INDEPENDENCIA DE CATALUÑA. Carles Puigdemont será extraditado al Estado español

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El tribunal de Slesvig-Holstein encargado de la causa de extradición contra el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dictaminado como “inadmisibles” los delitos de rebelión y sedición por los que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, le reclamaba.

Sí acepta poder extraditarlo por el delito de malversación de fondos públicos, sin entrar a valorar si la hubo o no. Una decisión esta última que será recurrida por los abogados de Puigdemont, con lo que previsiblemente quedará en suelo alemán y en libertad unas semanas o meses más hasta que se resuelva dicho recurso.

La sentencia ha sentado como un auténtico jarro de agua fría tanto en el Poder Judicial como en el PP. La pieza clave de la “causa general” contra el independentismo catalán, sufre un golpe muy fuerte al menos en su legitimidad jurídica internacional. Si el “jefe” de la supuesta rebelión catalana no puede ser juzgado más que por gastar dinero público indebidamente ¿Cómo se va a sostener dicha acusación para los otros 17 acusados -9 de ellos en prisión provisional- que eran sus subordinados?

Aunque a Puigdemont se le aplicara la pena máxima, 12 años, por el delito aceptado por los jueces alemanes, sería difícil de justificar que todo su gobierno, la presidenta del Parlament y los dirigentes de ANC y Omnium acabaran condenados a penas de entre 15 y 25, que son las contempladas para la rebelión.

En el PP, metido de lleno en plena guerra interna por la sucesión, han salido voces a condenar la sentencia alemana. El portavoz de los populares en la Eurocámara, González Pons, ha llegado a pedir que el Estado español abandone el Tratado de Schengen -que regula la libertad de movimientos entre los países miembros y las euroórdenes- al considerar que los jueces alemanes han actuado desde sus “prejuicios”. Albert Rivera de Cs ha lamentado que solo se le extradite por malversación y que “los huidos puedan salir mejor parados que los presos”.

Pedro Sánchez se ha limitado a mostrar respeto por esta decisión judicial, aunque confiando en que los responsables de lo ocurrido en Catalunya entre septiembre y octubre del 2017 acabarán respondiendo ante los tribunales. Sus principales socios de gobierno, Unidos Podemos, han exigido a la Fiscalía que retire la acusación de rebelión contra los líderes independentistas. Por su parte desde ERC y el PDeCAT se han felicitado por la decisión judicial, coincidiendo en que constituye una derrota al proceso judicial abierto en el Supremo.

La decisión judicial puede beneficiar a la defensa de los 18 procesados por Llarena y es comprensible que despierte alegría entre todos aquellos sectores que en Catalunya y el Estado español han visto con estupor la deriva autoritaria puesta en marcha contra el independentismo.

Sin embargo, esta decisión no emana del pedigrí democrático de la Judicatura germana, igual de reaccionaria que la española o la del resto de los países de la UE. Como todas las decisiones y movimientos judiciales sobre esta causa es de todo menos independiente. La Alemania de Merkel estaría enviando un mensaje de respaldo al nuevo gobierno del PSOE -que a su vez es considerado un aliado europeísta en contra del incremento del populismo de derecha en el Este y el Sur del continente, con Italia a la cabeza- y a su apuesta por devolver a un marco autonomista el problema catalán.

En la reunión de cerca de tres horas que sostuvieron este lunes Sánchez y Torra se nos dijo que no se trató el problema de los presos. Después se filtró en varios medios que el president de la Generalitat habría entregado un informe jurídico sobre las posibilidades de que la Fiscalía obrase en favor de la finalización de la prisión preventiva y la rebaja de las acusaciones. Solo cuatro días más tarde, el mismo que los vicepresidentes de ambos gobiernos se reúnen en Madrid para tratar la agenda económica de futuros acuerdos, los jueces alemanes tiran un capote para que este acercamiento y diálogo pueda seguir avanzando.

No se puede descartar entonces que Sánchez, por medio de la nueva Fiscal General del Estado María José Segarra, quien ya ha anunciado que estudiará la sentencia alemana, no de pasos en este sentido. Tampoco es seguro, otros sectores del régimen se van a oponer, desde el PP y Cs, hasta la Corona -aunque pasa por horas bajas nuevamente con la salida a la luz de los turbios negocios del Rey emérito-, pasando por toda la caverna mediática.

La satisfacción de una demanda democrática elemental y muy sentida por millones de catalanes, la libertad de los presos, podría estarse hoy cocinando entre Moncloa y Palau. Que esta se consiga como parte de la vuelta al “seny”, al autonomismo y a relegar la lucha por el derecho a decidir y el legado del 1-O para discursos y aniversarios, es clave tanto para el PSOE como para el PDECAT y ERC.

Que sea el “broche de oro”, la concesión del Estado para justificar una claudicación que fue puesta en marcha por la dirección procesista desde el minuto cero, cuando bloquearon que las jornadas del 1 y el 3 de octubre abrieran un proceso de movilización social capaz de hacer respetar el resultado y abrir el camino para acabar con el Régimen del 78.

Por fuera de agenda quedará no solo el derecho a decidir. Los más de 1.000 investigados desde el otoño en Catalunya por parte de la Fiscalía, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los docentes, activistas, miembros de los CDR, defensores de colegios... que se están sentando en el banquillo y que también pueden acabar en prisión, multados o apartados de sus trabajos, no están en la mesa de negociación.

Volviendo a la metáfora con la que abría mi último artículo, al pueblo catalán le quieren hacer el truco de los zapatos pequeños. Desde otoño el bloque monárquico, con el PSOE en primera línea, le impuso un par de zapatos tres números menores al suyo. Lleva 10 meses caminando con ellos. Ahora se los quieren cambiar por otros solo dos números por debajo al habitual ¿Alivio? Seguro que sí. Pero es una ilusión. Seguirán llevando un calzado que no le corresponde.