Ayer viernes vecinos y vecinas de la zona de Hornopiren y Hualaihue se tomaron parte de la Carretera Austral en rechazo a la mini central hidroeléctrica que intervendrá el río Negro.
Sábado 18 de enero de 2020
Desde las 6:30 de la mañana del viernes 17 de enero más de cien vecinos de la Comuna de Hualaihue, según consigna el diario El Huemul de la provincia de Palena, cortaron el tránsito de la Carretera Austral, en el acceso a Hornopirén, en rechazo a la construcción de una microcentral de paso que intervendrá el curso del río Negro. Hornopirén es la capital de la comuna de Hualaihué en la Región de Los Lagos y parte de la Provincia de Palena.
El año 2010 el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos aprobó la resolución de calificación ambiental para el proyecto denominado “Mini central hidroeléctrica de Pasada Río Negro” de la empresa Hidroenergía Chile ltda.
Hidroenergía Chile ltda. es una filial del Grupo Italiano Scotta y nació el año 2006, hoy existe bajo el nombre de Scotta Ingeniería SpA. Tiene en operación cinco mini centrales en el país: La Paloma en Monte Patria, Coquimbo; Muchi en Lago Ranco, Región de Los Ríos; Nalcas, Bonito y Callao en Puerto Octay en la Región de Los Lagos. Además, con sociedades relacionadas lleva adelante proyectos en las regiones de Bío-Bío, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos que entrarán próximamente en operación.
El proyecto de pasada por el río Negro es rechazado por los habitantes de la zona, debido a que contaminará el cauce del río y eso afectará el agua potable de las personas; también por el impacto que tendría sobre la biodiversidad (flora y fauna nativa), el turismo donde todos los años se realiza un festival de Kayak que promueve el cuidado y la protección de los recursos hídricos y, además, porque atenta contra el territorio ancestral Mapuche – Huilliche, habitado y protegido por ellos. Las y los vecinos exigen el término de la construcción de la represa y el cese inmediato de las labores, debido a que comenzó a funcionar sin tener todos los permisos.
Según consigna el diario El Huemul, vecinos de Hornopirén presentaron un comunicado donde emplazan al Intendente Harry Jürgensen para que detenga el proyecto, porque “(…) el pueblo de Hornopirén no acepta esta intervención en sus ríos”. Exigen la renuncia del Gobernador de la Provincia de Palena Osvaldo Oelckers por tener conflictos de interés con el proyecto:
Según Cooperativa.cl el presidente de la comunidad indígena Antiñirre, Denis Arriagada, señaló que "aquí, él que tiene plata, controla todo lo que quiere y nosotros, que somos pobres personas, no tenemos decisión" y vinculó el proyecto con el gobernador, señalando que este es accionista de unos de los terrenos y que una segunda propiedad es de su esposa, acusando también que "la empresa de su hijo está a cargo de las obras".
Por su parte, el alcalde de la comuna Fredy Ibacache (PPD) apoyó la acción de las y los vecinos, ya que la empresa ejecuta su obra sin los permisos y, por ende, no puede realizar las faenas.
En un contexto de crisis hídrica que vive el país, la no modificación de su legislación es aberrante. Los remates de ríos siguen su curso a la orden del día; las mineras, agricultores privados y empresas hidroeléctricas disponen de las aguas porque la legislación les permite apropiarse de los derechos de uso y, solo gracias a la acción de las comunidades organizadas, se logra detener algunos remates de río (como ocurrió esta semana en Ñuble) o la paralización de faenas.
Las consecuencias de la privatización del agua son cada vez más evidentes, por lo que urge eliminar el código de aguas de la dictadura y avanzar hacia la nacionalización de no solo del agua, sino de los recursos naturales y que estos sean administrados por sus comunidades.
No podemos esperar que bajo los lineamientos del actual parlamento podamos conseguir la nacionalización del agua, quedó demostrado hace unas semanas cómo 12 votos pesaron más que 24 para convertir al agua en un bien de uso público (ya que no se alcanzaron los dos tercios, es decir, 29 votos), debemos avanzar hacia un paro productivo que nos permita imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana y, así, eliminar toda la herencia de la Dictadura, como lo es el actual Código de Aguas que privatiza este recurso.
