Cuatro efectivos de la fuerza que conduce el gobernador Capitanich lo mataron a golpes el 26 de febrero, tras recibir una supuesta denuncia de una vecina de Charata. La Policía sabía de su consumo problemático de sustancias, pero igual lo detuvo y torturó sin piedad. Llegó al hospital sin vida. Quisieron fraguar la muerte como algo “natural”, pero a partir de la movilización de la familia ya se detuvo a cuatro policías y se habilitó una segunda autopsia, donde participó Virginia Créimer como perita de parte. Se demostró que mintieron.

Valeria Jasper @ValeriaMachluk
Domingo 3 de abril de 2022 21:17
Leandro Bravo, de 37 años, vivía en Charata, localidad ubicada en el sudoeste de la provincia de Chaco. Trabajaba en el Poder Judicial y le faltaban pocas materias para culminar la carrera de Abogacía.
En abril de 2017 la policía lo detuvo por discutir con un vecino, y de los golpes que recibió terminó internado en terapia intensiva durante diez días. Su vida no fue la misma desde ese momento. Durante los últimos cinco años el hostigamiento y la violencia policial a la que fue sometido, lo llevó a abandonar su trabajo y el estudio, sumergiéndose en el consumo problemático de sustancias. Persecución y criminalización de la pobreza por parte de la policía chaqueña que es moneda corriente, con anuencia del poder judicial y político de la provincia.
El 26 de febrero de este año, en el cruce de las calles 9 de julio y Patricios, Leandro fue detenido por el oficial Alexis Fleitas de la Comisaría Primera que lo venía persiguiendo luego de recibir una supuesta denuncia. Fleitas solicitó refuerzos y al lugar llegaron otros cuatro patrulleros pertenecientes a la Comisaría Segunda y la Dirección de 911.
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Según testigos que presenciaron el hecho, a Leandro, quien no se resistió en ningún momento, lo golpearon fuerte en el piso y tres policías- Enzo Gómez, Franco Sosa y Agustín Díaz- lo subieron esposado a la caja de uno de los móviles para trasladarlo a la Unidad de Medicina Legal. Allí la enfermera de turno, al ver que Leandro se encontraba descompensado, solicitó su traslado al hospital, donde llegó sin vida.
Habiéndose dado intervención al fiscal de turno Hugo Baigorrí, se determinó la realización de la autopsia a cargo del médico forense oficial Hugo Rodríguez y un médico de parte. De este informe surgió que Leandro no contaba con lesiones recientes, estableciendo como causa de muerte “paro cardiorrespiratorio no traumático”.
No conformes con los resultados de la autopsia y el trabajo que la Fiscalía venía haciendo- solo había tomado declaración a los cuatro policías involucrados-, y teniendo en cuenta el historial de persecución policial sobre Leandro, su familia recabó testimonios y filmaciones de la zona que derribaron el intento de la policía de Capitanich de quedar libre de culpa y cargo.
“Como no entendíamos cómo podía ser que tanto la primera devolución del forense y del fiscal habían sido que no tenía lesiones y que había sido un paro cardiorrespiratorio; cómo era posible que los vecinos dijeran que habían presenciado la golpiza y la tortura efectuada por la policía”, afirmó una de las hermanas a Página 12.
Junto a la confirmación de que la denuncia que originó la detención de Bravo fue falsa, atento al testimonio de la vecina que declaró haber sido incitada por unos de los policías a realizarla luego del fallecimiento de Bravo; las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona, motivaron al Comité para la Prevención de la Tortura de la provincia y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros a intervenir como querellantes y solicitar la intervención de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Sáenz Peña, a cargo de Silvia Slusar.
El 14 de marzo fueron detenidos los policías Fleitas, Sosa, Díaz y Gómez, acusados de tormentos seguidos de muerte. Diez días después, familiares de los policías convocaron a “marchar pacíficamente en repudio a la fiscalía de Derechos Humanos represores de policías, para que liberen inmediatamente a nuestros policías que están privados de su libertad indebidamente”.
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El 25 de marzo, se realizó una segunda autopsia a pedido de la querella, donde participó la doctora Virginia Créimer como perito de parte, quien determinó que Leandro Bravo “sufrió múltiples traumatismos agudos en rostro y tórax, que no se observan en los numerosos videos aportados a la causa, toda vez que en los mismos Leandro se encuentra con el torso desnudo y sin lesiones hasta la llegada del personal policial. A estos traumatismos debe agregarse la presencia de infiltraciones hemáticas en dorso, miembro inferior derecho y ambos ante pies”. Así mismo sostuvo que “las lesiones observadas a nivel cervical son compatibles con la compresión extrínseca del cuello, mecanismo lesional que lleva a la asfixia mecánica y que puede producir la muerte de una persona”.
Gabriela Lamparelli, del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Resistencia arribó a la misma conclusión: múltiples lesiones contusas, politraumatismos y lesiones compatibles con maniobras de asfixia mecánica”.
A Leandro Bravo la policía de Charata lo hostigó, lo persiguió y lo torturó hasta morir. Dos días antes de su muerte, Leandro le dijo a una amiga que tenía miedo de la policía…