Ley de salud mental. Caso Chano: profesionales de la salud cuestionan cómo intervino el Estado

El 26 de julio, Santiago “Chano” Moreno Carpentier, cantante y exlíder de Tan Biónica, fue internado en la sala de terapia intensiva del Sanatorio Otamendi, luego de ser baleado por un policía bonaerense. Sobre lo ocurrido, la madre del cantante informa que ese día atravesaba una descompensación psicomotriz. Que nunca intentó agredir a nadie, como intenta justificar el abogado que defiende a Facundo Amendolara, el agente que le disparó.

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, defendió el accionar del agente de policía, y reiteró el pedido que los uniformados porten las Taser -un arma de electrochoque prohibida por ser letal-. El pedido de Berni recibió el apoyo inmediato de Patricia Bullrich, mientras el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta sostuvo que analizará su implementación. Berni, incluso, recibió el apoyo del precandidato a legislador del Frente de Todos, Leandro Santoro.

Sobre un problema de salud -como el que atraviesa Chano-, la voz cantante la tuvieron los representantes del ministerio de Seguridad, mientras que los funcionarios de la cartera de Salud, provincial o nacional, estuvo ausente. Una semana después de lo ocurrido con el cantante,Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental bonaerense, emitió un comunicado donde evitó hablar del policía que baleó a Chano.

Chano, el “brote” y el disparo policial: ¿y si hablamos en serio de salud mental?

La Izquierda Diario habló con profesionales de la salud mental sobre lo ocurrido con Chano. Consultamos sus opiniones sobre cómo se deberían resolver casos de urgencias subjetivas desde el equipo de salud; cómo se deberían abordar los casos de consumos problemáticos, y sus opiniones sobre el uso de las Taser, como proponen funcionarios, candidatos y referentes del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

-“La Ley Nacional de Salud Mental fue sancionada el 2 de diciembre de 2010. Es decir, hubo seis años de gobierno Kirchnerista y cuatro años de Macrismo”.

Enrique Carpintero, psicoanalista y director de la Revista Topia, sostuvo que como se ha escrito mucho sobre el músico Santiago “Chano” Moreno Charpentier, prefería puntualizar algunas cuestiones.

En primer lugar afirmó “este episodio de violencia policial contra una persona que tiene una crisis psicótica o por consumo problemático de drogas es una situación cotidiana. En general no trasciende ya que quien lo padece no es conocido. Por otro lado, esto ocurre -al contrario de lo que piensan algunos psiquiatras de la corporación médica- porque no se aplica la Ley de Salud Mental que, como toda Ley, requiere algunas modificaciones”.

Carpintero señala algunos de los fundamentos básicos de porqué no se aplica la ley: “El lobby que hacen las empresas de medicina privada, los laboratorios y los burócratas sindicales que defienden sus ganancias con las obras sociales. Su interés son las internaciones a largo plazo en instituciones privadas y la venta de medicamentos. Es decir, para la psiquiatría neopositivista hegemónica el padecimiento psíquico es exclusivamente biológico y su tratamiento es psicofarmacológico acompañado de algún abordaje cognitivo. Su resultado es la medicalización de los abordajes sintomáticos y no un tratamiento donde la medicación forma parte de un trabajo en un equipo interdisciplinario al dar cuenta de una subjetividad anudada en los espacios psíquico, orgánico y cultural.

A su vez destaca que la Ley Nacional de Salud Mental “fue sancionada el 2 de diciembre de 2010. Es decir, hubo seis años de gobierno Kirchnerista y cuatro años de Macrismo. Ninguno de estos gobiernos tuvo la decisión política de implementarla y mucho menos aumentar el presupuesto en Salud Mental. En esto no hubo grieta. Su resultado es que el campo de la Salud Mental está en un “limbo” legal en la que los funcionarios de Salud Mental juegan que la respetan y lo que la cuestionan le atribuyen todos los problemas que aparecen. Los avances parciales que se produjeron en este tiempo fue producto de la lucha de los profesionales y los usuarios que generaron espacios de trabajo interdisciplinario, comunitario y de defensa de los Derechos Humanos de los pacientes”.

El director de la Revista y la Editorial Topia subraya las consecuencias de esta situación que se manifiesta en que “existan muy pocos espacios de estructuras intermedias entre la comunidad y los Hospitales y Centros de Salud Mental: Centros comunitarios, Casa de medio camino, Hospitales de Día, de Noche, intervenciones domiciliarias, etc. Lo que encontramos en general es la intervención de un psiquiatra cuyo único recurso es la medicación, una internación o llamar a las fuerzas policiales (como en la situación de “Chano”)”.

Como en algunos medios de comunicación, se insistió en que la ley prohíbe la internaciones psiquiátricas sin el consentimiento del paciente, Carpintero fue categórico en su respuesta: “Aclaremos, la internación está permitida por la Ley de Salud Mental en situaciones de riesgo para sí o para terceros avalada por un equipo interdisciplinario y la familia con la intervención de un juez”, y agrega “recordemos que el año 2020 era el año donde finalizaban las estructuras monovalentes reemplazadas por propuestas alternativas a los manicomios; las internaciones a corto plazo se tenían que realizar en los hospitales generales. Nada se hizo para que esto se lograra”.

