DÍA MUNDIAL DEL AGUA. Vienen por el agua: saqueo, contaminación y extractivismo en Argentina

Los salares y las vegas del norte, que no son desiertos, se consumen y secan. Con el litio hacen glifosato. Elefantes marinos cazados impunemente, pesca ilegal con cientos de embarcaciones extranjeras y estruendos similares a un despegue espacial en el mar argentino. Veintitrés sitios Ramsar y ninguna ley de humedales. Multinacionales que vienen por el oro, la plata, el litio y las materias primas de la agroganadería también vienen por el agua. El Gobierno les abre la puerta. Hablamos con Luisina Vueso de Greenpeace, Evelyn Vallejos, gestora ambiental de Catamarca, Emilio Spataro de Amigos de la Tierra y Ana Paula Forte, geóloga de la Universidad Nacional de San Juan.

El mar argentino en peligro

La Izquierda Diario consultó a Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de Greenpeace por la protección del mar argentino, una de las voces que denuncia la “invasión” de flotas extranjeras. Vueso alerta que la explotación pesquera sin control en el límite de la zona económica exclusiva y la exploración de hidrocarburos a través del bombardeo sísmico “implican la destrucción de ecosistemas fundamentales para el delicado equilibrio del mar” y lo llevan al colapso. Hay responsabilidades claras para la joven economista y referente de Greenpeace: las políticas de Estado que fomentan la profundización del modelo extractivista y la destrucción de ecosistemas al servicio de “intereses corporativos”.

En un contexto de crisis climática y ecológica a nivel planetario, Vueso destaca la urgencia de proteger el mar argentino, que como otros mares y océanos hacen aportes esenciales para la vida. “Son los verdades pulmones del planeta”, afirma, ya que regulan la temperatura, almacenan entre el 20 % y el 30 % de las emisiones de carbono y aportan entre el 50 % y el 80 % del oxígeno que se libera a la atmósfera. Pero también “son fuente de alimento, de trabajo, cuna de rica biodiversidad que sostienen los ecosistemas que lo integran”, detalla.

Mientras a nivel mundial se discute la importancia de mantener “océanos sanos”, como los define Vueso, en Argentina se siguen promoviendo o dejando correr actividades que ponen en peligro los ecosistemas marinos y las contribuciones que realizan para los ciclos vitales del planeta. “Debemos actuar ahora y proteger el mar argentino, para recuperar los ecosistemas devastados y su capacidad de hacer frente al cambio climático”, concluye la especialista.

Nuestros humedales o sus ganancias

Quemas intencionales, desmontes, contaminación con agrotóxicos y rellenos con retroexcavadoras en territorios de humedales son moneda corriente en el país. Es que, en lugar de ser vistos como ecosistemas únicos que regulan el clima, proveen agua y alimento a comunidades, mitigan la crisis climática a través del almacenamiento de dióxido de carbono y amortiguan inundaciones, se ven afectados por corporaciones desde los salares del norte a los mallines patagónicos.

Aunque Argentina adhirió en 1991 a la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar), el país todavía no cuenta con una ley que proteja estos territorios que, como definió la bióloga Natalia Gomiz en La Izquierda Diario, son “planicies de inundación permanente o intermitente, de agua dulce o salada, que pueden estar al nivel del mar o en altura”.

El debate en comisión ambiental de Diputados resultó en dictamen unificado, pero, al no producirse en otras comisiones implicadas, el tratamiento quedó trunco hasta nuevo aviso pese a ser una demanda muy sentida por la que se movilizaron miles en todo el país.

Emilio Spataro es licenciado en Gestión Ambiental y coordinador de Bosques y biodiversidad en Amigos de la Tierra. Desde Corrientes, detalla a La Izquierda Diario el impacto ambiental de actividades económicas a gran escala en la ecorregión Iberá, donde se experimenta un "acaparamiento de tierras para usos y actividades que tal vez no forman parte del imaginario más común en las luchas extractivistas".

Hablamos de la ganadería intensiva y los sectores forestal, arrocero y turístico. Donde antes había estancias con unas pocas vacas a cargo de pobladores, desde la década del 90 comienza un proceso de extranjerización de la tierra y un corrimiento de la frontera ganadera intensiva desde la zona pampeana al litoral.

"Tenemos muchas vacas de forma intensiva prácticamente todo el año, acompañado de destrucción de humedales a través de canalizaciones y terraplenes para poder generar el movimiento de los animales en tierras que son bajas e inundables", explica Spataro.

Si antes los pobladores y las comunidades indígenas del Iberá estaban bajo el yugo de los grandes estancieros, ahora, con la llegada de empresas extranjeras con otro nivel de capital el despojo va en ascenso y ni la supervivencia está garantizada.

