armadas: el año pasado para repartir comida y para tareas sanitarias, una tarea que llevaban adelante organizaciones de trabajadores y sociales, este año con medidas sanitarias, todo esto enmarcado en la política de “dar vuelta la página” respecto a los crímenes de la dictadura que impulsa el gobierno de Alberto Fernández.

Los militares están envalentonados con este mensaje y por eso, por ejemplo, le hicieron un homenaje a los caídos en el Operativo Independencia, que fue el precedente de lo que luego fue su accionar represivo en la dictadura. En el contexto de la crisis de la que estamos hablando, y de la realidad latinoamericana, también es un dato para no pasar por alto.

Por todo lo que te digo, no se trata simplemente de un gobierno con doble discurso, es un gobierno que más allá de los gestos tiene que lidiar con una crisis en la que no va a afectar los intereses de los poderosos. Por eso fortalece a las fuerzas represivas. Con la lucha y la movilización tendremos que enfrentar el gatillo fácil y la represión. Y los trabajadores tienen que tener en cuenta esta situación en todas las peleas que están dando y van a tener que dar.

Por eso no puedo entender como hay corrientes de izquierda que apoyan a este gobierno.

¿Cuál es tu lucha hoy? ¿Cómo paramos el gatillo fácil y la represión a la protesta?

Esa lucha es importante, cuestiona la legitimidad de la represión y le puede poner un freno temporal. Pero tiene un límite sino se enlaza con la lucha revolucionaria por transformar la sociedad. Como digo al final de mi libro La disciplina de las balas, “la única forma de terminar con el gatillo fácil y las otras formas de represión es terminando con la sociedad de clases y el Estado que son causa y consecuencia de las mismas. Por eso también se hace inmediata la tarea de fortalecer un partido capaz de semejante tarea”.

Eso nos proponemos desde el PTS. Creo que es la tarea que se nos plantea a los trabajadores, las mujeres y la juventud en este duro momento que atravesamos, pero en el que nuestra lucha puede ser muy fructífera.