Sobre la que dio, entre otros, el ministro de Seguridad del gobierno de Axel Kicillof, sostuvo: “Seamos claros: hablar si se reprime con una bala o con una pistola Taser es volver a poner el eje en la violencia contra la locura. Es seguir sosteniendo la estigmatización de que el loco es peligroso y, por lo tanto, se lo debe reprimir. Ya que las Taser no son armas no letales. Una estadística de Amnistía Internacional en EEUU durante los años 2000-2007 muestran que hubo 337 personas muertas por pistolas Taser en ese período. De ellas solo 34 portaban armas y solo 4 eran de fuego. Es decir, el 90% por ciento de las personas murieron desarmadas. En esta propuesta tanto Sergio Berni, ministro de seguridad de Kicillof, como Patricia Bulrich, presidenta del PRO, coinciden con los prejuicios de una parte de la población: hay que reprimir al loco. Para ambos no hay grieta”.

Para finalizar, Carpintero dio una importante visión global de cómo asistir a las personas que padecen de consumos compulsivos. “En el abordaje de consumos problemáticos tampoco se cumple con la Ley Nacional de Salud Mental y se prioriza la represión y la estigmatización del paciente que consume. En este tema convergen una serie de problemáticas cuya complejidad hay que dar cuenta. La contradicción de un capitalismo centrado en producir una cultura del consumismo que genera una pobreza del 50% de la población cuyas condiciones de vida psicosociales llevan a la precariedad. Además, la ausencia de intervenciones político-sanitarias como instrumento de inclusión y el agravamiento político-social de las situaciones de comercialización y tráfico de sustancias. Su resultado es el incremento de la población carcelaria condenada por delitos de consumo y tráfico y la estigmatización de aquel que padece problemas de consumo de drogas al encerrarlo en Comunidades Terapéuticas cuyo tratamiento se transforma en un verdadero oxímoron”.

El reconocido psicoanalista sostiene que: “Las personas con una problemática de drogas ilegales y legales (Argentina está entre los primeros países del mundo en el consumo de psicofármacos no recetados) tienen derechos y garantías que se establecen en la Ley de Salud Mental. Esta propone un nuevo paradigma amparado en una visión ética y de respeto de los derechos humanos de acceso a la salud planteando la prevención, asistencia y la integración social. Como venimos afirmando, su aplicación parcial, ya que el centro de esta problemática está en la represión, anula la grieta entre los gobiernos kirchneristas y macristas”.

“Por todo lo que vengo planteando hay que tener en cuenta que para oponerse al poder privado es necesario que el Estado sostenga la salud pública desarrollando una política universalista de seguridad social con la participación de equipos interdisciplinarios, los usuarios y los trabajadores que garanticen el derecho a la salud para el conjunto de la población. Para ello debe asignar un presupuesto adecuado para dar una cobertura de Salud a todos los ciudadanos independientemente de sus posibilidades económicas y que los profesionales cobren un sueldo acorde con la práctica que realizan. Si esto no se realiza, se pueden arreglar los manicomios, cerrarlos para hacer tratamientos ambulatorios. Pero mientras el poder lo tengan los monopolios privados la hegemonía neopositivista llevará a reemplazar el encierro por los chalecos químicos”, concluye Enrique Carpinero.

-“Desde la voz de “alto” que anuncia el desastre ya se ve lo lejos que se está de aquello de lo que se está tratando en la situación, para poder intervenir de manera adecuada”

Alejandra Saranitte, licenciada en Psicología, sostuvo que es muy lamentable lo que ocurrió, “es inadmisible que alguien en una situación límite, en la que requiere ayuda y atención termine recibiendo un balazo”.

Para la licenciada, en los casos como los atravesados por el cantante, “no se trata de un episodio que se resuelva con la intervención de la policía y si es llamada a intervenir (a veces pasa que por distintas razones en lugar de a la urgencia psiquiátrica se llama a la policía) obviamente no es esperable que lo haga de este modo”.

Agrega, frente a los dichos por la defensa del agente, que “desde la voz de “alto” que anuncia el desastre ya se ve lo lejos que se está de aquello de lo que se está tratando en la situación, para poder intervenir de manera adecuada”.

“Este hecho pone nuevamente en vigencia el debate que venimos sosteniendo hace tiempo desde diferentes lugares acerca de la implementación de la Ley de Salud Mental”.

Saranitte concluye: “Es necesario seguir discutiendo y reclamando para que se reglamenten y establezcan recursos ya enunciados en la ley a fin de que se efectivice un mejor acceso y tratamiento a los diferentes padecimientos subjetivos. En lo que hace a las adicciones que a veces aparece menos integrada a este conjunto (por distintas variables que se juegan al leer y entender esta problemática), este acceso es más complicado aún”.