A través de fondos de inversión o conglomerados extranjeros, el sector forestal es plenamente subsidiado por el Estado desde el menemismo. Se hacen con estancias, las reconvierten a un uso forestal y emplean mano de obra en condiciones de precarización y hasta semiesclavitud, protesta Spataro.

En los 90 los pequeños productores correntinos de arroz fueron desplazados por empresarios nacionales e internacionales como José Aranda, vice de Clarín, y George Soros, que de conjunto tienen más del 50 % de la producción de arroz en Argentina. Aunque ocupa poca superficie, se trata de un monocultivo que consume grandes cantidades de agua y agrotóxicos.

La otra cara de la moneda, dice el especialista, es "la creación de áreas protegidas estrictas", mayormente por parte de magnates norteamericanos, pero también británicos. Spataro describe que acaparan tierras sin vocación forestal, ni ganadera intensiva ni arrocera en su mayoría y, lo que sobra, lo dedican a una conservación para la actividad turística y negocios vinculados a la conservación y el turismo de elite”.

Para Spataro el camino es pensar “una política nacional donde el enfoque sean los servicios ecosistémicos para beneficio de toda la sociedad y el respeto al valor intrínseco de los humedales", es decir, dejar de considerar el agua como una mercancía más. Es un derecho y un bien común, afirma el referente de Amigos de la Tierra.

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Las espeluznantes cifras del saqueo del litio

Hace veintinueve años que el extractivismo de litio existe en el Salar del Hombre Muerto -un 70 % en el norte de Catamarca y otro 30 % en Salta-, cuenta Evelyn Vallejos, gestora ambiental. Actualmente es la norteamericana Livent, ex Minera del Altiplano, la que, para producir el carbonato de litio en Salta, explota la salmuera y también el agua dulce de esta región de Catamarca, donde escasea. “El abastecimiento lo tenemos por aguas fósiles que hay, una acumulación de millones de años. El sistema de la puna es sumamente frágil: cualquier intervención empieza a quebrar el ciclo”.

Hay impactos ambientales muy graves en los alrededores del salar, específicamente en la vega del río Trapiche, de donde la minera consumió 380 000 litros por hora todos estos años. Como consecuencia, se empezaron a secar el río y las vegas, que son los pastizales de la puna que funcionan como "esponjas de agua" y a la vez dan alimento a animales, que muchas veces aparecen muertos de sed.

Las cifras del saqueo son espeluznantes: aprovechando que en la zona la radiación solar es alta y hay pocas lluvias, la minera Livent perfora el salar para extraer 900 000 litros de salmuera cada hora. La gestora ambiental describe que el proceso continúa en piletones de evaporación, donde mezclan la salmuera con cal, soda cáustica y 380 000 litros de agua dulce. “Aquí ya empiezan a utilizar químicos que luego son vertidos en el mismo salar”, alerta Vallejos mencionando el desborde de los piletones.

“Al salar no solamente le están saqueando todo el agua, sino que también la devuelven con químicos, totalmente contaminada”, se indigna Vallejos. Se trata de un área particular -la “vega blanca”- que está “muerta” y reseca a causa de las sustancias tóxicas desechadas. En cambio, la vega del Trapiche, de donde saquean el agua, se ve oscura y “quemada”, explica.

“La minería de litio destruye la economía regional y la cultura”, opina la referente ambiental, ya que las comunidades indígenas con las que trabaja, Atacameños del Altiplano y Atacameños de Antiofaco, viven de la venta de tejidos y la carne de llama y ovejas. Los habitantes de esta zona están en una suerte de “sitio minero”: se instaló un aeropuerto, camionetas pasan frecuentemente sobre lugares arqueológicos y se destruyen sus casas, ya que Livent se ubicó en medio de Atacameños del Altiplano y le obstruyó el paso.

“Cuando entran, son como un cáncer: te van comiendo”, asegura Vallejos, para quien la provincia es ejemplo de las mentiras de la minería. A diferencia de Chubut y Mendoza, en Catamarca no existe, dice, una conciencia ambiental más allá de los movimientos socioambientales. “Es la primera provincia que recibió megaminería de litio y metalífera, con minera La Alumbrera. Los empresarios de litio hoy son los mismos gobernantes”, destaca, mencionando que Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, intendentes y jueces son “proveedores mineros”.

Denunciar el extractivismo de litio trae consecuencias: causas armadas, detenciones arbitrarias y persecución policial son moneda corriente. En 2019, cuando Livent amenazó con triplicar su producción, hubo varias detenciones de miembros de Atacameños del Altiplano por protestar contra la imposición de caminos mineros en sus tierras y la construcción de un acueducto en el río Los Patos. “La misma persona que manda detener es proveedor minero”, relata Vallejos.

Difunden la idea de que el litio es para fabricar celulares y computadoras, pero Vallejos señala que uno de los primeros usos que le dio Livent fue el de hacer glifosato: “Está matando gente en la puna para matar gente en la llanura”. Agrega que cada batería para autos eléctricos requiere 67 kilos de litio, mientras que un celular necesita apenas 0,2 gramos.

