Suspensión de exportaciones. Carne: una medida parcial y con la pérdida del poder de compra ya consumada

Durante la semana pasada se dieron a conocer los datos de la inflación del Indec. El informe arrojó una suba de precios promedio de 4,1 % en el mes de abril, lo cual dio una inflación acumulada en el año 17,6 %. De seguir el mismo ritmo, el aumento de precios al consumidor alcanzaría a fin de año más del 60 %. Una realidad que tiró por la borda la proyección del ministro Guzmán de una inflación del 29 %, en la que se basó el gobierno para el presupuesto de ajuste votado para 2021.

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Pero el aumento de los precios de la carne fue aún mayor. En abril tuvo una suba de un 65,3% en comparación con el año anterior, y su consumo en el primer bimestre del año cayó un 10 %. El precio del asado tuvo un aumento superior, un 95 %. Con esto, la medida está orientada a contener la presión sobre los precios de la carne que se vuelve cada vez más un lujo para la mayoría de las familias trabajadoras y pobres.

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Pero la medida tiene varios límites. En primer lugar no está asegurada que tenga efectividad en la contención de los precios locales. El hecho de que los empresarios del sector no puedan vender al exterior su faena no implica que la ofrezcan en el mercado local a un precio menor. La experiencia dice todo lo contrario, y son múltiples las maniobras que se realizan en el mercado para burlar los controles que se intentan establecer desde el gobierno.

El programa de precios populares para algunos cortes de carne es una muestra del fracaso por parte del gobierno para intentar controlar los precios en el mercado interno en base a “pedidos” al sector empresarial. Yendo un poco atrás en el tiempo, durante el último gobierno kirchnerista se buscó pisar los precios con acuerdos con los eslabones más concentrados de las cadena como los supermercados y frigoríficos, lo cual tampoco logró contener los precios, y por el contrario, contribuyó a acelerar problemas estructurales, como la liquidación del stock ganadero.

En segundo lugar todo indica que es una medida tomada más que por sus efectos económicos concretos, para “golpear” y luego negociar con el sector agroexportador de la carne. El anuncio de medidas como la suba de retenciones, amenazas de “expropiaciones” como en el caso de Vicentin o incluso la suspensión de exportaciones para productos como el maíz (también debido a los altos precios de la carne) para luego retroceder ante la respuesta de esas patronales, no dan muchas garantías de continuidad en la “dureza” de la medida actual.

Por su parte, la Mesa de Enlace ya anunció un paro por nueve días en respuesta a la medida luego de una reunión en la mañana del martes por Zoom. La medida, decidida por Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria Argentina (FAA), comenzará este jueves 20 desde las 0 horas hasta las 24hs del viernes 28, donde no se venderá hacienda.

Vale tener en cuenta también que ésta medida es tomada por el gobierno una vez consumado la suba de precios en general y de la carne en particular. Con una inflación interanual del 46,3 % y un aumento en el precio de la carne durante el mismo período de 65,3%, queda a la vista que los perdedores son los salarios de las mayorías trabajadoras. La pérdida de poder de compra de los asalariados entre 2018 y 2020 fue de un 20 % y nada indica que en 2021 esa tendencia se revierta, más bien que continúe la pérdida. En caso de que esto sucediera se estaría frente al cuarto año consecutivo, desde 2018, de caída de poder de compra.

A la vez la inflación existe por diversos factores, los cuales son responsabilidad oficial. Entre ellos, la política de minidevaluaciones del tipo de cambio oficial que venía practicando el Gobierno a través del Banco Central mueve la estructura de precios hacia arriba. Con el fin de intentar controlar la inflación, el oficialismo intenta contener la cotización del dólar planchada. Pero esto depende de muchos factores, entre ellos, contar con reservas en el Banco Central, lo cual explica las negociaciones y gira presidencial por Europa para intentar postergar los vencimientos de deuda con el FMI y el Club de París.

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Otra causa responsabilidad del Gobierno es la suba continúa de los precios de las naftas a través de YPF, la cual constituye los precios de referencia para el resto del sector. El no tocar los intereses de las grandes alimentcias, que aumentaron sus ganancias en plena pandemia, y mantener intacto el esquema privatizado de los servicios públicos, son factores que inciden directamente en la suba general de precios.

Pasadas pocas horas desde el anuncio habrá que ver como se sigue desarrollando esta puja-negociación entre el gobierno y las patronales agrarias. Desde la asunción de Fernández, lo visto hasta el momento fue el anuncio y casi inmediato retroceso cuando se anunciaron medidas que pudieran afectar aunque sea mínimamente los intereses de las grandes empresas. Sucedió con Vicentin, con el sector privado del sistema de salud, con las amenazas de suba de retenciones a la soja o suspensión a las exportaciones de maíz, que luego no se aplicaron. Lo cual contribuyó a envalentonar más a las patronales en su disputa por apropiarse de una porción mayor de la riqueza producida en el país, a costa del deterioro del poder de compra de las mayorías.

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Es por eso que se vuelve necesario, al contrario de estas medidas de tipo “parches” que terminan siendo impotentes, el monopolio estatal del comercio exterior, la apertura de libros de contabilidad de todas las empresas que intervienen en la cadena de comercialización de bienes esenciales para establecer un verdadero control de precios por parte de comités de trabajadores y consumidores. Y la exigencia a las centrales sindicales a salir de la tregua y levantar un plan de lucha por un salario mínimo igual a la canasta básica y su indexación automática por la inflación.