-“No hay ni recursos, y menos intención política de cumplir con la ley de salud mental”

Carlos Barzani, psicoanalista, integrante del comité editorial de la Revista Topia y secretario en el gremio Cicop, de la seccional Hospital Belgrano, sostiene que el caso Chano “desnuda la situación en la que se encuentra el sistema de salud mental. Con una ley que hace diez años está en los papeles, pero no es cumplida ni por el sector privado como tampoco el público”.

El psicoanalista subraya, que “hay declamaciones sobre la ley, pero los recursos no están. Sin ir más lejos, todos los recursos intermedios que deberían haber para reemplazar los ‘manicomios’, no existen”, y agrega que se necesita “casas de medio camino, hospitales de día, dispositivos donde trabajar con las y los pacientes, por fuera de una internación”.

Además, asegura que “no hay recursos genuinos para hacer frente a la crisis que hace años atraviesa la atención en salud mental. No hay ni recursos, y menos intención política de cumplir con la ley de salud mental”.

En otras palabras, Barzani sostiene que para abordar los casos de descompensación psicomotriz “se necesita un equipo interdisciplinario. Un psiquiatra solo no puede intervenir en estas situaciones de crisis”.

“Ese equipo tiene que estar conformado por psiquiatras, psicólogos, enfermeros, asistentes sociales, incluso una abogada, abogado. Trabajé muchos años en adicciones, y es muy importante también contar con un abogado”.

En casos de emergencia subjetiva “primero se interviene desde la palabra, pero cuando esto no alcanza, se recurre a la medicación. Y en última, última instancia, se recurre a una contención física. Pero la contención no es con una Taser, ni armas de plomo, ni ningún tipo de violencia. Justamente, la contención física apunta a no dañar ni al paciente ni que dañe a otros. Pero para esto hace falta formación”.

Para Barzani, la discusión de las Taser es tirar la pelota afuera. “El poder político no se hace cargo de poner todos los recursos que requiere implementar la ley de salud mental. Se requiere que tanto en el ámbito público, como en el privado, de las obras sociales y prepagas, cuenten con equipos con formación para intervenir en estos casos”.

Para finalizar, sostiene que el abordaje de consumo problemático, “desde mi perspectiva, tiene que ser igual que las otras problemáticas de salud mental, con equipos interdisciplinarios. El abordaje grupal entre pares, debería ser el privilegiado. Acompañado con los grupos para las familias, amigos y los vínculos cercanos de las personas que están bajo tratamiento", agrega que "el hospital de día es fundamental para sostener el tratamiento, que requiere más tiempo que una sesión semanal".

-“Una ley de salud mental que falta reglamentar, implementar, precisar”

Francisco Gnecco, psicoanalista, si bien afirmó que conoce por arriba el caso Chano, sostuvo: “Pero creo que tiene que ver con muchas cuestiones que ocurren, recurrentemente, en nuestro país: una ley de salud mental que falta reglamentar, implementar, precisar. Un sistema de salud desfinanciado, falencias de coordinación, capacitación”.

-Taser: “Es tremendo, invierten en eso en vez de en recursos de salud. Se vuelve atrás, a la idea del encierro, del manicomio. Se vuelve a años y años atrás”

Marina, licenciada en psicología del Hospital Elizalde, afirmó que “hay que hacer una capacitación más general en la población, porque sobre el caso Chano, todos opinan. Pero hay que poder hablar de las problemáticas de salud mental”. Afirmó que “falta capacitación al personal de salud para abordar problemáticas de consumo. Hay poco personal capacitado. Tiene que haber dispositivos intermedios que intervengan en estos casos”.

Además, Marina reiteró el reclamo que hacen muchos profesionales de la salud mental: “No hay instituciones para el trabajo con personas que consumen, si pensamos la población infantojuvenil, hay un montón de hospitales que dicen que no tienen las herramientas para trabajar con estas problemáticas y los pacientes no terminan de ser admitidos. Así debe pasar en montón de hospitales generales, no hay muchas instituciones del Estado terapéutico, que puedan alojar estas problemáticas”. Subrayó: “No hay abordaje posible si no hay recursos”.

En relación a las Taser, la psicóloga del hospital infantojuvenil, dice que le parece una locura. "Es tremendo, invierten en eso en vez de en recursos de salud. Se vuelve atrás, a la idea del encierro, del manicomio. Se vuelve a años y años atrás.

-“Lo de las Taser y la represión, ¡es de terror!”

Nicolás Pedregal, licenciado en psicología, integrante del equipo Eatip, sobre las internaciones involuntarias sostuvo “está muy gris en la práctica, pero lo de las Taser y la represión, ¡es de terror!

“En Australia concluyeron que las dejaban de usar porque, al tratarse “ de armas no mortales” -aunque está comprobado de los contrario- la Policía las usaba muchísimo más que si tenían que decidir si desenfundar un arma de fuego”.