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La gestora ambiental destaca un punto paradójico: mientras “venden” que las baterías de litio son una herramienta para “luchar contra el calentamiento global”, secan y contaminan salares, que están entre los mayores reguladores de dióxido de carbono del mundo, junto con los bosques nativos.

La laguna Diamante, cerca del Salar del Hombre Muerto, tiene unos microorganismos llamados estromatolitos. “Generaron la vida en el planeta”, enfatiza Vallejos sobre el espejo de agua que permite estudiar cómo era la vida en el origen. Hoy esa laguna de Antofagasta de la Sierra corre riesgo.

Reservas estratégicas de agua

Por su trabajo, la doctora en Geología Ana Paula Forte, del Centro de Investigaciones de la Geósfera y Biósfera (Cigeobio) de la Universidad Nacional de San Juan, va y viene desde la ciudad a la cordillera de los Andes. Acostumbrada a ver y estudiar esta parte de la corteza terrestre donde predominan las bajas temperaturas, considera fundamental proteger la criósfera, cuyos componentes son por definición reservas de agua.

Hay dos grandes amenazas, le cuenta Forte a La Izquierda Diario: el aumento de la temperatura de la superficie terrestre y las actividades antrópicas de alto impacto. El calentamiento global que ha venido en ascenso en los últimos ciento cincuenta años ha abierto grandes debates en la comunidad científica por su simultaneidad con el desarrollo industrial y las actividades productivas del capitalismo. “Cada vez son más notables y probados los profundos cambios que un sector de nuestra especie ha producido en los diferentes sistemas ambientales terrestres: atmósfera, hidrósfera, litósfera, biósfera y por supuesto la criósfera”, se posiciona Forte.

El panorama no es muy alentador: los pronósticos coinciden en que este período cálido de la Tierra seguirá. A Forte también le preocupa que en este escenario se intensifiquen megaproyectos industriales y extractivistas en Argentina y el resto de América Latina “para resolver problemas y crisis económicas con una mirada cortoplacista”. Aquí sobresale la ofensiva megaminera de Arcioni y Fernández en Chubut, pese a las advertencias de científicos del Conicet y a no contar con licencia social.

Aunque considera que la ley sancionada en 2010 para proteger glaciares y periglaciares es “una herramienta legal muy clara e importante”, Forte alerta por el hecho de que aún no haya una cartografía que defina las áreas alcanzadas. En esas condiciones es muy difícil aplicar la ley que protege estas reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad, la recarga de cuencas hidrográficas, la investigación y el turismo.

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No hay un comportamiento homogéneo de ambientes glaciares y periglaciales. Los glaciares descubiertos y los manchones de nieve, por ejemplo, tienen mayor sensibilidad a los cambios de temperatura y a las precipitaciones. “Se los considera buenos indicadores del cambio climático y son muy vulnerables a actividades humanas”, apunta Forte. Los glaciares cubiertos y las morrenas con núcleo de hielo están, en cambio, más protegidos que los cuerpos de hielo descubiertos.

Los componentes de la criósfera andina están siendo afectados por los cambios ambientales. Para Forte, evidencia de esto son las “enormes lagunas de termokarst que se han generado por la pérdida de hielo sobre diferentes geoformas del ambiente glacial, especialmente sobre morrenas con núcleo de hielo y glaciares cubiertos, y lagunas de colapsos en glaciares de escombros, protolobes, protalus Rampart".

En áreas de montañas, la pérdida de hielo de la criósfera puede ocasionar peligros geológicos. La geóloga habla de "deslizamientos de rocas y/o detritos u otros procesos de remoción en masa generalmente asociados al aumento de temperatura ambiental y la pérdida de cohesión de los materiales". Hay riesgo de catastróficas inundaciones y crecidas que podrían afectar la estabilidad de laderas y la seguridad de muchas obras de infraestructura.

En tiempos de sequía, especialmente en los Andes áridos, los glaciares tienen un papel clave en el aporte hídrico, explica Forte. Veladero, de la canadiense Barrick Gold, está instalado en ambiente periglacial de San Juan y tiene permiso para consumir hasta 110 litros de agua por segundo. Según Greenpeace, eso equivale a nueve millones de litros por día.

Pero cuando no derrocha el agua, la minera la contamina, como en los sucesivos derrames de agua cianurada a cinco ríos de la provincia, el mayor en 2015, cuando vertió un millón de litros. La UNCuyo determinó que el cianuro había contaminado los ríos de la montaña al reaccionar con altas concentraciones de metales pesados y peligrosos para la vida, como el manganeso y aluminio. A la minera canadiense le impusieron una multa menor, pero siguió operando, contra la voluntad de la asamblea de Jáchal, que exige su cierre definitivo. Hoy el Gobierno elogia su “modelo minero seguro”.

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