Represión. Caso Chocobar: ofensiva reaccionaria del Gobierno y La Nación a favor del gatillo fácil

Luego de varios días de críticas al presidente Macri por haber recibido al policía Luis Chocobar, el gobierno salió a responder políticamente. Lo hizo por medios de declaraciones del jefe de Gabinete, Marcos Peña, pero también de la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich.

Intentan, con sus declaraciones, instalar una agenda política reaccionaria que avale el gatillo fácil abiertamente y prepare las condiciones para una represión abierta a escala social.

Este giro político está acompañado por el diario La Nación que, en su edición de este martes, lanzó un editorial también destinado a defender el accionar de Chocobar.

En ese editorial se lee, entre otras cosas, que “algunas organizaciones vinculadas con los derechos humanos y con la lucha contra la represión policial y parte de la Justicia criticaron ese apoyo político (de Macri a Chocobar, NdR). Sin dudas, fue una señal clara del Gobierno hacia el falso garantismo de algunos jueces que privilegian los derechos de los victimarios por sobre los de las víctimas”.

Buscando reivindicar el accionar del policía que cometió gatillo fácil, el diario de Mitre y Saguier se pregunta “¿Qué habría pasado si Chocobar, en vez de intervenir dando la voz de alto, hubiese seguido de largo, total no estaba de servicio? ¿No estaríamos acusándolo de incumplimiento de los deberes de funcionario público? ¿Cuál es el mensaje que reciben de una parte de la Justicia las fuerzas de seguridad respecto de interceder o no en un hecho delictivo?”

A la pregunta se podría contestar con otra. ¿Cuál es el mensaje que reciben esos mismos efectivos de parte del gobierno nacional? La respuesta es sencilla. Un mensaje de impunidad.

Como afirmó la legisladora del PTS-Frente de Izquierda Myriam Bregman, “Bullrich quiere transformar el gatillo fácil en doctrina”.

La nota de La Nación hace además una defensa cerrada de la represión que tuvo lugar en diciembre pasado, en el marco de la votación de la reaccionaria reforma previsional.

Se lee que “a fines del año pasado, la jueza en lo Contencioso de la Capital Patricia López Vergara prohibió que las fuerzas de seguridad fueran armadas o que, incluso, usasen gases lacrimógenos durante la marcha que diversas organizaciones piqueteras y políticas realizaron en los alrededores del Congreso contra la reforma previsional. ¿Cómo podía saber de antemano esa jueza que allí no se iba a cometer ningún delito grave? ¿Acaso no fue gravísimo haber dejado desarmada a la policía porteña, que soportó el artero y sangriento ataque de una horda de inadaptados que la apedreó durante horas y horas? (…) ¿Cuál es el mensaje que da la Justicia cuando libera a todos los detenidos apenas pasadas unas horas de los ataques?”.

Adoptando un aire ceremonioso, desde la gerencia de La Nación se procede a pedir “un debate serio sobre cuál debe ser el proceder de las fuerzas de seguridad en cada uno de los casos que se le presenten y respetarlas como la autoridad que son”.

Con estas líneas escritas en uno de los medios que defienden abiertamente los intereses del gran empresariado, las declaraciones brutales de la ministra Bullrich no deberían sorprender.

Ya en las primeras horas de la mañana, la ministra -en una entrevista con Ernesto Tenembaum, en Radio Con Vos- afirmó que "los jueces que hagan lo que quieran, nosotros como política pública vamos a ir en defensa de los policías".

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Allí también señaló que “el presidente y desde nuestro gobierno avalamos la acción del Chocobar”. Es decir, ratificó una política que busca garantizar la impunidad de las fuerzas represivas del Estado en todo contexto.

La misma impunidad que se busca para los prefectos que participaron en el asesinato del joven Rafael Nahuel (Villa Mascardi) y para los gendarmes que actuaron en la represión tras la cual desapareció Santiago Maldonado.

Es necesario impedir que se consume la impunidad del accionar represivo de los efectivos de las fuerzas de seguridad.