Con un contrato multimillonario, la SECULT crea nómina paralela para su programa de Cultura Comunitaria, avanzando en la precarización laboral.
Yara Villaseñor Socióloga y latinoamericanista - Integrante del MTS - @konvulsa
Martes 6 de agosto de 2019
Según el gobierno del Morena, como parte de la política para combatir la inseguridad y la delincuencia, implementó una serie de programas para "fortalecer el acceso de jóvenes a la educación y la cultura".
En el caso de la Secretaría de Cultura federal (SECULT), la división de Cultura Comunitaria recientemente estuvo involucrada en un escándalo por la creación de una nómina paralela que ha contratado a cientos de trabajadores a través de la polémica figura del outsourcing, es decir la subcontratación.
El outsourcing es un modelo de contratación que, si bien en algunos casos brinda a los trabajadores seguro médico y limitadas vacaciones, libera a las patronales de toda responsabilidad laboral al integrar una figura prestadora de servicios que es quien directamente contrata a los trabajadores. Es decir, en este caso, la patronal no sería la SECULT sino la empresa Lore Soluciones Integrales Empresariales S.A de C.V, según un reportaje publicado por El Universal.
El acuerdo que supera los 200 mil millones de pesos, consiste en la “contratación de servicios especializados con terceros para atender el programa de Cultura Comunitaria de la Dirección General de Vinculación Cultural”. Quien precisamente brindará los servicios de contratación de casi un millar de trabajadores de manera precarizada, sin posibilidad de generar antigüedad o tener derecho a la sindicalización para liberar a la SECULT de toda responsabilidad laboral.
Adiós a las promesas de campaña, hola a la ganancia de los empresarios
A pesar de que en plena campaña el presidente López Obrador, así como el actual senador Martí Batres y la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se posicionaron contra estas formas de subcontratación, en la realidad, esta figura de contratación se está extendiendo en la república mexicana -por ejemplo con empresas no reguladas como Uber, Didi, cadenas de comida rápida, call centers y tiendas de super mercados y autoservicios.
El outsourcing representa una cara más de la política antiobrera del gobierno del Morena, que busca reducir la plantilla laboral de trabajadores estatales con una oleada de despidos masivos y recortes consecuencia de la “austeridad republicana” y con la implementación de becarios y beneficiarios (como el caso de cientos de promotores del programa PILARES o los Jóvenes Construyendo el Futuro) que ni siquiera tienen una relación laboral reconocida.
Según los responsables de la administración de la SECULT, a cargo de la directora Esther Hernández, esta figura permite brindar a los trabajadores seguridad social. Sin embargo, es altamente cuestionable que se dé en el marco de un ataque de conjunto a las condiciones laborales de las y los trabajadores y de presentar este “beneficio” como un eufemismo para encubrir la realidad de precarización que aqueja a la población trabajadora, en particular jóvenes, mujeres y adultos mayores.
La excusa, dicen los responsables de la subcontratación, es que contratar con plenos derechos laborales a los trabajadores implicaría el gasto de todo el presupuesto del programa. Recuerda las polémicas declaraciones de Esthela Damián, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México.
Nuevamente, el problema parecen ser los recursos que se vienen obteniendo de descargar peores condiciones y despidos sobre los trabajadores de abajo, y no sobre los sueldos de funcionarios altos y medios contra cuyos ingresos, supuestamente, atentaría la austeridad republicana.
Nos dicen que no hay dinero para garantizar estabilidad laboral, basificación y plenos derechos laborales para millones de mexicanos, pero el gobierno sigue pagando puntualmente la deuda externa, invierte billones de pesos en garantizar los planes de militarización exigidos por el gobierno estadounidense (como la inversión de 50 millones de dólares anunciada para Centroamérica o la militarización del país con la Guardia Nacional), y mantiene la condonación de impuestos a las grandes fortunas de empresarios que expolian nuestros recursos y se apropian de nuestro trabajo.
Además, según señala El Universal, la empresa mencionada, Lore Soluciones, ha recibido durante estos ocho meses de gobierno 25 contratos de subcontratación que superan los 588 millones de pesos por implementar outsourcing en diversas dependencias estatales como el Banco Nacional de Obras, el Instituto Nacional de Desarrollo Social y otras.
Desde la Agrupación de Trabajadores y Trabajadoras Estatales impulsamos la campaña #QueremosTrabajoDigno con decenas de adherentes en diversas dependencias estatales y programas sociales, para denunciar la precarización laboral y los despidos que este gobierno viene implementando desde inicios de año con la ”austeridad republicana”.
Nos hemos movilizado con bloqueos, mítines, jornadas culturales, brigadeos y asambleas para fortalecer la organización independiente de miles de trabajadores despedidos y amenazados con perder sus empleos, y denunciamos además el hostigamiento laboral y las represalias que hemos sufrido quienes nos organizamos contra los planes de este gobierno, que solo expresan la continuidad de las políticas neoliberales en el mundo del trabajo.
Te invitamos a organizarte con nosotros para exigir reconocimiento de nuestra relación laboral, basificación y el cese de los contratos simulados, así como un salario mínimo que cubra la canasta básica y aumente según la inflación, por el derecho a la libre organización y a la sindicalización y contra los despidos.
Búscanos en redes sociales y asiste a nuestra asamblea este 10 de agosto a las 16 horas en las instalaciones del SME (Insurgentes Norte No. 48, Colonia Tabacalera, cerca de Metro Revolución).
