Violencia estatal. Caso Chano: esquivando balas y picanas o cómo lavarse las manos con la ley de salud mental

El que pega primero pega dos veces. Así fue que Sergio Berni, el mediático ministro de Seguridad de Axel Kicillof, decidió volver a disparar sobre los derechos de las personas con problemas de consumo y no contento con esto propuso las Taser como método de supuesta contención.

Queda por saber si el silencio de los principales referentes de los ministerios de Salud, tanto bonaerense como nacional, corresponde a interpretar lo sucedido como un hecho de seguridad y no de salud. No se han pronunciado, respecto a la situación de Chano, Daniel Gollan, Nicolás Kreplak y Carla Vizzotti. Tampoco dijo una palabra el habitualmente locuaz gobernador Axel Kicillof.

El comunicado oficial de la Subsecretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos, tiene la curiosa virtud de no decir nada sobre el hecho sucedido con Chano, ni tampoco pronunciarse sobre las respuestas represivas que propone el ministro Berni.

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A las declaraciones de Berni se sumaron otras, como la del precandidato a legislador del Frente de Todos Leandro Santoro que, siempre propenso al cambio de opinión, dijo que el ministro "Rambo" lo convenció de la importancia de la inversión en las pistolas Taser para las políticas de seguridad.

Mientras Patricia Bullrich, gran lobista de las Taser, debería estar festejando, las empresas de medicamentos y ciertos sectores de la medicina y la psiquiatría, aprovecharon la volada para atacar la ley nacional de Salud Mental sancionada en 2010, y que continúe siendo una declaración de buenas intenciones.

En declaraciones a C5N Calmels sigue sin pronunciarse sobre lo sucedido al popular cantante, ante preguntas puntuales sobre si la policía cumplió con el protocolo contestó “...el caso tiene complejidades...” “ ...se está analizando lo sucedido...” Si vemos toda la entrevista, el interés de la funcionaria es subrayar que la ley contempla la internación involuntaria de la persona en crisis.

Si tamaño atropello le sucede a un persona mediática en un barrio privado ¿qué pasa con las personas de los sectores populares?

Así ocurrió en Mar del Plata. Un hombre con problemas psiquiátricos tuvo una crisis. Su mamá pidió asistencia de una ambulancia. La respuesta policial: varias personas heridas con balas de goma.

El 26 de abril de 2019, y un joven de 30 años en un estado de crisis emocional aguda, ingresa a la casa de un vecino en Tres de Febrero, se encierra en un lavadero y se resguarda allí. La policía llega al lugar, viendo que no había ningún peligro, más que la propia vida de Jasi, ingresa violentamente al lavadero, y muelen a golpes a Sergio, a quién sacan a la vía pública.

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Hasta el momento, no se han reglamentado los aspectos más sobresalientes de la ley, que podrían mejorar y evitar los cientos de casos de violencia que ocurren contra las personas con padecimientos de salud mental. Casas de medio camino, equipos de urgencias capacitados para intervenir en casos de pacientes ambulatorios, hospitales de día y reconvertir los hospitales psiquiátricos en polivalentes, como prometía la sanción de la ley. Esta reconversión permitiría no perder camas en el sector público y ampliarlo para la comunidad, sin segregar a personas que deban recibir atención prolongada en salud mental.

En cambio, y así lo han demostrado estos últimos diez años, todos los gobiernos priorizan la "inversión" en las fuerzas de represión como política de Estado. También es una política de Estado la desinversión en salud, tal es así que los distintos gobiernos provinciales y el gobierno nacional, en vez de asignar recursos para fortalecer y aumentar la dotación de equipos multidisciplinarios para el abordaje de personas con problemas de salud mental, no han hecho más que recortar el presupuesto, mientras los trabajadores de la salud continúan precarizados.
La primera medida que se tendría que haber tomado con la pandemia es la centralización de los servicios de salud, incluídos los de salud mental para tener un manejo racional de los recursos materiales y humanos para afrontar las problemáticas que generaron en la salud mental las restricciones de la pandemia

Durante toda la pandemia esta política quedó dramáticamente expuesta. Por eso no sorprende el consenso por el cual tanto para el gobierno provincial y nacional, como los ministros que dirigen las fuerzas policiales, la situación de una persona con consumos problemáticos sea un problema de seguridad y no un problema de salud.

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