COLUMNISTA. Mano dura y gatillo fácil: de la doctrina Chocobar a la doctrina Berni

El incremento de los casos de gatillo fácil es realmente preocupante. El miércoles de la semana pasada la Gendarmería acribilló en el Bajo Flores a Facundo Scalso. El martes cinco policías habían fusilado en pleno centro de Berazategui a Diego Arzamendia. El sábado en Villa Albertina (Lomas de Zamora) Ignacio Seijas perdió un ojo por perdigones de balas de goma disparados en el marco de un allanamiento realizado por equivocación. En la madrugada de este lunes en Quilmes policías de civil descontrolados asesinaron a balazos y golpes a Fernando Almirón.

Solo en Berazategui, en el sur profundo del conurbano bonaerense, estamos ante tres caso de gatillo fácil conocidos en menos de un mes, si agregamos al de Diego Arzamendia los fusilamientos Alan Maidana y el de Arturo Iturralde.

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Todos eran pibes jóvenes. Todos eran hijos del pueblo trabajador.

Además, a diario se reproducen los casos de abuso de autoridad, como se vio con la golpiza que la Policía le propinó a un grupo de vecinos en Isidro Casanova (La Matanza) o el idéntico proceder contra una familia en el Barrio Ameghino de Mar del Plata. Ambos hechos ocurridos durante la semana pasada.

Según un informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), en estos primeros noventa días de cuarentena se produjeron doce casos de gatillo fácil y cincuenta situaciones de abuso de autoridad protagonizados por la Policía y otras fuerzas de “seguridad”.

La maldita policía que supieron conseguir

¿Cuál es el origen de esta escalada? Hay que recordar que la saturación de policías y otras fuerzas represivas del Estado en los barrios populares, como forma extrema de control social, pegó un salto en la llamada por algunos “década ganada”, conviviendo con cierto discurso oficial de “defensa de los derechos humanos”. Eso se profundizó en los años del macrismo, haciendo que en la provincia de Buenos Aires la “herencia” de Daniel Scioli terminara convirtiendo, para 2018, a la Bonaerense de Vidal en una fuerza de casi 100.000 efectivos.

Durante la gestión Cambiemos también aparecieron la Doctrina Chocobar y las resoluciones represivas de la ministra Patricia Bullrich, particularmente la Resolución 956 que legalizaba una pena de muerte de hecho. La consecuencia es por todos conocida: un incremento histórico de los casos de gatillo fácil y de la brutalidad policial, en todo el país.

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Al asumir el actual gobierno, la sucesora de Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, Sabina Frederic, anuló las principales resoluciones de quien la precedió en el cargo. Sin embargo, nunca se detuvo la militarización de las barriadas populares. De hecho se profundizó al utilizar el mismo esquema coercitivo para inaugurar la cuarentena por Covid-19, donde los gobiernos de Fernández y Kicillof dieron un papel central a sus tropas armadas en el control de la circulación, aumentando aún más su presencia y atribuciones en las barriadas. Incluso Frederic emitió una resolución que permite reincorporar personal retirado de las mismas fuerzas.

En ese momento desde este sitio denunciamos que darle más poder a la Policía, a la Prefectura y a la Gendarmería iba a redundar en más casos de gatillo fácil y brutalidad policial. Decenas de miles de personas detenidas y demoradas (que por estos días ya superaron las 100.000), de verdugueos y golpizas sobre la juventud signaron los primeros tiempos de la cuarentena. Lamentablemente no nos habíamos equivocado.

El crimen del trabajador rural Luis Espinoza en Tucumán, a manos de la Policía de Juan Manzur, fue una de las primeras muertes de esta seguidilla. A partir de ese momento los casos de gatillo fácil no pararon de incrementarse, llegando a la última semana en la que observamos una particular aceleración.

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Causas y razones de una verdadera escalada

La causa de este crecimiento no es solo la mayor circulación de gente. En el último mes asistimos a una verdadera “campaña de inseguridad” en la que las corporaciones mediáticas y la derecha política y periodística magnifican hasta el hartazgo cada hecho delictivo. Hechos que, por otra parte y según afirman la Procuración General de Justicia de la Provincia y la flamante interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós, recién están volviendo a los porcentajes previos a las fases más rígidas de la cuarentena (las denuncias por delitos callejeros llegaron a bajar más del 70 %).

Pero no fue solo el macrismo el que tomó esta bandera. El que dió el argumento central para la “campaña” fue el teniente coronel del Ejército y actual ministro de Seguridad Sergio Berni, quien en su interna con la ministra Frederic agita a los cuatro vientos un supuesto “abandono” del Estado nacional a la provincia y la necesidad de incrementar el número de los efectivos de las distintas fuerzas en suelo bonaerense con el argumento de enfrentar “la inseguridad”.

Recordemos que Berni había iniciado la cuarentena arengando a un grupo de policías bonaerenses frente a su Ministerio en La Plata, con un tono más propio de 1976 que de nuestros días. Luego se “guardó” durante un tiempo, tras la brutal represión a los obreros del Frigorífico Penta de Quilmes. Su salida del ostracismo se dio con el brote de contagios y la inmediata militarización de Villa Azul (también Quilmes) a partir de la que se convirtió en la cara pública del gabinete de Kicillof.

Hoy el excarapintada es el adalid de las corrientes de opinión que, en nombre del combate a “la inseguridad”, otorgan cada vez más poder discrecional a las fuerzas represivas. Y que cuando saltan a los medios los casos de gatillo fácil, torturas y brutalidad policial contra la población, calla cómplicemente y se pone a hablar de cuestiones sanitarias.

Por eso no es descabellado, a esta altura, hablar de un cambio de la doctrina Chocobar a una doctrina Berni.

Algunos tratan de explicar la verborragia y los gestos ridículos del excarapintada a partir de sus aspiraciones electorales, destinadas en este caso a seducir a una porción bolsonarista del electorado. Puede ser. Pero en el fondo su obsesión por el refuerzo numérico y de atribuciones de las fuerzas de seguridad está ligado a los posibles escenarios de profundización de la crisis.

Amén de profundizar, vía el terror, el control social en los barrios populares, por orden del gobernador Kicillof, Berni concentra fuerzas de élite en veinte puntos estratégicos de la provincia, para según él mismo “prevenir situaciones de alteración social”, un eufemismo con el que se refiere a la represión de las lógicas protestas y reclamos que pueden surgir por los padecimientos de los sectores obreros y populares a medida que se profundice la crisis social originada en la pandemia.

La campaña de Berni tiene algo de electoral. Pero tiene mucho más de necesidad estratégica. Nosotros también tenemos que prepararnos.

Los organismos de derechos humanos, las organizaciones obreras, estudiantiles y de la izquierda tenemos que tomar con todo la lucha contra el fortalecimiento del aparato represivo que hoy nos cuesta la muerte de tantos pibes y mañana será desplegada sobre los trabajadores que salgan a luchar por salario y contra los despidos.