La búsqueda de Abril, la nena de cinco años, desaparecida el sábado a la noche, terminó el lunes de la peor manera. La encontraron asesinada en un descampado. La primera hipótesis que manejó la fiscal fue el ajuste de cuentas, para luego pasar a culpar a los padres y terminar el derrotero en una estigmatización de la pobreza ligando a la familia a la venta de drogas. El factor común de todas las hipótesis fue nunca apuntar al Estado como responsable.
Miércoles 17 de enero de 2018 01:30
Durante más de 40 horas se buscó a Abril, una niña hija de trabajadores que cuidan autos en la zona del correo en pleno centro de la ciudad de Córdoba. La nena se encontraba desaparecida desde el sábado y su cuerpo fue encontrado sin vida y dentro de un bolso, en un terreno baldío a 10 cuadras de su casa.
La primera respuesta de la justicia, a través de la fiscal Cecilia Palacios, fue culpabilizar a la familia y ponerla en el ojo de la tormenta, tomando como hipótesis el ajuste de cuentas que implicaba a la familia en la venta de drogas.
Cristian Sosa, papá de Abril, declaró con la voz quebrada “Vendí (droga) al menudeo, para darle de comer a mis hijas”. Las palabras del padre que acababa de perder a su hija y que trataba de defender a su familia del ataque de la fiscal sobraban: si fuera narco sería rico y viviría en alguno de los muchos countries o barrios privados que rodean la periferia de la ciudad, y no en una de las zonas más vulnerables de un barrio popular como lo es General Bustos. Su mamá, Mayra Sidra, indignada declaró
“Buscaban drogas en vez de buscar a mi hija” y denunció que el trasfondo “narco”, en realidad “fue un invento” de quien ahora se encuentra detenido como principal acusado, y “lo hizo para que se centren en nosotros y no en él”. La justicia, con todos sus prejuicios, le hizo caso.
Así, a la estigmatización de la familia por ser pobres, luego de hallado el cuerpo de Abril le sobrevino un segundo intento de culpabilización: la fiscal Palacios muy suelta de cuerpo se despachó con un argumento muy utilizado por los genocidas durante la última dictadura, “Los padres tenemos que cuidar bien a nuestros hijos”. No es algo que sorprenda, ya lo habíamos escuchado de boca del entonces gobernador José Manuel De la Sota, quien al igual que los militares culpabilizó a las Madres del destino de los 30 mil desaparecidos.
“Yo no es que sea una mala madre, todos mis hijos juegan tranquilos”, tuvo que salir a responder nuevamente Mayra en medio de tanta tristeza.
No es una frase aislada, podemos recorrer distintos casos donde la justicia se encarga de condenar a las madres “por no haber cuidado a sus hijas”, como el caso de Celina Benítez, joven de 22 años e inmigrante, que habiendo sufrido también abuso sexual del femicida de su hija, fue la única acusada por el femicidio de su hija y condenada por “abandono de persona”. No hay que que irse muy lejos, también es la misma justicia de córdoba, patriarcal y misógina, que condeno a Dahyana Gorosito, de no haber cuidado a su bebé, por “omisión”, siendo que estaba recién parida en un descampado.
Entonces al igual que en todos los casos de femicidios, abusos sexuales o lo que vimos en el caso de Santiago Maldonado, la política del estado, apoyado en las construcciones de los medios de comunicación, es salir a estigmatizar y culpabilizar a las víctimas o a las familias de éstas. Una práctica habitual que tiene como primer objetivo dejar de lado y ocultar la responsabilidad estatal.
Los abusos sexuales a menores
Hacia fines del 2016, Unicef publicó las estadísticas de abusos sexuales a nivel mundial. Las cifras correspondientes a la Argentina reportan que una de cada cinco niñas fueron abusadas sexualmente, y uno de cada trece en el caso de los varones.
Una violencia que no cesa, femicidios y abusos sexuales siguen protagonizando la vida de las mujeres y las niñas. Y el responsable sigue siendo el Estado.
En Córdoba, hay que hacer una especie de arqueología para encontrar datos que puedan dar un mapa completo de la violencia contra las mujeres. Las últimas cifras publicadas por parte de la Oficina de Estadística y Enlace de la Policía Judicial de Córdoba son del 2016. Año tras año corroboran que afectan a la franja más vulnerable: el 49 % de los abusos corresponde a bebés, niñas y adolescentes hasta los 16 años.
Las víctimas, no solo deben padecer la violencia y el abuso sexual, sino además luchar contra un sistema policial y judicial que las revictimiza, no tomándoles las denuncias, burlándose o como en el caso de Abril, culpando a las familias o a las víctimas mismas.
Ni desde el Estado, ni desde los medios se habla de cuántas son las cadenas de violencia que a las mujeres nos regimentan el cuerpo, tampoco de la insistente denuncia de las trabajadoras del Polo Integral de la Mujer que afirman no tener las herramientas para poder abarcar la cantidad de denuncias que llegan a sus manos.
Tampoco se habla de los miserables 8 pesos que el Estado destina por cada una de nosotras en la Argentina para luchar contra la violencia de género. No se hace hincapié en los derechos de las niñas y los niños a tener una vida plena, digna, libre de violencias. No se habla de la falta de una educación sexual integral, de que en el país cada 28 horas es asesinada una mujer, solo por el hecho de serlo.
Mucho menos se habla de instituciones como la Iglesia, y las escandalosas denuncias de pedofilia que tiene en su haber. De la hipocresía de Bergoglio pidiendo disculpas en su visita a Chile, mientras en su misa desfila un obispo acusado de encubridor en casos de abusos de menores por parte de la iglesia chilena. De la hipocresía de una institución que pide disculpas por sus pedófilos mientras se opone al derecho al aborto legal seguro y gratuito, condenando a la muerte a cientos de mujeres pobres por año en nuestro país.
Es lo que las organizaciones de mujeres denuncian en cada movilización: “el Estado es responsable”. Pero los políticos oportunistas de turno se sacan fotos con el cartelito de #NiUnaMenos mientras desfinancian y vacían los ya de por sí magros planes para la protección de la mujer en situación de violencia. Los mismos que no declaran una Ley de emergencia de género, pero si se hace juicio sobre la rol de las madres frente al asesinato de una hija. Esa no es la justicia que queremos.
Justicia es que ninguna mujer, sea niña, adolescente o no, solo por el hecho de serlo pase por un abuso sexual; justicia es que ninguna este condenada a vivir bajo la violencia machista; es que no tenga que contar una menos todos los días; justicia es que no nos digan como tenemos que vestirnos, como tenemos que cuidar a nuestros hijos; justicia es que no haya más muertas por abortos clandestinos; justicia es que no cobremos un salario que nos sumerge día a día en la pobreza, y que nuestro género no este asociado al trabajo más precarizado y en negro, ni que tampoco este asociado a un salario siempre menor al del varón, nuestro compañero. Justicia, no es lo que hoy bajo este sistema se le llama a los que imparten leyes y llenan las cárceles de pobres.
Justicia será cuando vivamos "En un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres", como dijo Rosa Luxemburgo. Para eso necesitamos construir una fuerza social, que reúna a todos los sectores oprimidos y explotados bajo este sistema y luchar hasta conseguirlo.
